El Gobierno central ha lanzado un requerimiento formal al Govern balear para que implante de inmediato el registro de objetores de conciencia en materia de aborto, una herramienta obligatoria por ley que permite garantizar tanto el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo como el de los profesionales sanitarios a ejercer su objeción de conciencia.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este martes que el Ejecutivo ha enviado comunicaciones oficiales a las consejerías de Sanidad de Baleares, Madrid y Aragón, las tres únicas comunidades que no han puesto en marcha el registro obligatorio. “No es algo opcional ni una ocurrencia, es una obligación legal”, subrayó García durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El Gobierno otorga a las comunidades un plazo de un mes para responder o corregir la situación. Pasado ese tiempo, Sanidad dispone de dos meses adicionales para presentar un recurso contencioso-administrativo y forzar judicialmente su cumplimiento, según lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
“Saltarse este procedimiento no solo vulnera los derechos de las mujeres, también los de los profesionales que quieren ejercer de manera activa e individual su derecho a la objeción de conciencia”, advirtió García, quien acusó a las administraciones autonómicas incumplidoras de desatender un mandato legal aprobado en 2023.
Baleares, entre las tres comunidades señaladas
El requerimiento llega después de que el Ministerio constatara que Baleares, Madrid y Aragón son las únicas autonomías que no han desarrollado el registro, frente a la mayoría de comunidades que ya lo han implementado o se encuentran en fase de tramitación. Según explicó la ministra, “solo Madrid ha sido explícita en su negativa a cumplir la ley, mientras que Baleares y Aragón no han hecho nada”.
El escrito remitido por Sanidad va dirigido a la consellera de Salut, Manuela García, quien deberá informar sobre los avances del Govern en esta materia o proceder a la creación del registro en el plazo de 30 días. De no hacerlo, el Gobierno podría llevar el caso ante los tribunales.
La ministra aprovechó para responder también a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que se ha mostrado públicamente contraria a la creación del registro de objetores. “Le recomendaría que recoja cable y abandone su cruzada contra las mujeres y los derechos conquistados”, sentenció García.
Baleares, segunda comunidad con más abortos voluntarios
El requerimiento llega en un momento en el que Baleares atraviesa un incremento sostenido de interrupciones voluntarias del embarazo. Según los últimos datos del informe IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) elaborado por la Conselleria de Salut, en 2024 se registraron 3.317 abortos en el archipiélago, la segunda cifra más alta de su historia, solo por detrás de 2011.
Esto supone casi un centenar más que en 2023 (3.223) y consolida a Baleares como la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de abortos del país, con 13,87 por cada 1.000 mujeres, según los datos del Ministerio de Sanidad.
Según recogió Cadena SER, la doctora Elena Jiménez, coordinadora de Salud Sexual y Reproductiva en Son Espases, atribuye esta tendencia a varios factores estructurales: una población joven, la alta rotación del personal sanitario y la persistencia de desigualdades territoriales en el acceso a la prestación. “Hay provincias que no realizan abortos o no facilitan el traslado a otras, lo que genera una inequidad enorme”, explica.
En Baleares, sin embargo, el acceso es más garantista que en otras regiones. El 62% de las interrupciones se realizan en la sanidad pública, aunque los nuevos casos de 2024 se han concentrado en centros privados. Por edades, la mayoría de los abortos (dos de cada tres) se producen entre los 20 y los 35 años, con una reducción de los casos entre adolescentes.
Más de la mitad de los abortos se realizan en clínicas privadas
El informe estatal del Ministerio de Sanidad también revela que el 54,6% de los abortos en Baleares se practican en centros privados, una cifra que, aunque inferior a la media nacional (78,7%), sigue reflejando la dependencia de la red privada para esta prestación sanitaria.
En 2024, el método farmacológico fue el más utilizado, con 2.485 intervenciones (el 74,3% del total). Este procedimiento, más accesible y menos invasivo, ha favorecido la integración parcial de la IVE en el sistema público.
En España, se registraron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo en 2024. De ellas, solo el 21,2% se realizaron en centros públicos, una proporción que, aunque mejora respecto a años anteriores, sigue mostrando una fuerte desigualdad territorial. En comunidades como Cantabria, Galicia o Navarra, la mayoría de los abortos ya se realizan en hospitales públicos, mientras que en Andalucía o Madrid el porcentaje apenas alcanza el 1%.
Medidas para garantizar el acceso y la equidad
El Ministerio de Sanidad considera que el registro de objetores es un instrumento clave para garantizar el acceso equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo, especialmente en comunidades donde el número de profesionales no objetores es reducido.
Entre las medidas destacadas por el informe estatal figuran la implantación homogénea de los registros de objetores, la presencia de equipos no objetores en todos los niveles del sistema sanitario y la normalización de la IVE como una prestación más del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, se plantea fomentar el uso del método farmacológico y reforzar la formación del personal sanitario en salud sexual y reproductiva con enfoque de género.
Un mes clave para Baleares
El Govern balear dispone ahora de un mes para responder al requerimiento del Ministerio de Sanidad y evitar una posible vía judicial. La consejera de Salut, Manuela García, deberá acreditar si se están dando pasos hacia la creación del registro o justificar la demora en su implementación.
El caso de Baleares resulta especialmente significativo, ya que el archipiélago combina una de las tasas más altas de abortos del país con un modelo sanitario que aún no ha completado la implantación de los mecanismos necesarios para garantizar el acceso universal y público a esta prestación.
Si el Govern no actúa en el plazo fijado, Sanidad podría interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para obligar a la comunidad a cumplir la ley.
