Antoni Costa, vicepresidente del Govern y ministro de Economía, Hacienda e Innovación, señaló esta tarde a La Voz de Ibiza que la medida que ha llevado la administración de Francesc Antich, que desclasificaba suelos urbanizables, ya «acumula más de 400 millones en sentencias y que salen de los bolsillos de los baleares».
El pasado día miércoles, el Tribunal Supremo confirmó que el Govern deberá pagar 96 millones de euros a una empresa de Matthias Kühn por la desclasificación de los terrenos de la urbanización Muleta II en Port de Sóller.
Costa arremetió contra los «políticos irresponsables» que en años anteriores han tomado decisiones nefastas que «hacen un agujero enorme a las arcas de la Comunidad Autonóma» y añadió que la sentencia no es algo que sorprenda porque “lamentablemente ya son 400 millones de euros los pagos derivados de las sentencias urbanísticas de la Ley del 2008”.
Durante la jornada, Costa ha remarcado que al momento en que la izquierda aprobó esta normativa que desclasificaba varias propiedades, se les advirtió a los líderes de ese entonces que «habría indemnizaciones millonarias porque se desclasificaban terrenos que ya estaban urbanizados pero «no hubo forma de hacerles entender».
El caso Kühn
El Tribunal Supremo explicó que en 2010 se finalizó un procedimiento con un acuerdo transaccional que reconoció el carácter urbano de ciertos terrenos. Sin embargo, la aprobación de la Ley 12/2017 reclasificó nuevamente estos terrenos como suelo rústico protegido, lo que imposibilitó su reincorporación como suelo urbano al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sóller.
El conflicto se inició en 2010, finalizó 14 años después y la sentencia reciente confirmó la procedencia del pago de una indemnización debido a esta imposibilidad de desarrollo, a pesar de haber sido reconocidos como urbanos anteriormente. Ahora, el Tribunal Supremo ha ordenado el pago de la indemnización en un plazo de dos meses, y la Comunidad deberá asumir los costos del incidente.
