BIODIVERSIDAD

Proponen penas penales para megayates que destruyen posidonia en Ibiza

Un experto en Derecho Penal plantea confiscar las embarcaciones que fondean sobre praderas marinas protegidas.

El Foro Marino de Ibiza y Formentera, que ha culminado este jueves, ha abierto un nuevo frente legal en la lucha por proteger la posidonia oceánica. Durante su intervención, el profesor de Derecho Penal Esteban Morelle-Hungría propuso denunciar por la vía penal a los responsables de los grandes yates que destruyen estas praderas con sus anclas. Hasta ahora, estos daños solo se sancionan por vía administrativa, lo que, según el jurista, es insuficiente en algunas circunstancias.

Aplicar el Código Penal permitiría incluso confiscar embarcaciones

Durante el foro, Morelle-Hungría defendió que el Código Penal contempla herramientas jurídicas para actuar contra quienes causan daños graves al medio ambiente marino. En su opinión, esta vía permitiría incluso la confiscación de embarcaciones que hayan fondeado de forma destructiva sobre posidonia, una medida que hasta ahora no ha sido explorada en los tribunales españoles.

«No existe ninguna sentencia que reconozca la criminalidad en el mar», apuntó según recoge IB3, subrayando que el ordenamiento jurídico sí lo permitiría. El experto alertó también de que los actuales marcos sancionadores no frenan la destrucción de este hábitat prioritario, declarado patrimonio natural por la Unesco y protegido por la legislación europea.

Las víctimas invisibles del mar: los animales marinos

En su intervención, Morelle-Hungría hizo hincapié en que los daños provocados por el fondeo ilegal no solo afectan a la posidonia, sino también a los ecosistemas que dependen de ella. «Las víctimas invisibles de esta criminalidad son los animales marinos», señaló el penalista, poniendo el foco en la falta de respuesta penal ante acciones que tienen consecuencias directas sobre la biodiversidad.

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Sin embargo, matizó que esta vía no serviría para perseguir delitos relacionados con vertidos de salmuera o las depuradoras gestionadas por administraciones públicas, debido a limitaciones legales en estos casos.

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