La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha elevado el tono del Govern en el conflicto abierto con el Gobierno central por el reparto de menores migrantes no acompañados. Este viernes, en plena escalada política, Fernández aseguró que Baleares no enviará menores a otras comunidades autónomas, ni siquiera si entra en situación de contingencia migratoria.
La declaración se produjo a través de un mensaje en su cuenta oficial en la red social X, y fue una respuesta directa a las palabras del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, quien había advertido que “lo que Baleares niega hoy a Canarias podría querer pedirlo dentro de unos meses”.
Rodríguez defendió que el sistema de acogida en las islas ya está al límite y que Baleares está “muy próxima” a acogerse a la posibilidad legal de derivar menores a otras regiones si se declara la llamada contingencia migratoria por incapacidad material de acogida. El delegado recordó que el decreto estatal establece la obligación de cooperar entre autonomías según sus capacidades y estructuras, algo que el Govern rechaza frontalmente.
En respuesta, Fernández ironizó con la supuesta ambigüedad del Gobierno: “El delegado que un día dice una cosa y al siguiente la contraria…”, y reafirmó que “lo que no haremos desde Baleares es imponer a otras comunidades con un sistema colapsado un reparto injusto que no tiene en cuenta las necesidades de los menores”.
De dónde surge el conflicto
El choque entre administraciones llega después de que el Govern de Marga Prohens —junto a otras autonomías gobernadas por el PP, salvo Ceuta— plantara esta semana a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, en la conferencia sectorial que debía abordar el reparto de los 400 menores procedentes de Canarias y Ceuta.
Rodríguez subrayó que no se trata de “repartir paquetes”, sino de garantizar derechos y responsabilidades. Y recordó que hay 6.000 menores en el país sin atención adecuada. Por eso, insistió en que “hay que actuar como país y cooperar”.
Desde el Ejecutivo central consideran que la negativa del Govern debilita una solución estructural y podría volverse en su contra si, en pocos meses, Baleares queda sin capacidad de acogida y necesita el respaldo de otras comunidades.
La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, también entró en el debate y advirtió que si las comunidades autónomas ignoran sus competencias, “tendrán que asumir sus responsabilidades”. Aseguró que el marco legal es claro y que los menores migrantes tienen derechos que no pueden ser usados como arma política.
