La Audiencia Provincial de Palma ha ordenado continuar el procedimiento contra el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, por el caso vinculado a la campaña turística “La Vida Islados” y por las coacciones denunciadas por la interventora de la institución, después de revocar el sobreseimiento provisional dictado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza en diciembre de 2024.
La Sala ha estimado parcialmente los recursos presentados por el PSOE y por la interventora, y sostiene que el procedimiento debe seguir para aclarar extremos relativos a la adjudicación del contrato y para analizar el bloque de coacciones denunciadas.
Así se informa en el auto fechado el 22 de diciembre de 2025. El auto acota el debate: por un lado, no centra el reproche en el contexto de emergencia sanitaria; por otro, pone el foco en los controles mínimos exigibles y en la documentación posterior a la adjudicación. En ese marco, la Sala descarta que el uso del procedimiento de emergencia, por sí solo, sustente responsabilidad penal, pero mantiene viva la causa por cómo se tramitó y por las coacciones denunciadas.
Según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, el juzgado deberá ahora dar traslado a las partes para que presenten sus escritos de calificación provisional y, con ese trámite, decidir si procede la apertura de juicio oral.
La adjudicación, en el centro
El caso se remonta al verano de 2020, cuando el Consell adjudicó un contrato de 250.000 euros para una campaña de promoción turística en plena crisis por la COVID-19. La adjudicación recayó en Fuera de Escena SL, y la resolución destaca que, una vez elegido el procedimiento de emergencia, deben respetarse trámites esenciales para evitar arbitrariedades.
En su razonamiento, la Sala indica que, a diferencia de otros contratos tramitados en condiciones similares durante la pandemia, en este caso no constaría la comparación con precios de mercado, y sostiene que existen indicios de una adjudicación “sin seguir los trámites esenciales del procedimiento administrativo”, por lo que la causa debe continuar.
El escrito de la Audiencia Provincial dice: “Si las relaciones personales existentes entre el Sr. Vicent Marí y las personas que formaron parte de la empresa tuvieron o no relación directa con la adjudicación del contrato, será una cuestión a dilucidar en el seno del juicio oral”.
En la misma línea, el PSOE sostiene que el tribunal considera que existen “indicios suficientes para que la causa deba continuar”, y subrayan que el auto menciona la necesidad de esclarecer parte de la documentación posterior a la adjudicación.
Coacciones denunciadas por la interventora
El procedimiento también continúa por los hechos denunciados por la interventora, que atribuye a Marí presuntas coacciones y acoso. En su comunicado, el PSOE afirma que el tribunal considera que no se trata solo de una declaración, sino que la denuncia estaría respaldada por documentación y elementos que deben valorarse en el curso del procedimiento.
La acusación particular, ejercida por el letrado David Salvà en representación de la interventora, pretende atribuir a Marí delitos de tráfico de influencias, prevaricación, lesiones psicológicas y coacciones, y solicitar penas de prisión.
Por otra parte, las mismas fuentes jurídicas citadas por Europa Press apuntan que, si la causa llega a juicio, este se celebraría previsiblemente en la Audiencia Provincial de Palma.
Reacciones políticas
El PSOE ha exigido la dimisión inmediata del presidente insular. La portavoz socialista en el Consell, Elena López Bonet, ha calificado el asunto como “el caso más grave que ha vivido nunca el Consell Insular” y sostiene que la continuidad del procedimiento impide presentar la resolución como un cierre del caso.
También carga contra lo que describe como un intento del PP de “maquillar” la situación al enfatizar que el tribunal avala el contrato de emergencia. López Bonet ha dicho que “ni el PSOE ni nadie ha cuestionado nunca la situación de emergencia que se vivió durante la Covid”, pero sí el modo en que se tramitó el contrato y si el procedimiento se usó para favorecer a alguien.
Por su parte, el Consell ha destacado que la Audiencia avala el procedimiento de emergencia empleado en 2020, lo que —según la institución— desacredita las tesis que situaban en ese punto el núcleo de la denuncia.
Además, la institución insular ha recordado que el Juzgado de Instrucción número 4 archivó provisionalmente la causa al entender que la intervención del presidente “se hizo conforme a Ley, sustentada en informes técnicos” y con decisiones que podían haberse recurrido y no lo fueron. También subraya que la Fiscalía se posicionó contra los recursos presentados por el PSOE y por la denunciante particular, avalando el archivo provisional defendido por el instructor.
El Consell ha dicho que seguirá colaborando con la justicia en todo lo que se requiera y enmarca la contratación en el contexto de 2020, cuando Ibiza llegó a estar semanas sin turistas, con “paro total” del motor económico, insistiendo en que la institución buscó soluciones para recuperar actividad y empleo.
El PP, en tanto, ha respaldado a Vicent Marí y ha calificado como «artificial» el caso «La Vida Islados». De hecho, el «gran escándalo» que algunos vendían, ha acabado siendo un juicio para dirimir si la fecha de un presupuesto es anterior o posterior. Se ha demostrado que cada vez que un juzgado toma este caso, se va haciendo más y más pequeño, depurando los supuestos delitos que, según los socialistas, habían dado los denunciantes», han remarcado los populares en un comunicado.
