El empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola, propietario de la compañía Servinabar 2000, ha sido detenido en el marco de la operación desplegada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para desmantelar una presunta trama de corrupción con ramificaciones políticas y empresariales. Servinabar es una pieza central en la causa que el Tribunal Supremo sigue contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el exministro José Luis Ábalos, investigados por beneficiarse presuntamente de adjudicaciones públicas junto a la constructora Acciona durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.
Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a EL PAÍS que Alonso figura entre los detenidos, junto a la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero. La operación ha movilizado registros simultáneos en empresas y domicilios de Madrid, Sevilla y Zaragoza, incluida la sede de la compañía Forestalia, vinculada a Servinabar.
Una red que habría comenzado en 2018
Según indican las pesquisas, la presunta trama comenzó a operar poco después de la llegada del PSOE al Gobierno en 2018. Ese mismo año, Vicente Fernández asumió la presidencia de la SEPI y la exconcejala socialista Leire Díez pasó a ocupar un puesto en la empresa pública ENUSA Industrias Avanzadas SA, dependiente de dicho organismo estatal.
La investigación, ahora en manos del juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña y bajo secreto, atribuye a los implicados la posible comisión de delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Anticorrupción considera que el entramado habría operado canalizando contratos públicos, influencias dentro de organismos estatales y aportaciones económicas a empresas participadas por responsables políticos.
El papel de Cistec Technology y el ascenso patrimonial de Fernández
Una parte sustancial de la investigación se centra en la empresa vasco-navarra Cistec Technology, de la que Leire Díez fue consejera entre 2021 y 2023, justo después de dejar ENUSA. La compañía pasó a estar participada en 2018 en un 25% por Sepides, dependiente de la SEPI y presidida entonces por Fernández. A partir de esa entrada de capital público, según fuentes del caso, la empresa obtuvo numerosas subvenciones y contratos oficiales. Cistec sostiene que no existió irregularidad alguna y que Díez “no recibió ninguna retribución” durante su etapa como consejera.
La UCO también analiza la situación patrimonial de Vicente Fernández, cuyos bienes se habrían multiplicado tras su paso por la SEPI. Entre sus propiedades figuran, según la investigación, un piso de más de 300 metros en Puerta de Hierro (Madrid), dos chalets en una urbanización exclusiva de El Aljarafe (Sevilla), tres inmuebles en Marbella en primera y segunda línea de playa, además de garajes y trasteros. El valor total superaría los cuatro millones de euros.
Un bar en Sevilla bajo sospecha
La trama también apunta hacia Sevilla, concretamente al establecimiento Bar La Bola, situado en la isla de La Cartuja. El local pertenece desde 2023 a una sociedad supuestamente controlada por Fernández. Según fuentes próximas al caso, tras su llegada el bar pasó de declarar pérdidas a “facturar importantes cantidades de dinero”, lo que ha despertado sospechas de posible blanqueo de capitales.Los audios del fiscal Ignacio Stampa destapan una reunión secreta con una exmilitante del PSOE que decía actuar por encargo del partido
Los vínculos directos entre Fernández y Antxon Alonso
Los investigadores destacan que Fernández trabajó entre 2021 y 2023 como asesor externo de Servinabar, la empresa de Antxon Alonso. En el sumario consta documentación que acredita pagos de 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023 a favor del expresidente de la SEPI. Además, Hacienda de Navarra remitió información sobre retenciones de 40.800 euros en 2022 por parte de la constructora, aunque no especifica la cifra total percibida ese año.
Una operación en marcha y nuevas diligencias
La investigación continúa activa y se prevé que a lo largo del jueves la UCO practique nuevas diligencias. Mientras tanto, la organización Hazte Oír ha solicitado personarse como acusación particular en la causa.
Las autoridades consideran a Antxon Alonso una pieza clave en el engranaje empresarial que facilitó la presunta trama de corrupción, cuyo alcance político y económico continúa bajo análisis en una de las investigaciones más sensibles de los últimos años.
