El Govern balear flexibilizará la exigencia del catalán en el acceso a determinados puestos de la administración autonómica, permitiendo que los aspirantes no tengan que acreditar este requisito en plazas sin atención directa al público y consideradas de difícil cobertura. La medida busca facilitar la incorporación de personal en sectores con falta de candidatos y evitar vacantes sin cubrir.
El cambio en los criterios de acceso se incorporará mediante enmiendas a la ley de proyectos estratégicos, en el marco del acuerdo alcanzado entre PP y Vox. La reforma contempla que se pueda rebajar o incluso eliminar el nivel de catalán exigido en determinadas categorías, siempre que no impliquen trato directo con la ciudadanía.
La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha defendido que las rebajas del requisito del catalán –que se pactaron con Vox en 2025 y que anuncio ayer este grupo– no afectarán a las plazas con atención directa al público.
«El catalán continuará siendo un requisito en carácter general para acceder a la función pública«, ha dicho en el pleno de este martes, agregando que las exenciones pactadas hacen referencia a plazas deficitarias sin atención al público.
Según ha remarcado, se rebajará o eliminará el requisito en las categorías que por su naturaleza no haya un uso de la competencia lingüística y no traten con la ciudadanía, así como en las plazas docentes deficitarias, donde se tendrá que acreditar «pasado un tiempo».
La consellera ha defendido estas medidas ante críticas de la socialista Amanda Fernández, quien ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de «ceder» ante Vox.
«Cuándo los profesionales no entiendan a alguien que hable en catalán, que será ¿libertad, opresión o derecho a la ignorancia?», ha dicho, agregando que hace tres años que no se pide el requisito en la sanidad y que los servicios están «peor que nunca».
