El coordinador insular de Pacma en Ibiza, Olivier Hassler, ha presentado una denuncia ante la Delegación del Gobierno en Baleares, la Subdelegación del Gobierno en Ibiza y el Juzgado de Instrucción de Guardia por la presunta continuidad de la actividad en el centro de protección animal Can Dog, clausurado de forma cautelar administrativa el pasado 23 de octubre por el Consell de Ibiza.
Según recuerda Pacma en un comunicado, la orden de cierre incluía la prohibición de entrada de nuevos animales y la obligación de vaciar completamente las instalaciones en un plazo de siete días hábiles, tras detectarse presuntas irregularidades reiteradas por parte de los servicios veterinarios. Sin embargo, en la denuncia presentada, Hassler asegura seguir recibiendo avisos vecinales y testimonios que señalan que alrededor de 22 perros permanecerían aún en el interior del recinto, sin que exista confirmación pública de que el desalojo se haya ejecutado.
El escrito subraya que se observaría actividad en el centro incompatible con la suspensión dictada y que esta situación podría comprometer el bienestar de los animales afectados. Por ello, Pacma ha solicitado la adopción de medidas cautelares urgentes, entre ellas la retirada judicial de los perros, su traslado a un centro autorizado y la personación del Seprona para verificar su estado.
La formación insiste en que mantener animales dentro de unas instalaciones clausuradas “supone un riesgo evidente para su vida e integridad” y reclama una actuación inmediata de las administraciones para garantizar el cumplimiento efectivo de la orden de cierre y la protección de los animales.
