Para 2026, la edad ordinaria de jubilación en España variará según la cotización acumulada por cada trabajador a lo largo de su vida laboral. Si una persona ha cotizado al menos 38 años y tres meses, podrá jubilarse a los 65 años.
En cambio, quienes no alcanzan ese mínimo verán incrementada su edad de retiro a 66 años y 10 meses —dos meses más que en 2025—, según lo previsto en un calendario de aplicación progresiva derivado de la reforma de pensiones de 2011, regulada en la disposición transitoria séptima de la Seguridad Social.
Así, coexisten actualmente en España dos edades distintas de jubilación: la más temprana, para quienes acreditan años suficientes de cotización; y la tardía, para quienes no alcanzan ese umbral.
Por qué sube la edad de jubilación en 2026
La modificación responde a la entrada en vigor progresiva de la reforma de 2011, diseñada para hacer el sistema más sostenible ante el envejecimiento de la población. Dicha reforma estableció que la edad legal de retiro se incrementaría paulatinamente hasta los 67 años para quienes no logren alcanzar la cotización exigida.
De este modo, la edad de jubilación depende ya no solo de la edad del trabajador, sino también del historial de cotización —cuántos años aportó a la Seguridad Social—, lo que introduce una doble variable en el cálculo de la pensión.
Esta dualidad pretende incentivar carreras largas y continuadas, aunque también supone que quienes han sufrido interrupciones laborales prolongadas —por paro, trabajo precario o periodos fuera del sistema contributivo— verán retrasado su retiro.
Impacto sobre la jubilación anticipada
El cambio de edad ordinaria de jubilación tiene efectos directos sobre la jubilación anticipada. En 2026, según los nuevos requisitos:
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La jubilación anticipada voluntaria será posible desde los 63 años si se acreditan 38 años y tres meses cotizados, o desde los 64 años y diez meses si no se alcanza esa cotización mínima —pues el adelanto máximo permitido es de dos años.
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La jubilación anticipada involuntaria, derivada de despido o extinción de contrato no imputable al trabajador, rebasa cuatro años de adelanto respecto a la edad ordinaria: por lo tanto, será desde los 61 años (con cotización suficiente) o desde los 62 años y diez meses (si no se alcanza la cotización requerida).
Estos nuevos umbrales endurecen las condiciones de salida anticipada al mercado laboral, lo que podría afectar especialmente a quienes trabajan en sectores con mayor precariedad o a quienes hayan tenido trayectorias discontinuas.
Un cambio silencioso con efectos muy reales
Muchas de estas modificaciones pasan desapercibidas para el ciudadano medio, pero su incidencia es decisiva en la planificación de la jubilación. La coexistencia de dos edades legales distintas genera desigualdades entre pensionistas potenciales: quienes han cotizado de forma continuada y quienes han tenido periodos interrumpidos.
Además, el aumento de la edad de jubilación ordinaria para parte de la población podría tensar aún más la relación entre empleo, salud y capacidad de trabajo en edades avanzadas. Para algunos trabajadores, el retraso significa trabajar aún en condiciones duras o con ingresos ajustados hasta una edad más avanzada.
¿Qué supone para los que aún están activos?
Para quienes planean jubilarse en 2026 o en los próximos años, conviene revisar con detalle su historial de cotizaciones y calcular si alcanzan los 38 años y tres meses exigidos para jubilarse a los 65.
Quienes se queden por debajo de ese umbral deben prepararse para trabajar dos meses más —o para replantear su jubilación anticipada, si cumplen las condiciones—. Este ajuste puede cambiar no solo los planes de retiro, sino también decisiones sobre carrera profesional, ahorro, salud o conciliación.
Por su parte, la Seguridad Social mantiene los criterios establecidos en la reforma de 2011, con un calendario que se alarga hasta 2027, cuando la edad de jubilación ordinaria alcance los 67 años para quienes no cumplan los requisitos de cotización.
Un sistema que busca equilibrio, pero deja preguntas abiertas
La reforma apunta a asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones en un contexto demográfico complejo, con población envejecida y un mercado laboral cada vez más inestable. Sin embargo, la dualidad de edades de jubilación plantea dudas sobre la equidad: ¿es justo que dos personas de la misma edad se jubilen en momentos distintos por culpa de interrupciones laborales?
La respuesta dependerá en parte de cómo evolucione el mercado de trabajo, la calidad del empleo, la continuidad de las cotizaciones y las políticas de empleo futuro. Pero lo cierto es que, desde 2026, muchos trabajadores tendrán que replantearse el retiro con más años que antes.
Con los cambios ya en marcha, la nueva regulación de la jubilación en 2026 dibuja un escenario de incertidumbre para buena parte de la población activa, y obliga a planificar con antelación un aspecto clave de la vida laboral: el momento de dejar de trabajar.
