El Govern balear ha denunciado la “insostenible” crisis migratoria que sufre el archipiélago y ha vuelto a reclamar al Gobierno de España que Baleares sea excluida del reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, ante el aumento continuado de llegadas de inmigración irregular.
Así lo ha expresado este lunes el director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón, quien ha advertido de que la comunidad autónoma “empieza 2026 como acabó 2025, con una nueva oleada de inmigración irregular”, tras la llegada en los primeros cinco días del año de siete pateras con cerca de 150 migrantes a bordo. Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno, el número total de personas llegadas asciende a 147.
Pavón ha señalado que esta situación confirma que la crisis migratoria en Baleares “ya no es un hecho puntual ni coyuntural, sino un problema consolidado”, que genera una creciente presión sobre los recursos de acogida y atención del archipiélago. “Es una realidad que preocupa profundamente a este Govern”, ha subrayado.
Ante este escenario, el responsable autonómico ha exigido al Gobierno central —y en particular al presidente Pedro Sánchez, al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez— que adopte medidas urgentes para frenar la situación. En este sentido, ha recordado que la protección y el control de fronteras no son competencias autonómicas, pero sí lo es “exigir que se cumpla la normativa vigente”.
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“El Govern tiene la obligación de reclamar que se tomen medidas eficaces para poner fin a la ruta migratoria entre Argelia y Baleares”, ha afirmado Pavón, insistiendo en que esta es la línea de actuación que está siguiendo el Ejecutivo autonómico.
El Govern sostiene que la singularidad territorial de Baleares y la presión que ya soportan sus servicios sociales y de acogida justifican su petición de quedar fuera del reparto de menores migrantes no acompañados, al tiempo que reclama una respuesta más contundente del Estado ante una crisis que considera estructural y no puntual.
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