El Tribunal Supremo juzga desde este martes al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia, en un proceso en el que la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de hasta 24 años de prisión.
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Según el escrito de acusación, el Ministerio Público sostiene que los tres acusados habrían aprovechado sus posiciones para favorecer contratos públicos a cambio de beneficios económicos, en una trama que, presuntamente, operó durante varios años desde el Ministerio de Transportes. La causa, que también salpica a Baleares, sitúa el foco en compras realizadas en comunidades como Canarias y el archipiélago balear.
La Fiscalía considera que Ábalos, Koldo y Aldama “convinieron” actuar de forma coordinada para obtener rédito económico mediante adjudicaciones públicas, valiéndose de una red de contactos institucionales y empresariales. Según esta versión, la organización tenía “vocación de permanencia” y se mantuvo activa hasta la salida del exministro en julio de 2021.
En concreto, el Ministerio Público solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Aldama, además de multas millonarias que superan los 3,7 millones de euros. El empresario, considerado el presunto “conseguidor”, ha reconocido parcialmente los hechos, lo que le permite acogerse a una atenuante de confesión.
Por su parte, las acusaciones populares lideradas por el Partido Popular elevan la petición de pena hasta los 30 años de prisión para el exministro y su exasesor, en una causa que investiga delitos como organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.
Papel clave de Koldo y Aldama
La Fiscalía describe a Ábalos como “el jefe” de la presunta trama, apoyado en su asesor Koldo García, a quien atribuye funciones que iban más allá del ámbito profesional. Según el relato acusatorio, García actuó como “alter ego” del ministro y habría gestionado incluso fondos en efectivo vinculados a las supuestas actividades ilícitas.
En paralelo, Víctor de Aldama es señalado como el enlace empresarial, con acceso directo a la administración, lo que le habría permitido detectar oportunidades de negocio en la compra de material sanitario y canalizar contratos hacia empresas concretas. Este acceso privilegiado habría sido clave para la expansión de la operativa a distintas administraciones, incluidas Baleares.
Además, la Fiscalía detalla supuestas contraprestaciones como pagos mensuales de hasta 10.000 euros, alquileres de viviendas o beneficios indirectos para los implicados y su entorno, lo que refuerza la hipótesis de una estructura organizada con ánimo de lucro.
Más de 70 testigos y foco en Baleares
El juicio, que se celebrará a lo largo de 13 sesiones durante el mes de abril, contará con la declaración de más de 70 testigos, entre ellos la expresidenta balear Francina Armengol y el actual ministro Ángel Víctor Torres, quienes podrán declarar por escrito.
Ambos dirigentes estuvieron al frente de comunidades autónomas que adquirieron material sanitario a empresas vinculadas a Aldama, lo que sitúa a Baleares en el epicentro político de la investigación.
Está previsto que los acusados declaren al final del juicio, mientras que en las primeras sesiones comparecerán familiares, empresarios y agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación.
