El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, ha informado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, de que ha transformado las diligencias previas para que, en caso de ser juzgada por malversación de caudales públicos, lo haga un jurado popular. La decisión se enmarca en la causa que investiga la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa.
El magistrado ha hecho extensiva esta notificación a la propia Álvarez y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. Todos ellos están citados para comparecer el sábado 27 de septiembre a las 18.00 horas en sede judicial, donde las acusaciones deberán exponer los hechos y delitos que se les atribuyen.
La designación de Cristina Álvarez, en el centro del caso
Peinado adopta esta medida tras practicar varias diligencias, entre ellas, la declaración de los investigados y testigos como el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. El juez analiza si en el nombramiento de Álvarez como asesora se produjo un desvío de dinero público para fines privados de Gómez.
El auto, al que ha accedido Europa Press, recuerda que inicialmente no se admitió a trámite la querella presentada por Vox contra Gómez y Álvarez. Sin embargo, Peinado subraya que en la fase de instrucción la delimitación del objeto del proceso es de cristalización progresiva.
“Ni el atestado, ni la denuncia, ni la querella ofrecen una imagen fija del desenlace jurisdiccional de la fase de investigación”, sostiene el instructor.
Begoña Gómez no respondió a preguntas durante su declaración
El juez detalla que el pasado 10 de septiembre, ninguna de las dos investigadas respondió a las preguntas del juez, las acusaciones populares, la Fiscalía ni de los letrados de las defensas, incluidos los de otros investigados. Gómez solo respondió a su abogado, el exministro Antonio Camacho, pero el magistrado considera que esas respuestas “no permiten ser tenidas en cuenta en sentido exculpatorio”.
Además, cita los correos electrónicos aportados por Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense, como elementos que permiten “colegir con las leyes de la lógica y de la empírica que se cumple con el requisito de la verosimilitud de los hechos”.
Indicios sólidos, según el juez, de delitos en la contratación
El juez concluye que existen “indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos” en el nombramiento de Álvarez como asesora de Gómez. Durante su declaración, la esposa del presidente detalló que su asesora se encargaba de organizar su agenda y acompañarla a actos oficiales, y que solo en ocasiones excepcionales le había hecho algún «favor».
También señaló que desconocía el proceso de nombramiento de Álvarez como personal eventual en Moncloa, justificando su elección por sus conocimientos y la relación de amistad que las unía.
La defensa de Gómez niega que haya malversación
El abogado de Gómez argumentó ante la Audiencia de Madrid que «la realización de un favor a la persona para la que trabajas y con la que, además, mantienes una relación de amistad nunca puede interpretarse como una conducta que entre dentro del ámbito de aplicación de una infracción penal tan grave como la malversación».
Según el letrado, las tareas de Álvarez eran logísticas, organizativas y de plena disponibilidad, es decir, 24/7.
Correo que implica a Gómez en la gestión de una cátedra
En el marco de la causa consta un correo electrónico de febrero de 2024, enviado por Álvarez a la directora de Comunicación Institucional de Reale, en el que se incluye una posdata atribuida a Gómez: «Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis».
Ocho recursos pendientes ante la Audiencia Provincial de Madrid
La causa tiene su origen en abril de 2024, tras una denuncia de Manos Limpias que acusaba a Gómez de utilizar su condición como esposa del presidente para recomendar empresarios a procesos de licitación pública. A partir de esa denuncia, el juez ha abierto otras ramas de investigación, incluyendo querellas de Hazte Oír y Vox.
En total, la Audiencia Provincial de Madrid tiene pendientes de resolver ocho recursos relacionados con esta causa. Seis de ellos ya están en trámite, y se prevé que comiencen a deliberarse los días 29 de septiembre y 6 de octubre.
Otros delitos investigados además de malversación
Al margen del posible delito de malversación por la contratación de Álvarez, Begoña Gómez también está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca.
