Una mujer embarazada, con un salario mínimo y sin otra alternativa para vivir en Ibiza, atraviesa una situación límite tras ser multada con 20.000 euros por estacionar durante tres días su furgoneta en suelo rústico. Con apenas tres meses y medio de gestación, continúa trabajando mientras lidia con una sanción que, según su entorno, le ha provocado un fuerte estado de ansiedad. “Está muy afectada, muy delicada”, explican.
A esa sanción se suma otra idéntica a su pareja, también por el mismo motivo. En total, 40.000 euros por haber permanecido estacionados en una zona donde, aseguran, aparca habitualmente todo el mundo. Una cifra que, con ingresos mínimos, resulta completamente inasumible y que ha colocado a la pareja al borde del colapso económico.
El caso ha sido dado a conocer por el presidente de la Plataforma Autónoma de Autocaravanas y Furgones Camper (PACA), Jesús Gallardo, quien advierte del impacto devastador de la sanción. “Le van a quitar todo”, afirma en diálogo con La Voz de Ibiza y en referencia a la posibilidad de embargos que podrían afectar tanto a sus ingresos como a su propio vehículo, que es además su vivienda.
La sanción
Según consta en el expediente sancionador, la resolución fue dictada el 23 de marzo de 2026, tras una denuncia del 4 de marzo en Cala Colodar, donde los inspectores comprobaron que el vehículo permanecía estacionado en el mismo lugar durante más de tres días .
La sanción se basa en la Ley 5/2024 de control de la afluencia de vehículos en Ibiza, que prohíbe el estacionamiento prolongado en suelo rústico fuera de zonas habilitadas. La norma considera infracción muy grave permanecer más de tres días en un mismo punto, con multas de entre 10.001 y 30.000 euros.
En este caso, la administración ha aplicado 20.000 euros a cada uno, justificando la cuantía en el impacto ambiental y paisajístico, así como en la reiteración de la conducta. También se tuvo en cuenta que, según el expediente, habría existido una advertencia previa.
El procedimiento contempla, sin embargo, una posible reducción de la sanción de hasta el 40% si los afectados reconocen los hechos y renuncian a presentar recurso. Esto implicaría rebajar la multa a unos 12.000 euros por persona, pero con una condición clave: aceptar la sanción y no impugnarla por vía administrativa.
En el caso de la mujer, que percibe un salario mínimo de unos 1.200 euros al mes, incluso esta cantidad reducida resulta inasumible. La pareja debe elegir así entre intentar recurrir —con escasas garantías de éxito— o asumir una sanción que no pueden pagar, renunciando además a cualquier defensa posterior.
Una isla sin suficientes lugares habilitados
Gallardo denuncia además que la aplicación de la ley ignora la realidad social de la isla. “No hay lugares habilitados suficientes ni alternativas para vivir”, sostiene, señalando que muchos trabajadores se ven obligados a residir en vehículos ante la falta de vivienda.
El dirigente también cuestiona la señalización en la zona, indicando que algunas prohibiciones estarían marcadas con carteles no homologados, incluso clavados en árboles, lo que podría vulnerar la normativa medioambiental. “En todo caso, la sanción debería ser otra, no una multa de este calibre”, insiste.
15 días para presentar alegaciones
El caso ha provocado una fuerte reacción social. Tras hacerse público, numerosas personas han mostrado su apoyo a la pareja, compartiendo mensajes y relatando situaciones similares. Muchos aseguran sentirse identificados con lo ocurrido, lo que refleja el malestar creciente entre quienes viven en vehículos en la isla.
La mujer dispone ahora de un plazo de 15 días para presentar alegaciones, mientras sigue trabajando y afrontando el embarazo bajo una presión económica y emocional extrema.
Su historia ha reabierto el debate sobre el acceso a la vivienda en Ibiza y el impacto de una normativa que, según denuncian, está empujando a personas trabajadoras a una situación límite. “Esto no es una multa, es una condena”, concluye Gallardo.
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