El futuro del traslado de residuos desde Ibiza hasta la incineradora de Mallorca vuelve a quedar en el aire. El Govern admite que el proceso está paralizado y que, por ahora, no existe marco legal que permita poner en marcha el plan piloto previsto. La responsabilidad, según el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, recae en los votos en contra de los grupos de izquierdas y Vox en el Parlament, una decisión que ha dejado sin efecto el decreto ley que debía habilitar la operación.
Costa ha explicado que el decreto de Proyectos Estratégicos, rechazado el 30 de septiembre, contenía la disposición necesaria para dar cobertura jurídica al traslado temporal de residuos. Sin esa validación, el Govern asegura que no puede realizar la prueba piloto ni encontrar alternativas normativas: “Hemos estudiado todas las opciones y ninguna ofrece seguridad jurídica”, ha afirmado.
Sin apoyo parlamentario, el Govern no moverá ficha
El vicepresidente ha sido claro al respecto: el Ejecutivo no volverá a llevar el decreto a la Cámara autonómica si no tiene garantizados los apoyos suficientes. Según Costa, bastaría el respaldo parlamentario para reactivar de forma inmediata el mecanismo que permitiría iniciar los traslados entre islas.
Además del punto dedicado a los residuos, el decreto incluía una segunda disposición relativa a un convenio plurianual valorado en 50 millones de euros destinado al Consell de Mallorca. Ese acuerdo tenía como objetivo compensar parte de las inversiones realizadas por TIRME, la empresa encargada del tratamiento de residuos, y aliviar los costes del proceso.
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Ibiza continúa sin alternativa operativa
Mientras no se apruebe un nuevo marco legal, el Govern admite que no hay solución inmediata para activar el plan piloto. La paralización obliga a Ibiza a seguir gestionando sus residuos sin poder apoyarse en la infraestructura mallorquina, una situación que complica los plazos y los planes previstos para mejorar el tratamiento insular.
Costa ha lamentado la falta de consenso político y ha advertido de que el bloqueo “no responde a criterios técnicos, sino a una posición estrictamente política”, que —según sus palabras— perjudica a los ciudadanos de Ibiza y frena una medida planteada para aliviar la presión sobre el sistema de gestión de residuos de la isla.
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