La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado que su director, Pere Navarro, dispone de tres vehículos oficiales para su uso exclusivo, dos de ellos con motor de combustión y un tercero híbrido enchufable. La revelación, obtenida a través de una solicitud de información pública difundida por Libre Mercado, ha abierto un debate sobre la coherencia entre el discurso institucional y los medios reales utilizados por sus responsables.
La información, firmada por la secretaria general del organismo, María Lidón Lozano Pérez, detalla las características técnicas de los coches asignados y pone en contraste las reiteradas declaraciones públicas del director de la DGT en favor de restringir el uso de vehículos privados en entornos urbanos.
Una flota oficial con motores tradicionales
Según la documentación oficial, Pere Navarro cuenta con tres vehículos asignados en exclusiva desde diferentes fechas entre 2018 y 2021.
El primero de ellos es un Renault Talisman diésel, con distintivo ambiental C, matriculado el 13 de febrero de 2018. Este vehículo presenta un consumo de entre 4 y 5,5 litros a los 100 kilómetros en circuito urbano y entre 3,4 y 4,4 litros en carretera, dependiendo del modelo exacto.
El segundo coche es un Alfa Romeo Stelvio de gasolina, también con distintivo ambiental C y matriculado el 22 de diciembre de 2021. En este caso, el consumo es considerablemente superior, con cifras que oscilan entre 11,7 y 12,6 litros a los 100 kilómetros en ciudad y entre 7,3 y 9,0 litros en carretera.
El tercer vehículo es un Mitsubishi Eclipse Cross híbrido enchufable (PHEV), con distintivo ambiental 0, matriculado el 8 de noviembre de 2021. Este modelo combina motor de combustión y batería eléctrica, con una autonomía eléctrica de entre 35 y 45 kilómetros en ciudad y entre 25 y 35 kilómetros en carretera. En modo gasolina, su consumo se sitúa entre 8 y 10 litros en ciudad y entre 7 y 9 litros en autopista.
Estos datos reflejan que dos de los tres vehículos funcionan exclusivamente con combustibles fósiles, mientras que el tercero también depende de la gasolina una vez agotada su autonomía eléctrica.
Falta de datos sobre uso y consumo real
La resolución facilitada por la DGT no incluye información sobre los kilómetros recorridos anualmente por estos vehículos ni sobre su consumo real durante el tiempo que han estado en uso.
Tampoco se detalla una cronología completa de posibles sustituciones o cambios en la asignación de los coches oficiales, limitándose a indicar las fechas de matriculación y puesta a disposición.
Esta ausencia de datos impide realizar una evaluación completa sobre el impacto real de la flota en términos de consumo o emisiones, lo que añade opacidad al análisis del uso de recursos públicos.
Las declaraciones públicas de Pere Navarro
El contraste entre los vehículos asignados y el discurso público del director de la DGT ha sido uno de los puntos más destacados tras conocerse esta información.
En distintas intervenciones, Pere Navarro ha defendido la necesidad de limitar el uso del coche privado en entornos urbanos. En una de sus declaraciones más contundentes afirmó que «al centro de la ciudad vas con transporte público y, si tienes prisa, coges un taxi, un Uber o un Cabify. Al centro de la ciudad no vas a ir con eléctrico, ni con diésel ni con gasolina. No nos equivoquemos».
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Sin embargo, posteriormente se conoció que acudió a una reunión en Madrid utilizando un vehículo en un recorrido urbano, lo que, unido a la información sobre su flota oficial, refuerza la percepción de contradicción.
En el ámbito de la transición energética, Navarro también ha señalado que «el objetivo de todos es acabar con los combustibles fósiles. Punto. A mí me da igual la alternativa, pero tenemos un objetivo común: en 2035 prohibir matricular vehículos con combustibles fósiles» y añadió que «este objetivo es un objetivo ideal para nuestro país».
Un debate sobre coherencia institucional
La coexistencia de estos mensajes con el uso de vehículos de combustión ha generado un debate sobre la coherencia entre las políticas públicas y las prácticas internas.
La DGT ha sido uno de los organismos que más ha insistido en la necesidad de reducir el uso del coche privado, especialmente en ciudades, promoviendo alternativas como el transporte público o los servicios de movilidad compartida.
Sin embargo, la asignación de tres vehículos de uso exclusivo, con motores de combustión o híbridos dependientes de gasolina, plantea interrogantes sobre la aplicación de estos principios dentro de la propia administración.
El contexto de las políticas de movilidad
Las declaraciones de Pere Navarro se enmarcan en una estrategia más amplia orientada a transformar el modelo de movilidad en España.
Durante finales de 2025 y principios de 2026, el director de la DGT ha reiterado en distintos foros la necesidad de priorizar el transporte colectivo y reducir la presencia de turismos en núcleos urbanos.
Este enfoque busca avanzar hacia un modelo más sostenible y alineado con los objetivos de descarbonización, especialmente en un contexto en el que la Unión Europea plantea restricciones progresivas a los vehículos de combustión.
Una polémica abierta
El caso ha puesto de relieve la complejidad de aplicar políticas de movilidad sostenible dentro de las propias estructuras institucionales.
Por un lado, se encuentran las recomendaciones públicas orientadas a reducir el uso del coche privado y eliminar progresivamente los combustibles fósiles. Por otro, la realidad de una flota oficial que sigue operando con estos sistemas de propulsión.
Esta situación ha generado una controversia sobre la credibilidad de los mensajes institucionales, especialmente en un momento en el que las políticas de movilidad están en el centro del debate público.
