Mientras la Delegación defiende que Baleares no cumple los parámetros de contingencia, el Govern asegura que el sistema de protección está sobrepasado y que dos de cada tres menores tutelados en las Islas son migrantes.
El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, recalcó que la comunidad “no está en situación de contingencia migratoria” como Canarias, Ceuta o Melilla. Según señaló, los umbrales fijados en la normativa no se superan en las Islas, por lo que el Estado no puede aplicar esta medida extraordinaria.
«Lo que no vale es decir que se está al 1.000 por cien de capacidad porque el Govern dice que solo tiene 65 plazas para acoger a menores. El Gobierno de España indica a las comunidades las plazas de acogida que deben tener cada una para dar una respuesta de país a este fenómeno», ha indicado.
Rodríguez pidió al Ejecutivo balear “seriedad y cooperación en lugar de confrontación”, aludiendo a que la gestión migratoria debe abordarse con una respuesta coordinada y solidaria entre administraciones. En sus palabras, la solución debe ser “sensible, digna y humanitaria como país” y no convertirse en un instrumento de disputa política.
El Govern pide formalmente la contingencia
En paralelo, la vicepresidenta y consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, remitió este lunes un escrito al Ministerio de Infancia y Juventud solicitando que Baleares pueda acogerse a la figura de contingencia migratoria. El objetivo, según explicó, es paralizar los traslados de menores no acompañados desde otras comunidades.
El Govern argumenta que el archipiélago vive una “presión sin precedentes”, con 4.895 personas llegadas en situación irregular en lo que va de año, de las que más de 350 son menores. En estos momentos, los consells insulares tutelan a 694 niños y adolescentes migrantes, pese a que la capacidad ordinaria establecida en el Real Decreto 743/2025 es de 406 plazas.
Riesgo para el sistema de protección
Estarellas advirtió de que la imposición de derivaciones sin apoyo ni consenso supondría un “riesgo directo tanto para los menores como para la sostenibilidad del sistema de protección”. Por ello, el Govern mantiene además una ofensiva jurídica contra la normativa estatal.
La presidenta Marga Prohens confirmó que la Abogacía de la Comunidad ya ha presentado recurso ante el Tribunal Supremo contra el Decreto 658/2025 y que prepara otro contra el Real Decreto 743/2025. Estos se suman a la impugnación del Real Decreto-ley 2/2025, actualmente admitida a trámite por el Tribunal Constitucional.
