La cumbre celebrada este jueves en Palma, presidida por Marga Prohens y con la asistencia de los presidentes de los cuatro consells insulares, dejó claro que Baleares vive la crisis migratoria más grave de su historia reciente. Las intervenciones fueron unánimes: las islas están desbordadas y el Estado no está respondiendo a la magnitud del problema.
Cifras que disparan las alarmas
El Govern puso sobre la mesa datos incontestables: más de 4.700 personas han llegado en patera en lo que va de 2025, el doble que el año pasado a estas alturas. Solo en los últimos 20 días han desembarcado unas 1.500.
La presidenta Prohens fue tajante: “La ruta entre Argelia y Baleares es la que más crece en Europa”. En paralelo, 680 menores migrantes no acompañados están bajo tutela de Baleares, con una sobreocupación en los centros que supera el 1.000%.
Reclamos a Sánchez y a Bruselas
El núcleo político de la cumbre fue la exigencia de ayuda inmediata al Gobierno central y a la UE. Prohens reclamó a Pedro Sánchez que cumpla su compromiso de reforzar la cooperación con Argelia para frenar la salida de pateras y que active medidas extraordinarias en Baleares.
La presidenta avanzó además que en septiembre se reunirán con el comisario europeo de Migraciones para pedir el despliegue de Frontex en las islas, con medios técnicos como radares y drones y equipos especializados en control de fronteras.
Recurso al Supremo contra el reparto de menores
Otro de los acuerdos de la cumbre fue la decisión del Govern de llevar al Tribunal Supremo el reparto estatal de menores migrantes. El Gobierno prevé aprobar la próxima semana la orden que obligaría a Baleares a acoger a 49 jóvenes procedentes de Canarias y Ceuta, dentro del sistema de distribución entre comunidades autónomas. La aplicación de este reparto comenzaría el 28 de agosto, según avanzó Marga Prohens.
La presidenta defendió que Baleares no puede asumir más derivaciones y que recurrirá también el decreto del 22 de julio que regula este procedimiento. Además, pedirá al Supremo que suspenda cautelarmente la aplicación del reparto, alegando la falta de capacidad de las islas. “El Estado habla de números y cuotas, pero aquí hablamos de menores que necesitan una atención digna”, remarcó.
Pitiusas: la primera línea del colapso
Aunque la presión afecta a todo el archipiélago, las intervenciones de Ibiza y Formentera pusieron rostro al desbordamiento.
El Consell de Ibiza reconoció estar “desesperado y sin capacidad de respuesta”. Los proyectos de centros de acogida en los puertos de las Pitiusas siguen sin fecha, lo que obliga a improvisar recursos de urgencia ante cada desembarco.
En Formentera, el presidente Óscar Portas elevó el tono: la isla tutela a 137 menores, acumula 97 pateras incautadas y 19 más varadas en la costa, y carece de Salvamento Marítimo y de Cruz Roja. Portas habló de “crisis humanitaria y ambiental” y denunció que la isla más pequeña y frágil es la que proporcionalmente soporta más presión.
Emergencias constantes, cero estructura
El hilo común de la cumbre fue la constatación de que Baleares está condenada a gestionar emergencias en lugar de aplicar políticas preventivas.
Portas relató que incluso familias con menores deben pasar la noche en instalaciones improvisadas en Formentera hasta su traslado a Ibiza. “Estamos solos en primera línea, apagando fuegos cada día”, lamentó.
