La investigación sobre el rescate público concedido a Plus Ultra sumó un nuevo capítulo de enorme impacto político y judicial. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado en la causa que instruye la Audiencia Nacional por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental vinculados al destino de los 53 millones de euros entregados a la aerolínea tras la pandemia.
La decisión fue adoptada por el juez José Luis Calama, titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que desde hace meses investiga el presunto lavado de dinero relacionado con el rescate público a la compañía aérea. El magistrado citó a declarar al exlíder socialista el próximo 2 de junio en una causa que permanece bajo fuerte atención pública y política debido a la dimensión de los investigados y al alcance internacional de las pesquisas.
Además de la imputación, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional realizó registros este martes en la oficina de Zapatero, en la empresa de sus hijas y en otras dos mercantiles relacionadas con la investigación. También se solicitaron datos e información a organismos públicos como la SEPI.
Una investigación que comenzó por alertas internacionales
La causa se remonta a las investigaciones iniciadas en 2024 por la Fiscalía Anticorrupción que dirige el fiscal de Sala Alejandro Luzón. El foco inicial estuvo puesto en el paradero de parte del dinero correspondiente al rescate público otorgado a Plus Ultra, después de que llegaran peticiones de información procedentes de Suiza y Francia relacionadas con presuntas operaciones de blanqueo de capitales.
A finales de 2025, el asunto fue judicializado en Madrid y quedó bajo la órbita de la Audiencia Nacional. Uno de los momentos más relevantes de la investigación ocurrió el 11 de diciembre, cuando la UDEF registró la sede de Plus Ultra y detuvo tanto al presidente de la compañía, Julio Martínez, como al consejero delegado Roberto Roselli. En paralelo, los agentes también registraron las empresas de un empresario alicantino llamado Julio Martínez Martínez, que hasta entonces permanecía prácticamente fuera del foco mediático.
La relación entre Zapatero y Julio Martínez Martínez
La investigación puso especial atención sobre la relación empresarial y personal entre Zapatero y Julio Martínez Martínez. Según la información conocida, ambos compartían vínculos cercanos desde hacía años y mantenían negocios en común.
Martínez Martínez creó en febrero de 2020 la consultora Análisis Relevante S.L., empresa que facturaba servicios a Plus Ultra y que, a su vez, realizaba pagos al expresidente por supuestas tareas de “consultoría global”. En el origen de esta sociedad también aparecía vinculado Sergio Sánchez, exalto cargo del CNI y directivo de Movistar+, además de colaborador cercano de Javier de Paz, alto cargo de Telefónica y amigo personal de Zapatero.
Fuentes con conocimiento sobre la creación de la empresa explicaron que la idea inicial de la constitución habría sido compartida entre Martínez Martínez, Javier de Paz, Sergio Sánchez y el propio Zapatero, aunque finalmente solo Martínez y Sánchez quedaron formalmente integrados en la estructura societaria.
Los pagos investigados por la Audiencia Nacional
Uno de los aspectos centrales de la causa pasa por el flujo de dinero entre Plus Ultra, la consultora y el expresidente. Según consta en la investigación, Análisis Relevante S.L. habría cobrado aproximadamente 460.000 euros de Plus Ultra durante un período de cinco años.
Fuentes de la compañía explicaron que Julio Martínez Martínez fue contratado como “conseguidor” en Venezuela y que se ocupaba de gestionar cuestiones relacionadas con combustible, permisos de vuelo y deudas. A su vez, Zapatero recibió una cantidad similar procedente de esa misma consultora.
El expresidente reconoció públicamente tanto en el Senado como en distintas entrevistas que realizó trabajos de consultoría para diferentes empresas y admitió haber cobrado más de 400.000 euros durante cinco años. También explicó que fue él quien propuso que la empresa de marketing de sus hijas trabajara en la maquetación de esos informes de consultoría.
El contrato que complica la investigación
Uno de los elementos que más preocupa dentro de la causa judicial es la existencia de un contrato entre Plus Ultra y Julio Martínez Martínez. Según fuentes jurídicas citadas en la investigación, el documento contemplaría el pago de una comisión del 1% si finalmente el Gobierno concedía la ayuda pública de 53 millones de euros a la aerolínea. Ese contrato habría sido firmado y localizado en los ordenadores que la UDEF incautó durante los registros realizados en las oficinas de Martínez Martínez.
La aparición de ese documento complejiza el escenario judicial de la investigación y alimenta las sospechas sobre el papel desempeñado por distintos actores vinculados al rescate. Pese a ello, Zapatero siempre negó haber realizado presiones para favorecer la aprobación de la ayuda pública a Plus Ultra.
Una causa bajo secreto durante meses
La investigación permaneció bajo secreto de sumario durante varios meses mientras la Audiencia Nacional avanzaba con la recopilación de pruebas y declaraciones. Ahora, el juez José Luis Calama decidió levantar parcialmente ese secreto, lo que permitió conocer algunos detalles relevantes sobre el estado actual de la causa.
Entre los investigados aparecen el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el consejero delegado Roberto Roselli; el abogado de la compañía Santiago Fernández Lena; otro abogado madrileño; un banquero peruano llamado Luis Felipe Baca y el propio Zapatero.
El impacto político del caso
La imputación de un expresidente del Gobierno en una causa vinculada con corrupción supone un hecho de enorme trascendencia institucional. Según la información conocida hasta el momento, se trata de la primera vez en democracia que un antiguo jefe del Ejecutivo español queda investigado formalmente en una causa de estas características.
El caso Plus Ultra llevaba años generando controversia política debido al rescate concedido por el Gobierno durante la pandemia y a los vínculos empresariales de la aerolínea con Venezuela. Ahora, la investigación judicial da un salto todavía mayor tras la imputación de Zapatero y el avance de las diligencias impulsadas por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.
Mientras la causa continúa avanzando y la UDEF sigue analizando documentación incautada en los registros, el foco político y judicial permanece completamente concentrado sobre el exmandatario socialista y las conexiones empresariales bajo sospecha.
