El proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno ha comenzado con una alta participación desde su primer día. Más de 33.100 personas han iniciado ya los trámites para regularizar su situación administrativa en España, según los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Este volumen de solicitudes refleja el interés generado por una medida que podría beneficiar a cientos de miles de personas. El Ejecutivo ha valorado positivamente el arranque del proceso, destacando que se ha desarrollado “con éxito” y “normalidad” durante las primeras horas.
Un inicio con miles de solicitudes en pocas horas
El primer día del proceso, celebrado el jueves 16 de abril, dejó cifras significativas. En total, 13.500 solicitudes se presentaron de forma telemática, mientras que 19.633 personas solicitaron cita previa para completar el trámite de manera presencial.
Estas citas podrán formalizarse a partir del próximo lunes 20 de abril, lo que permitirá ampliar el volumen de expedientes en los próximos días. La combinación de ambas vías ha sido clave para canalizar la demanda inicial.
Desde el Ministerio subrayan que todas las solicitudes telemáticas se realizaron mediante certificado digital, lo que garantiza la validez del proceso desde el punto de vista administrativo.
Profesionales y entidades, clave en la tramitación
Uno de los aspectos destacados del arranque es el perfil de quienes han gestionado las solicitudes. La mayoría de los trámites telemáticos han sido presentados por profesionales habilitados, como abogados, graduados sociales o gestores administrativos.
Además, también han participado los propios solicitantes a título individual, así como entidades sociales inscritas en el Registro de Entidades Colaboradoras en Extranjería (RECEX). Este sistema permite agilizar la tramitación y facilitar el acceso al proceso, especialmente para quienes necesitan asesoramiento en la gestión de su expediente.
Quién puede acceder a la regularización
El proceso de regularización extraordinaria está dirigido a un perfil concreto de población. Podrán acogerse personas extranjeras mayores de edad que cumplan determinados requisitos establecidos por la normativa.
Entre ellos, destaca la obligación de haber entrado en España antes del 1 de enero de 2026 y poder acreditar al menos cinco meses de permanencia continuada en el país.
El plazo para presentar solicitudes se extiende desde el 16 de abril hasta el 30 de junio de 2026, lo que abre una ventana temporal de más de dos meses para completar el trámite.
Dónde y cómo presentar la solicitud
Las solicitudes pueden presentarse tanto de forma telemática como presencial, ofreciendo diferentes vías para facilitar el acceso al procedimiento.
En el caso de la tramitación presencial, se podrá realizar en:
- Oficinas de la Seguridad Social
- Oficinas de Correos
- Oficinas de Extranjería
- A través de representantes autorizados o entidades del tercer sector
Esta diversidad de canales busca evitar colapsos y garantizar una atención más eficiente durante las primeras semanas del proceso.
Refuerzo de atención en Madrid
Ante el previsible aumento de solicitudes, la Administración ha reforzado los puntos de atención en algunas zonas, como Madrid.
En las oficinas de Extranjería, se ha habilitado atención específica en horario de tarde, entre las 16:00 y las 19:00 horas, siempre con cita previa obligatoria.
Entre las sedes que contarán con este refuerzo se encuentran:
- Calle Silva (sede central)
- García de Paredes
- Leganés
- Carabanchel
- Alcobendas
- Aluche (Avenida de los Poblados)
Por su parte, las oficinas de la Seguridad Social atenderán en horario de 8:30 a 17:30, con puntos destacados como la sede de la calle Serrano, 102, y los centros CAISS de Cedaceros, 11 y Isla de Arosa, 20 (Peñagrande). Estas medidas tienen como objetivo facilitar la tramitación y evitar saturaciones en los primeros meses.
Claves y requisitos del proceso
La regularización extraordinaria establece una serie de condiciones que los solicitantes deben cumplir para acceder a la autorización. Uno de los requisitos fundamentales es no tener antecedentes penales, lo que deberá acreditarse mediante un certificado expedido por el país de origen.
Los solicitantes disponen de un mes para obtener este documento, y en caso de dificultades, las autoridades españolas podrán gestionarlo por vía diplomática, lo que podría implicar la suspensión temporal del procedimiento. Además, será necesario:
- Acreditar la estancia en España
- Identificarse con documentación válida
- Cumplir al menos una de estas condiciones:
- Contar con una oferta de empleo
- Demostrar vínculos familiares con personas dependientes
- Justificar una situación de vulnerabilidad mediante informes de servicios sociales o entidades acreditadas
Quiénes quedan fuera del proceso
No todas las personas en situación irregular podrán acogerse a esta medida. El decreto establece varias exclusiones claras. Quedarán fuera:
- Quienes ya tengan permisos de residencia en trámite o en vigor
- Personas sujetas a compromisos de no retorno
- Aquellos que figuren como rechazables en países con acuerdos con España
Estas limitaciones buscan delimitar el alcance del proceso y centrarlo en los perfiles que cumplen los criterios establecidos.
Un proceso con gran impacto potencial
El Gobierno estima que esta regularización podría beneficiar inicialmente a unas 500.000 personas, aunque algunos estudios elevan la cifra potencial hasta cerca de 870.000.
Estas cifras reflejan la magnitud de una medida que podría tener un impacto significativo en el ámbito social, laboral y administrativo.
El elevado número de solicitudes registradas en el primer día apunta a que la demanda será elevada durante todo el periodo habilitado. Sin embargo, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha destacado que el proceso ha comenzado sin incidencias relevantes, lo que refuerza la valoración positiva del arranque. La combinación de canales telemáticos y presenciales, junto con el refuerzo de oficinas, ha permitido absorber la demanda inicial de forma ordenada.
