El Consell de Ibiza ha defendido la actuación de sus inspectores y la imposición de sanciones a autocaravanas tras la polémica generada por el caso de una mujer embarazada y su pareja, sancionados con 20.000 euros cada uno. Desde la institución insisten en que las multas responden al cumplimiento de la ley y que los afectados fueron advertidos previamente.
Fuentes del Consell aseguran que este caso “se suma a otros ya informados en días recientes”, derivados de inspecciones regulares para garantizar el cumplimiento de la Ley 5/2024 de control de la afluencia de vehículos en la isla. Una normativa que, recuerdan, fue “debatida, consensuada y aprobada en el Parlament balear”.
“La ley existe y su desconocimiento no exime de su cumplimiento”, señalan, subrayando que el régimen sancionador está claramente establecido.
Según explican, el procedimiento seguido por los inspectores incluye varias advertencias antes de imponer una sanción. En concreto, detallan que cuando detectan una autocaravana mal estacionada dejan un primer aviso. Si al cabo de tres días el vehículo continúa en el mismo lugar, se deja una segunda advertencia. Y solo si persiste la situación tras seis días, se procede a la multa.
“Las personas que reciben una sanción han sido advertidas hasta en dos ocasiones”, remarcan desde el Consell, insistiendo en que no se trata de actuaciones inmediatas ni arbitrarias.
Además, recuerdan que ya el año pasado se llevaron a cabo “batidas informativas”, en colaboración con policías locales, para advertir a los usuarios de autocaravanas de las restricciones vigentes. Entre ellas, la prohibición de estacionar en suelo rústico o zonas de playa y la obligación de utilizar espacios habilitados, como campings, de los que —según el Consell— existen cinco en la isla con plazas para este tipo de vehículos.
Insultos y tensión en las calles
Desde la institución también denuncian dificultades en el trabajo de los inspectores. “Nos estamos encontrando con situaciones de tensión, con insultos, gritos e incluso personas que rompen las advertencias delante de los agentes”, explican.
El Consell sostiene que su actuación se limita a hacer cumplir la normativa vigente y a preservar el entorno natural, actuando principalmente en zonas de playa y terrenos rústicos.
Estas declaraciones llegan en un contexto de creciente malestar entre colectivos de autocaravanistas, que denuncian sanciones desproporcionadas y falta de alternativas habitacionales en la isla. El caso de la mujer embarazada ha intensificado el debate social sobre el equilibrio entre la protección del territorio y la realidad de quienes viven en vehículos ante la crisis de vivienda en Ibiza.
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