La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha intensificado su investigación en la trama del caso Koldo, que implica a altos cargos del PSOE y empresarios beneficiados durante la pandemia. En su último informe, los agentes informan a la Audiencia Nacional de que están analizando 84 dispositivos electrónicos y más de un millón de correos electrónicos en busca de nuevas pruebas que puedan esclarecer la participación del actual ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.
El documento, fechado el 30 de octubre, tiene 350 folios y detalla que los investigadores han recurrido a software de análisis forense para cribar la información por fechas, palabras clave y contactos. Según la UCO, esta revisión exhaustiva podría derivar en nuevos indicios relevantes que aún no han sido incorporados al sumario.
“Se han analizado un total de 84 dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, discos duros externos y memorias USB) y se han sometido a un software de análisis forense más de un millón de correos electrónicos”, señala la Guardia Civil en el informe. El texto también advierte que el estudio continúa en marcha, y que, si se hallan nuevos datos que aporten información significativa, se ampliará la documentación remitida al juez instructor de la Audiencia Nacional.
Una trama con epicentro en Canarias
La investigación de la UCO apunta a una presunta implicación activa de Ángel Víctor Torres cuando era presidente del Gobierno de Canarias, en las gestiones de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, epicentro de la trama y vinculada al empresario Víctor de Aldama.
Dicha sociedad fue una de las principales beneficiadas por contratos públicos durante la pandemia, adjudicados por administraciones controladas por el PSOE, entre ellas la canaria. A cambio, según los informes policiales, Aldama habría pagado sobornos mensuales de 10.000 euros al exasesor del ministro de Transportes, Koldo García, y retribuciones económicas a José Luis Ábalos, entonces ministro del ramo.
“A la vista de estos últimos mensajes, se observa una vez más la influencia que Koldo ejercía en la administración, provocada por Aldama y sus retribuciones mensuales, consiguiendo que el presidente de Canarias se encargara personalmente de reclamar pagos pendientes”, recoge el informe de la Guardia Civil.
La UCO cita además un mensaje en el que Torres habría mostrado su enfado con una funcionaria del Servicio Canario de Salud que se oponía a ciertos pagos. “O lo soluciona o la levanto para el aire”, habría dicho el ahora ministro a Koldo García, molesto por los retrasos en la gestión administrativa.
El foco en los dispositivos y correos analizados
Entre los materiales incautados y analizados por la Guardia Civil se incluyen teléfonos móviles, ordenadores y grabadoras pertenecientes a los principales investigados. El informe detalla que se han revisado los dispositivos de Víctor de Aldama, Koldo García y el empresario Ignacio Díaz, todos ellos usuarios del iPhone 15 Pro, uno de los terminales más caros del mercado.
También se han intervenido un Galaxy A33, un ordenador Lenovo propiedad de un responsable de Soluciones de Gestión, y una grabadora Philips incautada al exasesor de Ábalos.
Las grabaciones de Koldo García, recuerda la UCO, fueron clave en el informe de junio que derivó en el ingreso en prisión de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, por el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas dependientes del Ministerio de Transportes.
Cabe destacar que no se han intervenido dispositivos de Ángel Víctor Torres, ya que al ser miembro del Gobierno y aforado, cualquier investigación directa debería elevarse al Tribunal Supremo.
Contratos bajo sospecha: mascarillas y test PCR
En el caso concreto de Canarias, la UCO identifica dos operaciones principales bajo sospecha:
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La compra de mascarillas por valor de 12,3 millones de euros, realizada durante la pandemia a Soluciones de Gestión.
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La adquisición de pruebas PCR a la empresa Megalab, también vinculada a Aldama, por 5,6 millones de euros.
En la primera operación, una funcionaria del Servicio Canario de Salud se opuso al gasto por considerarlo excesivo y carente de control gubernamental. Según la UCO, la funcionaria cuestionó el precio de las mascarillas, la existencia de stock y la posibilidad de “gastar tal cantidad de dinero sin pasar por el Gobierno”.
Cuando fue advertida de que la orden procedía del Ministerio de Transportes, respondió que “le daba igual, que ella era funcionaria”. Sin embargo, poco después recibió la notificación de que la compra se había efectuado pese a sus objeciones.
La investigación avanza hacia nuevos indicios
El informe enviado a la Audiencia Nacional aclara que la investigación se centra en la parte de la trama no vinculada directamente a José Luis Ábalos ni a fondos europeos, cuyas ramificaciones están siendo analizadas por el Tribunal Supremo y la Fiscalía Europea.
La Audiencia Nacional, por tanto, instruye la parte que afecta a las adjudicaciones gestionadas desde Canarias y otras administraciones socialistas, donde los nombres de Koldo García y Víctor de Aldama aparecen de forma recurrente.
La Guardia Civil advierte de que los análisis informáticos podrían aportar nuevos datos sobre la implicación de Torres o su entorno durante la gestión de los contratos públicos de emergencia. “Este estudio se sigue llevando a cabo para la culminación de las distintas líneas de investigación (…) por lo que cabría la posibilidad de hallarse nuevos indicios relevantes”, advierte el documento.
