El Gobierno central no da marcha atrás con la polémica iniciativa para habilitar una suerte de Airbnb náutico al permitir que propietarios de embarcaciones particulares puedan explotarlas comercialmente durante un máximo de tres meses al año y alquilarlas como chárter náutico, a pesar de la férrea oposición en Baleares a esta propuesta.
Esta propuesta se encuentra dentro del Real Decreto que modifica la normativa existente en materia de Marina Mercante en toda España, que fue puesta en exposición pública a principios de 2024.
El Real Decreto incorpora la posibilidad de que las embarcaciones inscritas en la Lista Séptima —destinadas a uso privado— puedan ser alquiladas hasta un máximo de tres meses al año, una opción que hasta ahora estaba reservada exclusivamente a las embarcaciones de Lista Sexta, dedicadas a actividades de chárter náutico profesional.
Desde la Marina Mercante han adelantado que esta normativa entrará en vigor desde el 15 de agosto a través de una orden del Ministerio, tal como han avanzado desde Ports IB a La Voz de Ibiza, sin aguardar la aprobación del Real Decreto.
Antoni Mercant, director general de Puertos y Transporte Marítimo del Govern balear del que depende Ports IB, había alertado a La Voz de Ibiza que las facilidades para que un particular pueda alquilar su embarcación y, por lo tanto, suponga una competencia desleal a la potente industria del chárter náutico de Baleares, son máximas.
Dijo que esta propuesta ya había sido rechazada en la anterior legislatura por todo el arco parlamentario balear, pero que “desde Madrid insisten en la posibilidad de que la embarcación privada se pueda arrendar durante tres meses”.
Obviamente, el sector privado está en pie de guerra ante este dislate. Ramón Van Der Hooft, presidente de la Asociación de Náutica de Ibiza y Formentera, integrada en Pimeef, ha manifestado que “está claro que nosotros estamos completamente alineados con el Govern balear: creemos que sobran barcos, ya con la lista sexta hay una sobreoferta con todo el intrusismo que tenemos y en los puertos».
«Es una mala noticia pero ya se veía venir ya que estabamos al tanto del conflicto que hay entre Govern y la DGMM en Madrid”, dijo este lunes.
Además, ha añadido que «para el sector nautico profesional es una muy mala noticia que se abre la puerta a una nueva actividad que no se va a poder vigilar de ninguna manera».
La contraofensiva
Ante esta situación, el Govern balear prepara su contraofensiva: analiza retirar los amarres bases a los propietarios que utilicen tal opción en las zonas de los puertos autonómicos de gestión directa, como sucede en el de Sant Antoni, y rediscutir cánones con los adjudicatarios de gestión indirecta.
Mercant había adelantado que, en caso de ponerse en marcha la medida que favorece el alquiler de embarcaciones privadas, “tenemos que actuar de una manera distinta de la que estamos actuando ahora”.
El Govern maneja la idea de retirar el privilegio de contar con un amarre base, más económico, a los propietarios que decidan acogerse a tal beneficio de explotar sus embarcaciones particulares en los amarres que gestiona directamente y rediscutir los cánones que pagan los concesionarios de los puertos de gestión indirecta.
El nuevo decreto del Govern para regular el chárter náutico
Por su parte, el Govern ha entrado en la etapa final de la tramitación del nuevo decreto para regular el chárter náutico. No llegará a tiempo, no obstante, para que sea de aplicación esta temporada. Tendrá plena vigencia en la temporada 2026, reemplazando a la actual normativa 21/2017.
De todas formas, el Gover balear ya tiene listo el borrador de la normativa que incluye algunas de las más de 200 alegaciones presentadas por 22 empresas y particulares. Una vez superado trámite del Consell Consultiu, será aprobado por el Consell del Govern y publicado en el BOIB.
Por eso, según las estimaciones de Antoni Mercant, director general de Puertos y Transporte Marítimo del Govern balear del que depende Ports IB, la normativa habría cumplido todos los plazos para septiembre-octubre.
El decreto tiene por objeto la regulación del “ejercicio de la actividad de alquiler de embarcaciones y buques de recreo, con fines deportivos o recreativos, en puertos o puntos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares”.
Además, ratifica que las embarcaciones o los buques de recreo “no pueden alquilarse de manera parcial ni mediante la venta de billetes individuales”.
El artículo 5 determina que “las personas físicas o jurídicas que quieran ejercer la actividad de alquiler de embarcaciones y buques de recreo deben presentar una declaración responsable de inicio de actividad”.
Esta declaración responsable habilita para ejercer la actividad de alquiler de embarcaciones y buques de recreo desde el día en que se presenta. Tendrá una validez de un año.
Por otra parte, para ejercer la actividad, la embarcación debe disponer de alguna de las siguientes autorizaciones preceptivas: un amarre, o en su defecto una boya en un campo de fondeo autorizado acompañado de una autorización para embarcar y desembarcar clientes en un muelle.
De esta forma, la nueva normativa prohíbe operar a las empresas que no dispongan de un amarre, boya regulada o lugar de atraque en el archipiélago y veta la posibilidad de que los particulares puedan arrendar su barca tres meses al año como quiere Marina Mercante.
Además, el reconocimiento del derecho a ejercer la actividad en otra comunidad autónoma “no habilita para ejercerla en las Islas Baleares, aunque sí se puede navegar por ellas con origen y destino en otras comunidades, territorios o países”.
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