El acuerdo alcanzado entre el Club Náutico de Sant Antoni y el Club Náutico de Ibiza (CNI) para el concurso de la marina deportiva del puerto de Ibiza se gestionó en secreto y bajo un estricto hermetismo.
La decisión de poner en juego todo su patrimonio por al menos 20 millones de euros —al responder de forma solidaria por el buen fin de la concesión en caso de que el CNI gane el concurso para la gestión del espacio portuario por un plazo de 25 años— no ha pasado por la asamblea de socios, tal como marca el estatuto, según ha podido confirmar este medio.
Una decisión que no pasó por la asamblea
El Club Náutico de Sant Antoni ha guardado un llamativo silencio en los últimos días ante las preguntas de La Voz de Ibiza sobre el alcance de su participación. Según ha podido saber este medio, la decisión de avalar la candidatura del CNI no fue sometida a la asamblea de socios de la entidad.
De hecho, no consta convocatoria extraordinaria alguna al respecto y en la última ordinaria no se trató este asunto.
Así pues, la Junta Directiva habría tomado la decisión por su cuenta, sin el respaldo del órgano supremo de gobierno del club.
Ello cuando los importes comprometidos para garantizar el «buen fin de la concesión administrativa» obligaban a un pronunciamiento expreso de los socios.
Así lo establece el propio estatuto del Club Náutico de Sant Antoni. El artículo 20.9 atribuye a la Junta Directiva la facultad de «asumir y cumplir los compromisos económicos cuya cuantía global no exceda del veinte por ciento (20%) del importe del último presupuesto anual aprobado».
Superado ese límite, «sería preceptiva la convocatoria de la Asamblea General convocada al efecto». Y esto no ha ocurrido.
Para que la Junta Directiva del Náutico de Sant Antoni justifique esta decisión por sí misma, tendría que demostrar un presupuesto anual de más de 100 millones de euros, teniendo en cuenta que la garantía solidaria del concurso es por al menos 20 millones, lo que representa ese 20%.
Solo con ese escenario los directivos podrían encuadrar la decisión —tomada a espaldas de los socios— dentro de los márgenes que establece su estatuto. Una cifra que, a primera vista, resulta extraordinariamente inverosímil para un club náutico de la bahía de Portmany.
Un ejemplo que avala esto es el antecedente de la asamblea extraordinaria de socios celebrada en 2022 en la que los socios «aprobaron por unanimidad la compra de un terreno con estructura en la zona de sa Punta des Molí, con el objetivo de ampliar las instalaciones destinadas a actividades deportivas, culturales y sociales de la entidad».
Se trataba de una parcela de 1.800 metros cuadrados, que albergaba una estructura inacabada con forma de piano, de 990 metros cuadrados, con sótano y dos plantas. Aunque en ese momento no se informó el monto de la operación, el valor de mercado de este edificio abandonado está muy por debajo de los 20 millones comprometidos de forma solidaria en el concurso del puerto de Ibiza.
Consecuencia directa en el concurso
Esto no es solo una cuestión interna entre el Club Náutico de Sant Antoni y sus socios. El propio Pliego de Bases del concurso exige que el acuerdo de integración de solvencia proceda del «órgano de la entidad competente al efecto».
Por tanto, la Autoridad Portuaria de Baleares deberá comprobar si la decisión correspondía a la Asamblea General y no a la Junta Directiva, y si el acuerdo que le ha sido certificado fue adoptado por el órgano social estatutariamente competente.
