CONCURSO BAJO SOSPECHA

Córdoba desliza que la complicidad de Sa Unió en la insumisión de los chiringuitos tendrá consecuencias económicas para el Consell de Formentera

El expresidente de Formentera sostiene que la colaboración del gobierno de Sa Unió para que los chiringuitos no hayan sido desmontados traslada genera un riesgo al Consell: "Nos pedirán indemnizaciones"

Llorenç Córdoba durante el pleno del mes de febrero.
Llorenç Córdoba durante el pleno del mes de febrero.

La insumisión de los chiringuitos y del Consell de Formentera bajo gobierno de Sa Unió a la obligación de desmontar los chiringuitos un mínimo de 30 días, entre el 15 de enero y el 15 de febrero, también formó parte del rifirrafe protagonizado por el expresidente Llorenç Córdoba y la vicepresidenta primera, Verónica Castelló, durante el pleno del mes de febrero celebrado el jueves.

Córdoba interpeló a Castelló sobre la insumisión del incumplimiento de desmontaje de los quioscos de playa entre el 15 de enero y el 15 de febrero.

“¿Por qué razón indicó a los adjudicatarios de los lotes de quioscos que no desmontaran? ¿Es consciente de qué consecuencias tendrá esta decisión para el Consell y para los ciudadanos? ¿Nos puede explicar estas consecuencias y qué piensa al respecto?”, preguntó Córdoba.

Castelló expuso que “en ningún momento he indicado de forma alguna a los concesionarios de quioscos que no desmontaran”.

Sin embargo, Córdoba recordó que “la Conselleria de Movilidad y Medio Ambiente ha remitido un escrito a la Dirección General de Costas y Litorales solicitando como medida cautelar la suspensión de la obligación de desmontar los quioscos de playa del 15 de enero al 15 de febrero. El escrito también anuncia que se comunicará a los adjudicatarios de los establecimientos que cesen la actividad y cierren entre el período anteriormente mencionado mientras no haya una resolución, con el fin de evitar perjuicios y repararlos”.

“Esto lo que hace es trasladar la responsabilidad que tenían los adjudicatarios en el cumplimiento de toda la normativa y de la titularidad, trasladar toda esa responsabilidad al Consell Insular, la responsabilidad de sanciones, de obligaciones y de cumplimiento de toda esta normativa. Al mismo tiempo, también lo que hace es que, si por no haber desmontado los adjudicatarios se les hace caducar la titularidad, será usted la responsable de que se les caduque la titularidad. Y si se les hace caducar por este motivo, nos pedirán indemnización, la cual pagará el pueblo por esta decisión”, apuntaron.

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Córdoba dijo también que “les dejamos hecho un informe que habíamos solicitado a la Conselleria del Mar sobre cuál era su opinión: si se tenía que desmontar o no se tenía que desmontar, porque ya nos lo habían preguntado los adjudicatarios y nos habían contestado. Y nos dijeron que sí, que no había ninguna opción de no desmontar. Nos dieron las indicaciones, un informe firmado por una jurista y por el responsable del contrato, que se comunicó a todos los adjudicatarios. Ya lo sabían. Y usted viene y contradice un informe que viene de Costas, que está firmado por los funcionarios del Consell y que ahora mismo crea indefensión en el Consell y en los adjudicatarios”.

La vicepresidenta primera argumentó que “yo ese informe no lo he encontrado todavía. Si quiere, puede hacer como Gent per Formentera, que ha hecho un registro solicitando cuáles eran las acciones que se habían llevado a cabo respecto a este asunto. Yo le he dado respuesta con toda la documentación que tenemos de parte del Consell y que hemos recibido. También he hecho consultas a la Conselleria del Mar del Govern Balear con los registros de salida y todo”.

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