El debate sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026 ha entrado ya en su fase decisiva tras la propuesta presentada por el Gobierno, que ha generado posiciones enfrentadas entre los agentes sociales. A poco más de una semana de la primera gran cita negociadora del año, sindicatos, patronal y el Ministerio de Trabajo y Economía Social ultiman cifras y condiciones en torno a uno de los indicadores laborales más relevantes para millones de trabajadores en España.
La propuesta del Ejecutivo plantea un incremento del SMI del 3,1 % para 2026, hasta los 1.221 euros brutos al mes por 14 pagas, manteniéndolo exento de tributación en el IRPF y con aplicación retroactiva desde el 1 de enero una vez se apruebe. Esta cifra supera claramente la posición de las organizaciones empresariales, que han ofrecido un aumento del 1,5 % hasta los 1.202 €, y se sitúa por debajo de la reivindicación sindical, que aboga por una subida del 7,5 %.
La negociación formal entre las partes sigue marcada en rojo en las agendas. El Ministerio ha convocado a los principales agentes sociales (CCOO, UGT, CEOE y Cepyme) para el próximo viernes 16 de enero a las 09.00 horas, con el objetivo de avanzar en la actualización del SMI y tratar de alcanzar un consenso. Según fuentes sindicales consultadas por Europa Press, ese encuentro será clave para definir si la subida propuesta por el Gobierno encuentra respaldo suficiente o si habrá que replantear las cifras.
Gobierno y comité de expertos: una subida moderada
En la última reunión entre representantes sindicales, empresariales y el Ejecutivo, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, fue el encargado de presentar la oferta oficial del Gobierno. Su propuesta de subir el SMI un 3,1 % en 2026 hasta los 1.221 € mensuales por 14 pagas, sin tributación en el IRPF, representa un incremento de 37 euros al mes respecto a los 1.184 € del SMI vigente en 2025.
Esta propuesta se alinea con las recomendaciones del Comité de Expertos que asesora al Gobierno, que había sugerido un aumento de esa misma magnitud si el salario mínimo continuaba exento de tributación, o un 4,7 % si se optaba por que pasara a tributar. La opción elegida finalmente mantiene la exención fiscal, algo que el propio Ministerio de Trabajo ha consensuado con Hacienda.
Para atraer a la patronal a un acuerdo más amplio, el Ministerio también ha planteado estudiar “seriamente” reglas de “relajación de la Ley de Desindexación en los contratos públicos”, una medida que tanto sindicatos como empresarios habían defendido en los últimos años. Este punto se incluiría en una negociación más amplia que afectaría no solo al SMI, sino también al entorno de contratación pública y condiciones laborales.
Sindicatos: por encima de la inflación y con objetivos sociales
Los sindicatos CCOO y UGT han valorado positivamente que la propuesta del Gobierno sitúe el aumento por encima de la inflación media prevista para 2025 (2,7 %). Según las fuentes obreras, esto permitiría “cubrir el incremento del coste de vida” y caminar hacia el objetivo de garantizar que el salario mínimo alcance al menos el 60 % del salario medio neto, tal como recomienda la Carta Social Europea.
Sin embargo, las organizaciones sindicales reclaman una subida mayor del 7,5 % y también han planteado la reforma de las reglas de compensación y absorción para que la subida no quede diluida por los complementos salariales. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado que los sindicatos no renunciarán a abordar esta reforma y que considera vital que la nueva regulación vaya al Consejo de Ministros el mismo día en que se apruebe el nuevo importe del SMI, aunque su entrada en vigor pueda darse después por cuestiones administrativas.
Además, Trabajo explorará con otros ministerios competentes un acuerdo “para relajar las reglas de desindexación en algunos casos de condiciones de trabajo”. Este diálogo social tripartido también forma parte de la transposición de la Directiva Europea de Salarios Mínimos al ordenamiento jurídico español.
Patronal: cautela y decisión en la junta directiva
La reacción de la patronal ante la propuesta del Gobierno ha sido más cauta. Aunque CEOE y Cepyme no han adelantado una posición clara, desde el Ministerio y desde los sindicatos han valorado su actitud como “propositiva” en las conversaciones previas, lo que ha generado cierto optimismo entre las partes oficiales.
Según fuentes empresariales citadas por Europa Press, la posición definitiva de la CEOE dependerá de cómo aborde la cuestión durante la reunión del próximo viernes y será debatida en profundidad en la Junta Directiva de la patronal del 19 de enero. Si la patronal se suma al acuerdo, la subida del SMI planteada por el Ejecutivo (del 3,1 %) sería el doble de la ofrecida inicialmente por las organizaciones empresariales, que proponían un incremento del 1,5 % hasta los 1.202 € brutos al mes.
Esta disparidad de cifras refleja la dificultad de conciliar los intereses de trabajadores, empresas y el propio Gobierno en una cuestión delicada que afecta a millones de asalariados y a la competitividad empresarial.
SMI 2025: un contexto para la negociación
El SMI de 2026 arranca tras un 2025 en el que la cuantía se situó en 1.184 euros al mes por 14 pagas, tras un aumento del 4,4 % acordado con CCOO y UGT y aprobado en febrero de 2025 con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Este incremento supuso 50 euros más que la cuantía fijada para 2024 y fue el resultado de un acuerdo entre Trabajo y los sindicatos, sin el respaldo de la patronal.
Esa falta de consenso empresarial no es algo nuevo: fue la quinta ocasión consecutiva en la que CEOE y Cepyme no respaldaron la subida del salario mínimo. La última vez que lo hicieron fue en 2020, cuando el SMI pasó de 900 a 950 euros mensuales.
El Ministerio de Trabajo, por su parte, no está obligado legalmente a negociar el incremento del SMI, sino únicamente a realizar consultas con los agentes sociales. Aun así, el Ejecutivo ha optado por mantener el diálogo en busca de un acuerdo que cuente con el mayor apoyo posible y dar estabilidad a una medida de gran impacto social y económico.
