Concurso bajo sospecha: antiguos concesionarios de chiringuitos advierten al Consell de Formentera con acciones legales inmediatas

Los antiguos concesionarios de los chiringuitos de Formentera vuelven a la carga por el mega concurso bajo sospecha y han intensificado su pulso contra las actuales adjudicaciones impulsado por el Consell Insular.

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Según ha podido saber La Voz de Ibiza, un grupo de los anteriores chiringuiteros ha presentado un escrito formal en el que reclama la adopción de seis medidas urgentes para garantizar la legalidad de las explotaciones.

En tal sentido, han advertido que, en caso de no obtener respuesta en el plazo de diez días, acudirán a la vía judicial con una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de las Islas Baleares.

Pedido de nulidad y sanciones

El documento insta al Consell a que se declare la extinción de las concesiones de los ocho quioscos, terrazas y baños autorizados, se practiquen inspecciones inmediatas y se abran expedientes sancionadores por ocupación irregular del dominio público marítimo-terrestre, modificaciones ilegales de los proyectos y vertidos no autorizados.

El colectivo subraya que las irregularidades son de tal gravedad que justifican la caducidad de los títulos concesionales y la apertura de procedimientos sancionadores en materia de costas y medio ambiente.

Por eso, reclaman “el cese de las actuaciones que constituyan una vía de hecho, al permitir explotar las concesiones sin contar con acta de reconocimiento previo e incumpliendo las condiciones de la concesión otorgada y al modificar de facto el contrato licitado”.

Entre esos seis puntos, también piden que se “ordene la suspensión del uso o actividad indebidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 211.9 del Reglamento General de Costas, pudiendo proceder al precinto de las instalaciones”.

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Por otra parte, también reclaman que “se abra la correspondiente investigación sobre posibles falsedades en la planimetría elaborada y aportada por uno de los explotadores de las concesiones, se emita informe sobre los incumplimientos detectados en el informe de Demarcación de Costas y se depuren las correspondientes responsabilidades, inclusive se incoe el correspondiente expediente sancionador por el falseamiento de la información suministrada a la Administración”.

Por último piden “acceso y copia de las actas de comprobación de las obras, del informe emitido por el Coordinador de Seguridad en Playas y a cualesquiera otros documentos emitidos al respecto de los socorristas reactivos remitidos en los dos últimos años a la DG de Emergencias, dependiente de la CAIB, y se identifiquen a las autoridades y al personal al servicio del Consell bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos objeto del presente escrito”.

Este punto se debe a que los actuales concesionarios no están cumpliendo con la obligación de disponer de servicio de socorrismo durante las horas de apertura, una condición que figura en el pliego de concesión como esencial para la seguridad en las playas.

Según los antiguos adjudicatarios, esta exigencia solo se estaría respetando en el caso de uno de los chiringuitos, gestionado precisamente por un concesionario anterior que sí renovó su licencia.

Establecen ‘deadline’

Con el nuevo escrito, el colectivo advierte que el tiempo de espera se ha agotado. Si el Consell no actúa en el plazo de diez días, los antiguos concesionarios formalizarán una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Baleares para reclamar la nulidad de las concesiones y la depuración de responsabilidades.

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Las siete irregularidades detectadas

Los antiguos adjudicatarios sostienen su reclamación en siete faltas graves, muchas de ellas desveladas por La Voz de Ibiza a lo largo de los últimos dos años:

• Incumplimiento del desmontaje anual exigido por el Reglamento de Costas.
• Estructuras no desmontables, con quioscos que tardan hasta 45 días en ser montados y retirados.
• Ausencia del acta de reconocimiento previo de obras, imprescindible para validar la ubicación en dominio público marítimo-terrestre.
• Instalación en zonas inundables, con locales que incumplen la franja de seis metros desde la pleamar y son alcanzados por el mar.
• Invasión de dominio público no autorizado, con tuberías de saneamiento de 270 metros en Migjorn, movimientos de arena, rotura de dunas y vertidos en la arena.
• Modificación sustancial del título concesional, con quioscos situados en ubicaciones distintas a las autorizadas y sin respetar la distancia mínima de 300 metros entre locales.
• Falta de exposición pública del proyecto concesional, lo que habría impedido alegaciones de vecinos y afectados.

Un historial de quejas previas

Este nuevo escrito se suma a un historial de denuncias. En mayo pasado, los antiguos concesionarios ya reclamaron sanciones por faltas “muy graves”, como la ausencia de servicio de socorrismo en la mayoría de quioscos, una obligación recogida en los pliegos de concesión y reconocida por el propio Consell.

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Entonces acusaron a la institución insular de inacción y de “encubrir irregularidades” al no abrir expedientes sancionadores. Señalaron también retrasos en las adjudicaciones, incumplimientos de horarios y problemas en la retirada de residuos.

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