El juicio por la presunta trama de mascarillas durante la pandemia ha sumado un nuevo capítulo con las declaraciones de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres ante el Tribunal Supremo. Ambos dirigentes, en calidad de testigos, han defendido que no intervinieron en las decisiones de contratación ni dieron instrucciones para favorecer a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario Víctor de Aldama.
Sus testimonios, remitidos por escrito y leídos en el Salón de Plenos del alto tribunal, marcan el arranque de una vista clave en la que también están implicados José Luis Ábalos y Koldo García, que se enfrentan a peticiones de hasta 30 años de cárcel, mientras que Aldama afronta una solicitud de siete años tras haber reconocido los delitos.
El contexto del juicio y las acusaciones
El proceso judicial gira en torno a la contratación de material sanitario durante los momentos más críticos de la pandemia, cuando las administraciones públicas se vieron obligadas a recurrir a procedimientos de emergencia ante la escasez global.
En este escenario, la empresa Soluciones de Gestión se sitúa en el centro de la investigación como presunto eje de una trama que habría canalizado contratos millonarios.
Las declaraciones de Armengol y Torres resultaban especialmente relevantes por su papel como presidentes autonómicos durante aquel periodo en Baleares y Canarias, respectivamente, territorios que realizaron compras de material sanitario a dicha empresa.
Armengol: “Ni en el ámbito sanitario ni en ningún otro”
En su declaración, Francina Armengol ha sido tajante al negar cualquier tipo de intervención en las contrataciones. Según el escrito leído ante el tribunal, ha asegurado que durante su etapa como presidenta del Govern balear no daba instrucciones sobre proveedores.
Ha afirmado que no dio indicaciones sobre a quién contratar “ni en el ámbito sanitario ni en ningún otro”, subrayando que las decisiones correspondían a los órganos competentes del Servicio de Salud, que actuaban bajo criterios técnicos y legales.
Además, ha explicado que tuvo conocimiento de la contratación de Soluciones de Gestión a través de los medios de comunicación, lo que refuerza su versión de desvinculación directa del proceso. En la misma línea, ha indicado que trasladó a los miembros del Govern que cualquier oferta debía derivarse al Servicio de Salud, encargado de evaluar la viabilidad de las propuestas.
También ha hecho referencia al contexto en el que se produjo el contacto con Koldo García, al que ha descrito como un asesor ministerial con el que existían comunicaciones relacionadas con el cierre de puertos. Según su relato, ese contacto se produjo en el marco de una posible operación de compra liderada desde el ministerio.
Sin contactos ni conversaciones sobre contrataciones
Uno de los puntos más relevantes de su declaración es la negación de contactos relacionados con las adjudicaciones. Armengol ha asegurado que “nunca” habló con Koldo ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra.
Asimismo, ha señalado que tampoco mantuvo conversaciones con Ábalos sobre contrataciones de material sanitario: “nunca” tuvo una conversación “sobre ninguna contratación de material sanitario”. Ha añadido que las comunicaciones con el entonces ministro de Transportes se centraban en cuestiones como el cierre de puertos y aeropuertos, sin relación con la adquisición de mascarillas.
Respecto a Víctor de Aldama, ha afirmado que desconocía su papel y que tampoco participó en conversaciones sobre la contratación investigada. En este sentido, ha insistido en que durante su mandato nunca contactó con empresas para gestionar contratos públicos, incluyendo expresamente a Soluciones de Gestión.
La presión inexistente y el contexto de emergencia
Armengol también ha querido subrayar que no recibió ningún tipo de presión para adjudicar contratos a determinados proveedores.
Ha afirmado que tampoco tuvo conocimiento de que otros cargos públicos recibieran órdenes o presiones en ese sentido, reforzando la idea de que las decisiones se adoptaron dentro de los procedimientos administrativos habituales, aunque adaptados a la urgencia del momento.
En este punto, ha contextualizado la situación vivida durante la pandemia, destacando que los canales habituales de compra habían desaparecido y que existía una competencia global por acceder a material sanitario.
Según su testimonio, esa situación obligó a recurrir a contrataciones de emergencia en un mercado con producción insuficiente, lo que condicionó las decisiones administrativas.
Torres: seguimiento sin órdenes
Por su parte, Ángel Víctor Torres ha centrado su declaración en explicar el papel que desempeñó en la contratación realizada en Canarias. Según ha detallado, la empresa Soluciones de Gestión suministró más de 5 millones de mascarillas por un importe de 12,3 millones de euros, de los cuales 11,8 millones correspondían al material y 447.061 euros al transporte.
Torres ha explicado que tuvo conocimiento de los expedientes cuando Koldo García contactó con él en julio de 2020 para trasladarle su preocupación por la falta de respuesta del Servicio Canario de Salud. Este contacto, ha señalado, fue el único realizado por un representante del Ministerio de Transportes y se produjo para alertar sobre posibles incumplimientos contractuales. A partir de ese momento, ha indicado que realizó un seguimiento de los expedientes para garantizar una correcta respuesta administrativa, respetando en todo momento las decisiones de los servicios técnicos y jurídicos.
“No di ninguna orden”
El ministro ha sido igualmente contundente al negar cualquier intervención directa en favor de la empresa investigada. Ha afirmado que en todo el proceso no dio ninguna orden ni formalizó ninguna resolución a favor de la mercantil, insistiendo en que su papel se limitó a un seguimiento posterior a la contratación.
Además, ha señalado que este tipo de actuaciones eran habituales durante la pandemia, especialmente en casos donde existían problemas en el cumplimiento de contratos. Torres ha destacado que las auditorías realizadas por las instancias administrativas fiscalizadoras concluyeron que los expedientes fueron realizados con rigor técnico y administrativo, reforzando la legalidad de los procedimientos.
Un juicio con alto impacto político y judicial
Las declaraciones de Armengol y Torres se producen en un contexto de alta relevancia política y judicial, dado el alcance del caso y las posibles consecuencias para los implicados.
El hecho de que ambos hayan declarado por escrito, autorizado por el Supremo debido a su condición de expresidentes autonómicos y cargos actuales, no resta importancia a unos testimonios que buscan desvincularlos de cualquier irregularidad.
Mientras avanza el juicio, el foco se mantiene en determinar si existieron irregularidades en la contratación y si hubo o no una red de influencias detrás de las adjudicaciones.
Por el momento, las versiones ofrecidas por ambos dirigentes apuntan a una misma línea de defensa: la ausencia de órdenes, presiones o intervención directa en los procesos de compra.
En un caso que sigue acumulando atención mediática y política, sus declaraciones suponen un elemento clave para entender cómo se gestionaron las decisiones en uno de los periodos más complejos de la historia reciente.
