El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en segunda vuelta, el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), una reforma que busca transformar el actual sistema judicial español. La medida, impulsada por el Ministerio de Justicia, plantea que la instrucción de las causas penales pase de los jueces a los fiscales, lo que supondría un cambio estructural sin precedentes en el modelo penal vigente.
El texto, sin embargo, no cuenta con apoyos garantizados en el Parlamento, por lo que su futuro legislativo es incierto. El objetivo declarado del Gobierno es “modernizar el sistema judicial, reforzar la independencia del Ministerio Fiscal y garantizar mayores garantías procesales”.
El fiscal, nuevo director de las investigaciones
La principal novedad del proyecto es que el Ministerio Fiscal dirigirá todas las investigaciones penales, relegando a los jueces de instrucción a un papel de control de garantías.
En este nuevo esquema, los fiscales tendrán a sus órdenes directas a las unidades de policía judicial, incluidas la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
El modelo prevé tres fases diferenciadas:
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Investigación dirigida por el fiscal y supervisada por un juez de garantías.
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Audiencia preliminar, en la que otro juez decidirá si procede abrir juicio oral.
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Juicio, celebrado ante un tercer juez distinto, que valorará las pruebas y dictará sentencia.
El juez de garantías tendrá un papel esencial en la protección de los derechos fundamentales, controlando medidas como la prisión provisional, los registros domiciliarios o la intervención de comunicaciones.
Reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal
La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal va acompañada de una reforma profunda del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para adaptarlo a sus nuevas funciones. Entre los principales cambios destaca la ampliación del mandato del fiscal general del Estado a cinco años no renovables, desvinculándolo del cese del Gobierno de turno.
Hasta ahora, el mandato era de cuatro años, pero finalizaba automáticamente cuando cambiaba el Ejecutivo que lo había propuesto. Además, la norma refuerza el poder de la Junta de Fiscales de Sala, que podrá imponer su criterio sobre el del fiscal general si cuenta con el respaldo de tres quintas partes de sus miembros. “Se pretende blindar la autonomía interna del Ministerio Fiscal y evitar injerencias políticas”, señalan fuentes del Ministerio de Justicia, según recoge EL MUNDO.
Críticas por el control de la cúpula fiscal
Pese al discurso oficial, la reforma ha generado sospechas de control político sobre la Fiscalía. En los últimos años, la institución ha sido dirigida por fiscales de perfil progresista, vinculados a la Unión Progresista de Fiscales, durante los mandatos de Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz, ambos nombrados por el actual Gobierno.
Dado que los miembros de la Junta de Fiscales permanecen en el cargo hasta su jubilación a los 72 años, la reforma, de aprobarse, garantizaría una mayoría ideológica afín al actual Ejecutivo durante años, incluso en caso de cambio de Gobierno.
Nuevas garantías y límites al poder del Ejecutivo
El texto establece que el Gobierno no podrá enviar instrucciones particulares al Ministerio Fiscal sobre casos concretos, una práctica que quedará expresamente prohibida. Las comunicaciones generales entre el Ejecutivo y la Fiscalía deberán ser públicas y registradas, lo que busca reforzar la transparencia.
Asimismo, el cese del fiscal general del Estado solo podrá producirse en casos de incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, y siempre previo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Se trata de blindar la independencia del Ministerio Fiscal y sujeción exclusiva a la ley”, sostienen desde Justicia.
Limitaciones a la acusación popular
Otra de las novedades relevantes es la restricción del ejercicio de la acusación popular. La futura ley impide que partidos políticos, sindicatos o entidades públicas puedan ejercerla, dejando esta herramienta solo a disposición de personas físicas o jurídicas privadas.
Además, delimita los delitos en los que podrá ejercerse, entre ellos los de corrupción, violencia de género, delitos de odio, financiación ilegal de partidos políticos o delitos contra los consumidores. Esta medida, según el Gobierno, pretende evitar un uso partidista del proceso penal, aunque diversos juristas advierten que podría limitar la participación ciudadana en la justicia penal.
Una transición gradual hasta 2028
Si la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal supera el trámite parlamentario, entrará en vigor el 1 de enero de 2028. El Ejecutivo insiste en que la reforma no afectará a los procedimientos en curso ni al actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien afronta un proceso en el Tribunal Supremo por la supuesta filtración de datos reservados del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. “El nuevo modelo garantiza más eficiencia y transparencia en la investigación penal”, subrayan fuentes de Moncloa.
