El conflicto entre una gran multinacional y uno de sus empleados veteranos ha terminado con un desenlace inesperado y millonario. Un abogado con más de tres décadas de trayectoria en Mapfre ha sido indemnizado con 1.150.000 euros tras ser despedido poco después de denunciar un presunto caso de nepotismo en una sociedad participada por la aseguradora. El caso, que iba a resolverse en los tribunales, se cerró con un acuerdo minutos antes de la vista, pero ha reavivado el debate sobre la protección de los denunciantes en España.
El origen del conflicto se sitúa en una denuncia presentada a comienzos de 2025. El trabajador, que llevaba más de 30 años en la compañía como abogado, utilizó el canal interno para alertar de un supuesto caso de trato de favor en una sociedad público-privada vinculada al Ayuntamiento de Alcalá de Henares y a una filial de Mapfre.
El propio denunciante explicó su situación durante un acto celebrado el 9 de diciembre con motivo del Día Internacional contra la Corrupción: “Yo soy biznieto de Carlos Arniches, y tiene un sainete que acaba de cumplir 105 años, que se llama Los caciques, que alude exactamente al trato de favor familiar, sobre todo en corporaciones locales. Y estoy aquí como víctima. Yo he denunciado ante el canal interno de una sociedad que cotiza en el Ibex”.
La cronología que relató resulta clave para entender el caso. “El 18 de diciembre [de 2024] aprueban la política anticorrupción que obliga a empleados, directivos y secretarios de órganos de administración a denunciar. El 9 de enero formulo denuncia y el 17 de febrero estoy despedido”.
El despido se produjo apenas un mes después de la denuncia, en lo que el trabajador consideró una represalia directa. Según su testimonio, no volvió a su puesto de trabajo: “No he vuelto a pisar la oficina. De hecho, sí volví y me echó el jefe de seguridad del edificio después de 34 años trabajando en la misma empresa y como directivo.”
El presunto caso de nepotismo
La denuncia giraba en torno a la contratación en 2020 del hijo de un consejero de la multinacional en la sociedad Cementerio Jardín de Alcalá de Henares, participada en un 51% por el Ayuntamiento y en un 49% por una filial de Mapfre.
El joven, de 25 años, fue contratado como adjunto a la gerencia con un salario de 32.000 euros brutos anuales. Un año después, y tras lo que el denunciante calificó como “un concurso a medida”, fue nombrado director gerente, doblando su sueldo.
El propio trabajador cuestionó la transparencia del proceso: “En el primer [contrato] no hubo ni publicidad, ni convocatoria, ni bases ni nada”.
Además, señaló que los miembros del comité de evaluación dependían del propio consejero vinculado familiarmente con el beneficiado, lo que alimentó las sospechas sobre la falta de garantías en el proceso de selección.
Un acuerdo millonario antes del juicio
El caso iba a dirimirse en los tribunales el 10 de abril, en una vista en la que el trabajador defendía que su despido era improcedente y respondía a una represalia por su denuncia. Sin embargo, minutos antes de que comenzara la audiencia, Mapfre aceptó indemnizarlo con 1.150.000 euros.
El acuerdo evitó la celebración del juicio, pero dejó abierta la polémica. Según trascendió, la compañía intentó incluir un acuerdo de confidencialidad, aunque la legislación vigente limita este tipo de cláusulas cuando afectan al derecho a informar sobre posibles irregularidades.
La postura de Mapfre y las instituciones implicadas
Mapfre ha defendido que el despido no guarda relación con la denuncia presentada. En un comunicado, la compañía aseguró: “El despido disciplinario no guarda relación con ninguna denuncia que hubiera formulado. Mapfre investiga siempre cualquier supuesta irregularidad que se comunique mediante los canales establecidos, y de conformidad con lo previsto en las normas que regulan esos canales”.
No obstante, la aseguradora no ha aclarado por qué aceptó una indemnización millonaria en un caso en el que se discutía precisamente la relación entre el despido y la denuncia.
Por su parte, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha señalado que, aunque ostenta la mayoría accionarial, la gestión diaria corresponde a la empresa: “Aunque el Ayuntamiento ostenta la mayoría accionarial, la gestión diaria está en manos de la gerencia de la empresa”.
El anterior alcalde, Javier Rodríguez Palacios, trasladó la responsabilidad a la parte privada: “Ellos contratan y despiden, y cada tanto rinden cuentas en el Consejo de Administración. Toda la gestión del día a día y el nombramiento de este señor se hacen a propuesta de la parte privada. Todo lo que supiera la parte privada y nos lo ocultó es un problema de la parte privada”.
Más allá del desenlace económico, el caso ha tenido un fuerte impacto personal en el trabajador. Durante su intervención pública, relató las consecuencias de su decisión: “Estoy, un año después, en tratamiento farmacológico. Perdí 15 kilos en dos meses. Esa es la situación de los…, yo prefiero llamarlos chivatos, que el castellano es muy rico. Sí, soy un chivato, pero estas son las consecuencias”.
