SEGURIDAD

La Guardia Civil pide usar en Ibiza el barco incautado a un narcoestibador del Puerto de València

La Guardia Civil considera que Baleares es un enclave vulnerable al narcotráfico y pide utilizar la lancha incautada en Ibiza a uno de los presuntos capos de la trama investigada en la operación Spider.

El modelo de embarcación utilizado por los narcotráficantes. (Imagen ilustrativa)

La Guardia Civil de Baleares ha solicitado utilizar de forma provisional una embarcación incautada en Ibiza a uno de los presuntos narcoestibadores del Puerto de València investigados en la operación Spider, que desarticuló una supuesta red dedicada al tráfico de cocaína y permitió retirar del mercado ilícito europeo hasta 3,5 toneladas de droga.

La petición consta en un informe del Instituto Armado incorporado al sumario judicial. La lancha Axe—una Axopar 37 de unos 11 metros de eslora— estaba amarrada en el Club Nàutic Sant Antoni y, según la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, pertenecía en realidad a Iván T. R., uno de los presuntos cabecillas de la trama, aunque figuraba a nombre de un supuesto testaferro.

La Guardia Civil argumenta que Baleares es un enclave especialmente vulnerable al narcotráfico por su posición estratégica en el Mediterráneo, la intensa actividad marítima y turística y la existencia de numerosas calas y puntos de difícil acceso. En este contexto, el uso de embarcaciones incautadas permitiría mejorar la vigilancia frente a organizaciones criminales que utilizan lanchas rápidas de alta gama.

Las investigaciones también revelan que el presunto narco gestionaba la embarcación pese a no figurar como titular, según conversaciones telefónicas intervenidas y grabaciones de las cámaras de seguridad del club náutico.

Consultado por La Voz de Ibiza, desde el Club Nàutic Sant Antoni señalaron que la entidad mantiene una política de confidencialidad. “El Club Náutico no proporciona datos de embarcaciones ni de armadores a personas que no sean los propios interesados”, indicaron.

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La embarcación, adquirida por unos 60.000 euros, permanece intervenida por orden judicial, que prohíbe su venta o disposición mientras continúa la investigación.

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