Lo que debía convertirse en una alegría acabó transformándose en un largo proceso administrativo y judicial. Carmen, una mujer de 79 años, ganó 35.000 euros con un cupón de la ONCE en agosto de 2025, pero cuando acudió a cobrar el premio recibió una respuesta inesperada: figuraba inscrita en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, un listado destinado a personas que solicitan voluntariamente que se les impida participar en juegos de azar.
La sorpresa fue doble. Ni Carmen sabía que estaba inscrita en ese registro ni tenía conocimiento de su existencia. Casi un año después, la familia ha averiguado que, presuntamente, fue su marido quien la inscribió en 2012 sin su consentimiento, utilizando un documento que, según sostiene su abogado, suplantaba su identidad y su firma. Ahora la octogenaria busca que esa inscripción sea declarada nula para poder cobrar el premio.
Un premio de la ONCE que nunca llegó a cobrarse
Todo comenzó en agosto de 2025, cuando Carmen obtuvo un premio de 35.000 euros con un cupón de la ONCE. Su primera intención era utilizar ese dinero para realizar un viaje a Portugal. Sin embargo, cuando acudió al banco para cobrar el premio, le comunicaron que no era posible abonarle el importe porque aparecía inscrita en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.
Ese registro recoge a personas que solicitan voluntariamente que se les prohíba acceder a establecimientos de juego o participar en determinadas modalidades de apuestas. Hasta ese momento, Carmen desconocía por completo que figuraba en esa base de datos.
Una inscripción de la que nunca tuvo conocimiento
Cuando supo que aparecía en el registro, la mujer llevaba ya 13 años inscrita. El alta databa de finales de enero de 2012, apenas un año después de que la ley estatal de regulación del juego creara este mecanismo destinado a personas con problemas de adicción que desean limitar voluntariamente su acceso al juego.
Según explica su hija menor, María (nombre ficticio), la noticia fue completamente inesperada para toda la familia. “Mi madre me llamó llorando, no entendía nada. Ni ella, ni yo, ni ninguno de mis hermanos”, relata a El País.
Carmen sostiene que nunca había tenido problemas relacionados con el juego. Su actividad se limitaba a comprar la Lotería Nacional en Navidad y cupones de la ONCE, habitualmente con el mismo número que finalmente resultó premiado.
También acudía con frecuencia al club de mayores de Los Alcázares, en la Región de Murcia, donde participaba en los bingos organizados los sábados. Según su hija, aquellos bingos tenían premios modestos. “Un jamón o un queso”, recuerda.
La sospecha de la familia apunta al marido de Carmen
Tras meses de reclamaciones, la familia tuvo acceso al documento que originó la inscripción. Según sostiene María, fue su padre quien decidió inscribir a su madre sin su consentimiento. “Mi padre era un desastre como marido. Tenía un pensamiento machista y no le gustaba que mi madre fuera al bingo del centro social con sus amigas, porque él se quedaba solo en casa. Tuvieron una discusión fuerte por ese motivo”, explica.
La hija considera que, tras aquella discusión, su padre pudo comentar el asunto con algún amigo, que le habría animado a utilizar el registro de autoprohibición sin conocer realmente su funcionamiento. Lo que sí asegura la familia es que el marido envió un burofax a la Dirección General de Ordenación del Juego, redactado como si hubiera sido firmado por Carmen.
En ese escrito, la mujer afirmaba haber acudido “con frecuencia a establecimientos públicos, casinos y lugares de juego”, donde habría sufrido una “grave merma” en su patrimonio. El documento incluía además una “petición expresa, clara y determinante” para prohibirle el acceso a “cualquier establecimiento de juego” mediante una “autoprohibición irrevocable”.
Un documento que la familia considera fraudulento
El mismo escrito autorizaba al marido de Carmen a presentar la solicitud en su nombre por una supuesta “imposibilidad transitoria” que le impedía conducir o desplazarse. Sin embargo, la familia sostiene que la situación era precisamente la contraria. Según explica María, en esas fechas era el marido quien se encontraba enfermo y Carmen había retomado la convivencia con él para cuidarlo y trasladarlo a consultas médicas.
Además, la hija asegura que el documento contiene varios errores. Entre ellos figura la localidad de nacimiento de Carmen y una firma que, según afirma, “no es ni parecida” a la auténtica y que incluso presenta el apellido mal escrito. Por ese motivo, la familia no entiende cómo ese documento fue aceptado para tramitar la inscripción.
La batalla judicial continúa
El abogado de Carmen, Antonio Ruiz, director del despacho especializado en deporte y entretenimiento RPB Legal, explica que la familia solo pudo acceder al burofax tras meses de procedimientos administrativos y judiciales. Inicialmente, Carmen recurrió la imposibilidad de cobrar el premio por la vía administrativa. Actualmente, ese procedimiento se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
De forma paralela, el abogado ha solicitado también por vía administrativa la nulidad de pleno derecho de la inscripción en el registro. Su argumento es que el alta nunca debió producirse y que el procedimiento fue fraudulento. Según sostiene, la inscripción no siguió los cauces legalmente establecidos, ya que no se realizó mediante la sede electrónica de la Dirección General ni compareciendo personalmente ante la Guardia Civil o la Policía Nacional.
Además, el propio expediente administrativo reconoce que el alta se efectuó mediante un modelo “no normalizado”, es decir, no oficial. El abogado llega incluso a calificar ese documento como “burdo”.
La postura de la ONCE
Desde la ONCE explican que la legislación les impide pagar premios a personas inscritas en este registro. La misma limitación afecta, según la entidad, a quienes figuran en determinados listados oficiales del Ministerio del Interior relacionados con supuestas tramas de terrorismo o blanqueo de capitales.
Un portavoz de la organización resume su posición de forma clara: “Nosotros vivimos de dar premios. En 2025, la ONCE repartió 1.660 millones de euros en premios, más de 81 millones solo el pasado fin de semana. Estaríamos encantados de pagar también estos 35.000 euros, pero la ley nos lo impide. Si la inscripción en el registro llega a anularse de manera oficial o por vía judicial, cobrará su premio en el minuto uno”.
La organización añade además que este tipo de situaciones son muy infrecuentes, aunque reconoce que no son casos únicos. Según indica, en los últimos años seis procedimientos relacionados con personas inscritas en el registro de autoprohibición han llegado a los tribunales y todos se resolvieron a favor de la ONCE.
El deseo de la familia va más allá del premio
Aunque el proceso judicial continúa, la familia insiste en que el dinero no es lo único importante. Según explica María, la situación ha afectado profundamente al estado emocional de su madre. “Esta situación la ha afectado muchísimo. No entiende lo que ha pasado. Piensa que la engaña la ONCE, que la engaña el banco, incluso que éramos sus hijos los que la estábamos engañando. Tiene párkinson y los síntomas han empeorado. Lo que más desearía es que se quede tranquila, que no sienta que ha sido engañada. Y que se gaste todo el premio en viajes”, afirma.
Mientras el procedimiento sigue su curso en los tribunales y continúa la solicitud para anular la inscripción en el registro de autoprohibición del juego, Carmen permanece a la espera de una resolución que determine si podrá cobrar finalmente los 35.000 euros que ganó con el cupón de la ONCE y recuperar la tranquilidad que, según su familia, perdió desde el momento en que descubrió una inscripción de la que nunca había tenido conocimiento.
