El campo de Baleares podría convertirse en un nuevo escenario del turismo insular si prospera la nueva ley agraria que impulsa el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet. El borrador de la norma, compartido ya con asociaciones agrarias y profesionales del sector, prevé que las explotaciones agrícolas profesionales puedan ofrecer hasta diez plazas de alojamiento turístico y ampliar sus edificaciones en un 20 % para desarrollar esta actividad.
La medida pretende dar viabilidad económica al campo balear, permitir la diversificación de ingresos y resolver la actual situación de indefinición legal sobre las llamadas agroestadas —una fórmula de turismo rural ligada a explotaciones agrícolas—.
De seis a diez plazas: un modelo rural con vocación turística
Hasta ahora, las fincas profesionales podían ofrecer seis agroestadas, pero la ley vigente no establecía con claridad las condiciones para hacerlo. Una fuente jurídica de la Administración, citada por ARA Balears, asegura que con la nueva redacción “se pretende resolver la anterior situación de vacío normativo”, al detallar los requisitos para poner en marcha la actividad.
El texto fija que las explotaciones deben llevar inscritas al menos cuatro años en el registro agrario y que el turismo debe plantearse formalmente como una actividad complementaria, no sustitutiva de la labor agrícola.
Los alojamientos podrán situarse en la vivienda del propietario o del trabajador de la finca, o en otras construcciones del terreno, siempre que no estén fuera de ordenación urbanística. En todos los casos, las plazas computarán como plazas turísticas oficiales, integradas en la bolsa de plazas del Govern, y deberán adquirirse siguiendo los procedimientos legales.
Rentabilidad y sostenibilidad, los dos ejes del plan
El conseller Joan Simonet ha defendido en distintas ocasiones que “el campo debe ser rentable” para garantizar su futuro. Según su visión, la supervivencia de las explotaciones agrícolas no depende solo de la producción, sino también de la capacidad de los payeses para gestionar, innovar y diversificar sus fuentes de ingreso.
“El campo no puede vivir de números rojos”, repite Simonet, quien considera que el turismo rural puede ser una herramienta de apoyo económico para mantener viva la actividad agrícola y fijar población en las zonas rurales.
Recelo ecologista y debate político
El planteamiento no convence a todos. Entidades como el GOB y la Asociación de Productores Ecológicos de Mallorca (Apaema) han advertido del riesgo de desvirtuar la función productiva del suelo rústico si se permite una apertura excesiva al turismo. Reclaman priorizar las actividades agrícolas y evitar que las fincas se conviertan en negocios turísticos encubiertos.
Desde el inicio de la legislatura, estas organizaciones también han alertado sobre la “tentación de llenar el campo de placas solares o chalets”, una posición que Simonet ha matizado: “No creo en la prohibición sistemática”, señaló en una entrevista reciente, defendiendo la necesidad de equilibrio entre actividad agraria, innovación y aprovechamiento económico.
Una ley para simplificar y modernizar el sector
Más allá del turismo, el anteproyecto de ley incluye otras medidas clave:
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Simplificar los trámites administrativos para que las ayudas lleguen más rápido a los agricultores.
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Mejorar las infraestructuras rurales y los sistemas de regadío.
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Fomentar la formación en gestión, comercialización y nuevas tecnologías.
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Promover la diversificación de actividades como vía para mantener la rentabilidad del campo.
Desde la Conselleria sostienen que el texto busca “dar un marco estable y claro al sector agrario” y evitar la dependencia exclusiva de las subvenciones.
Sin embargo, algunos partidos de la oposición ya han mostrado su preocupación por la turistificación del campo, y se espera que el debate parlamentario sea intenso una vez el proyecto llegue al Parlament de les Illes Balears en las próximas semanas.
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