La cuenta atrás ha llegado a su fin. Desde este viernes, alrededor de 350.000 familias españolas que emplean a trabajadoras del hogar están obligadas a contar con una evaluación de riesgos laborales, tal y como exige el real decreto aprobado en septiembre de 2024. La medida, que busca equiparar las condiciones de este colectivo con las del resto de trabajadores del Régimen General, introduce un nuevo requisito cuya ausencia puede derivar en multas que oscilan entre los 2.451 y los 49.000 euros en los casos agravados.
Esta nueva obligación ha generado inquietud entre miles de empleadores, especialmente entre aquellos hogares formados por personas mayores o pensionistas, que representan una parte importante de quienes recurren a este servicio. Tras un periodo de adaptación de seis meses dado por el Ministerio de Trabajo, la normativa ya es plenamente aplicable y la Inspección de Trabajo podrá exigir el cumplimiento desde hoy.
Un real decreto para reforzar los derechos de un sector precarizado
El cambio normativo se enmarca en el objetivo del Gobierno de mejorar las condiciones laborales de las empleadas del hogar, un colectivo altamente feminizado y con alta precariedad. La aprobación del real decreto en 2024 supuso un avance significativo, dando pasos hacia la equiparación con otros sectores —aunque aún quedan aspectos por desarrollar—.
Para facilitar la adaptación, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo habilitó en mayo la plataforma www.prevencion10.es, un portal gratuito pensado para que cualquier familia pueda elaborar su plan de prevención de riesgos laborales sin coste añadido.
Cómo hacer la evaluación de riesgos: paso a paso
Los empleadores deben acceder a la plataforma Prevención10, introducir sus datos y los de su empleada, y completar un cuestionario inicial que analiza distintos aspectos del hogar y del trabajo:
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Existencia de escaleras, desniveles o zonas peligrosas.
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Presencia de mascotas.
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Estado e instalación eléctrica.
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Tipo de tareas realizadas: limpieza, cocina, plancha, cuidado de menores o de personas mayores o dependientes.
Al finalizar el cuestionario, la herramienta ofrece un “Plan de prevención de riesgos laborales”, que el empleador debe descargar, imprimir y firmar junto a la trabajadora. Este documento debe mantenerse disponible por si la Inspección de Trabajo lo requiere.
La plataforma también sugiere medidas preventivas concretas si detecta riesgos: desde reorganización de espacios hasta recomendaciones ergonómicas o mejoras en la seguridad del hogar.
Además, los empleadores disponen de un servicio telefónico de ayuda gratuito (91 363 43 00), operativo de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Sanciones: de 2.451 a casi 49.000 euros
El Ministerio de Trabajo ha advertido que no cumplir con esta obligación supone una infracción importante. Las multas pueden ser:
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De 2.451 a 9.830 euros en la mayoría de los casos.
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Entre 24.000 y 49.000 euros si concurren agravantes.
Desde el Gobierno aseguran que la medida no genera costes económicos ni carga burocrática, pero para muchas familias supone una exigencia extra en un momento complejo para el sector.
Un sector en retroceso: 86.650 empleadas menos en una década
Mientras se refuerzan estas obligaciones, el empleo doméstico vive una tendencia claramente descendente. Desde 2015, el número de trabajadoras dadas de alta se ha reducido en más de un 20 %, pasando de superar las 436.000 a menos de 350.000 en 2025.
Las causas, según coinciden sindicatos y expertos:
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Las sucesivas subidas de cotizaciones.
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El fuerte incremento del salario mínimo, que ha crecido más de un 60 % en seis años.
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El aumento general del coste de vida.
Todo ello ha provocado que para muchas familias tener una empleada del hogar sea económicamente inasumible, fomentando en algunos casos el empleo irregular.
Pendientes de desarrollo: reconocimiento médico y protocolo contra el acoso
Los sindicatos recuerdan que la nueva ley aún deja cabos sueltos. Falta por concretar:
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El derecho de las trabajadoras a un chequeo médico gratuito cada tres años.
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La creación de un protocolo contra la violencia y el acoso en el trabajo doméstico.
Ambas medidas continúan pendientes de regulación.
Una obligación que marca un antes y un después
Aunque la evaluación de riesgos puede parecer un trámite menor, su obligatoriedad supone un cambio profundo en el sector. Por primera vez, los hogares empleadores quedan sujetos a una normativa preventiva similar a la de cualquier empresa, con inspecciones y sanciones equivalentes.
El objetivo es claro: mejorar la seguridad, la dignidad y la protección de miles de mujeres que han trabajado históricamente sin apenas derechos.
Desde hoy, el cumplimiento de esta normativa no solo es un deber legal, sino un paso más hacia la profesionalización de un sector esencial pero invisibilizado durante décadas.
