Más de diez mil solicitudes de licencias VTC siguen en el limbo en Baleares mientras el sector del taxi y las grandes plataformas –con Uber en el centro del debate y Bolt a la espera– siguen expectantes. La llave para desbloquear esa avalancha es el nuevo reglamento del taxi y las VTC que desarrolla la Ley 1/2024, aún en tramitación, y que definirá cuántas autorizaciones caben en cada isla y quién tiene la última palabra.
La propia ley reconoce la magnitud del problema: solo en 2023 se presentaron en Baleares más de 10.000 solicitudes de VTC, frente a un parque actual de 2.529 licencias de taxi y 739 de VTC, una cifra que el preámbulo del reglamento califica de “totalmente desproporcionada y medioambientalmente insostenible”. El Govern ha repetido en las últimas semanas ese diagnóstico, en un intento de dar alivio al sector del taxi.
Buena parte de esas peticiones –según los taxistas, unas 6.500 en Ibiza y 3.500 en Mallorca– están promovidas por grandes grupos empresariales que ya controlan miles de licencias en otras comunidades.
La moratoria aprobada por la Ley 1/2024 y prorrogada después por decreto ley mantiene congelado, por ahora, el otorgamiento de nuevas licencias de taxi y VTC hasta que el reglamento sea una realidad.
Qué cambia con el nuevo reglamento
El quinto y más reciente borrador del reglamento dibuja un tablero con varias piezas, pero una idea central: sin paso previo por los ayuntamientos, no habrá nuevas VTC en la calle.
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Ayuntamientos como primer filtro clave Para poder trabajar con normalidad, cada VTC necesitará, en general, una autorización urbana del ayuntamiento del municipio donde tenga el domicilio el vehículo y, después, la autorización interurbana del consell insular correspondiente. Eso convierte a los consistorios en el primer filtro del sistema: son ellos quienes deberán decidir si crean licencias urbanas de VTC, cuántas, con qué condiciones y en qué plazos. Además, el borrador fija que las ordenanzas municipales que regulan el transporte urbano deberán adaptarse al nuevo marco en el plazo máximo de un año desde que el decreto entre en vigor. Hasta entonces seguirán vigentes siempre que no contradigan el reglamento.
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Techo de licencias por isla En una disposición transitoria, se encarga a la Conselleria de Movilidad fijar, en un plazo máximo de quince días desde la entrada en vigor del decreto, el número de autorizaciones interurbanas (taxis y VTC) que se podrán otorgar en cada isla, según los criterios generales del artículo 4: Índice de Presión Humana, peso del turismo, red de transporte público, grandes infraestructuras, impacto ambiental, congestión viaria, etcétera. Esa primera cifra podrá ser asumida o ajustada por los consells insulares en el plazo de un mes.
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Papel reforzado de los consells Una vez fijados los topes, los consells serán quienes concedan las autorizaciones interurbanas de VTC dentro del cupo máximo asignado para su isla. Sobre el terreno, eso significa que solo podrán otorgar nuevas autorizaciones si encajan en el techo fijado y si, además, existe la correspondiente licencia o autorización urbana en el municipio de domicilio del vehículo.
En paralelo, el reglamento consagra el principio de “cada VTC en su isla”: las autorizaciones domiciliadas en Baleares podrán prestar servicios interurbanos solo dentro del territorio de la isla donde estén domiciliadas, una vez completada la transición entre el régimen actual y el nuevo.
En el caso de Ibiza, donde ya existe un régimen especial de recogida de viajeros que afecta a toda la isla, la Agrupación de Autotaxis de Baleares ha recordado en sus alegaciones que los estudios de necesidades de licencias se siguen haciendo solo a nivel municipal y reclama que esa “anomalía” se corrija, alineando el reglamento con los dictámenes del Consell Consultiu sobre las competencias insulares.
La ventana de un mes para “mover” licencias
Uno de los puntos más sensibles para Ibiza está en la disposición transitoria tercera del borrador. Durante el primer mes desde la entrada en vigor del decreto, los titulares de autorizaciones VTC vigentes en Baleares podrán solicitar el cambio de domicilio de su licencia a otra isla distinta de la actual, siempre que acrediten servicios previos en la comunidad.
La disposición transitoria cuarta establece que la tramitación de nuevas licencias y autorizaciones de taxi y VTC no podrá iniciarse hasta que se hayan hecho esos cambios de domicilio y se haya determinado cuántas autorizaciones interurbanas siguen vigentes en cada isla.
Si, tras esos cambios de domicilio, se superara el número máximo de autorizaciones fijado para una isla, el propio decreto prevé que se deniegue el traslado a las licencias que menos tiempo hayan prestado servicio en ese territorio.
Sobre el papel, el mecanismo busca ordenar una situación que hoy permite a muchas VTC operar indistintamente entre islas. En la práctica, distintos actores del sector observan esa ventana con recelo por el riesgo de que parte de las flotas intenten concentrarse en las islas más rentables, como Ibiza, antes de que se cierren definitivamente los cupos.
¿Y las 10.000 solicitudes (y las que se hayan sumado)?
La gran incógnita es qué pasará con las solicitudes presentadas antes y después de la Ley 1/2024. La ley suspendió la concesión de nuevas licencias de taxi y VTC, pero no impidió que se siguieran registrando peticiones. Esos expedientes quedaron en una suerte de congelador a la espera del reglamento, que ahora establece que las afectadas por la moratoria tendrán preferencia en las primeras convocatorias que se convoquen dentro del nuevo cupo por isla.
La Voz de Ibiza ha preguntado al Govern cuántas solicitudes de VTC se han presentado en 2024 y 2025 –es decir, después de la entrada en vigor de la Ley 1/2024–, pero el Ejecutivo aún no ha facilitado ese dato, clave para entender qué volumen real puede intentar colarse por las rendijas del nuevo marco.
Tampoco ha concretado cuándo se prevé aprobar definitivamente el reglamento. El proceso se ha alargado después de que el Consell Consultiu obligara a reabrir el trámite de información pública al considerar que el texto había cambiado de forma sustancial respecto a la versión inicial, lo que ha añadido meses al calendario.
En este contexto, la reciente sentencia del TSJIB añade otra capa: obliga a tramitar de nuevo 600 solicitudes de 2022-2023 “de acuerdo a la normativa aplicable en el momento de la solicitud”. Esto empuja a examinar caso por caso y abre la puerta a que otros expedientes sigan esa senda si los tribunales concluyen que fueron rechazados con criterios similares.
Un tablero abierto… con Ibiza en el centro
A día de hoy, el mensaje oficial es claro: el Govern considera que autorizar 10.000 nuevas VTC sería “una barbaridad” y asegura que solo se darán las licencias que “el territorio pueda absorber”. Al mismo tiempo, reclama seguridad jurídica para no encadenar nuevas sentencias como la de las 600 VTC.
Pero el verdadero partido se jugará no solo en Palma, sino también –y sobre todo– en los consells insulares y en los ayuntamientos, llamados a fijar cupos, adaptar ordenanzas y, en la práctica, decidir cuántos coches negros –y cuántos taxis– caben en las calles de Ibiza en los próximos años.
