La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, ha alertado este martes en el Parlament del incremento «al alza» de la llegada de pateras al archipiélago y del coste que supone su retirada. Según explicó, desmantelar cada una de estas embarcaciones tiene un coste aproximado de 1.000 euros, un gasto que —según subrayó— termina repercutiendo en los ciudadanos baleares pese a no ser competencia directa del Govern.
Estarellas detalló que, hasta el 15 de noviembre, el Ministerio ha contabilizado 365 pateras arribadas al litoral balear, una cifra que confirma la intensificación del fenómeno migratorio irregular en la comunidad. La consellera lamentó que Baleares «está sola» ante esta situación pese a haber reclamado apoyo al Gobierno central, al que acusó de mantener una «nula política migratoria».
La intervención fue en respuesta a una pregunta de la diputada de Vox Patricia de las Heras, quien afirmó que el coste total de retirar y destruir las embarcaciones abandonadas podría superar los 200.000 euros en el conjunto del archipiélago. Además, denunció que estas pateras son utilizadas por mafias argelinas para lucrarse con los viajes y criticó que, pese al impacto ambiental que generan, «los ecologistas no aparecen».
La consellera insistió en que el Govern no puede ofrecer una cifra exacta, dado que la gestión de estas embarcaciones no forma parte de sus competencias. Aun así, recalcó que su retirada supone una carga económica añadida para las administraciones locales y autonómicas, que se ven obligadas a asumir parte del coste ante la falta de respuesta estatal.
Estarellas concluyó señalando que la presión migratoria en Baleares constituye un desafío creciente y abogó, una vez más, por que el Gobierno central asuma su responsabilidad en materia de control fronterizo y gestión de llegadas.
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