La presidenta del Govern balear, Marga Prohens ha anunciado que el Ejecutivo autonómico recurrirá ante el Tribunal Supremo la regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular, al considerar que la medida provocará un deterioro de los servicios públicos y una mayor presión sobre el mercado de la vivienda en Baleares. La dirigente autonómica se ha pronunciado este miércoles, después de la publicación de la medida en el Boletín Oficial del Estado, y ha advertido de que su entrada en vigor, prevista para este jueves, tendrá un impacto directo en una comunidad ya tensionada por la crisis habitacional.
A juicio de Prohens, la regularización es “indiscriminada” y no tiene en cuenta “el crecimiento poblacional, la emergencia habitacional y la presión asistencial de los servicios sanitarios” que, según ha dicho, soporta el archipiélago. “El resultado serán peores servicios públicos para los ciudadanos de Baleares, porque esta regularización no viene con el compromiso de más financiación”, ha afirmado la presidenta, que ha aprovechado para volver a reclamar al Estado la reforma del sistema de financiación autonómica.
Recurso judicial y rechazo político
La jefa del Ejecutivo balear ha defendido que, aunque las competencias en materia migratoria corresponden al Estado, el Govern está legitimado para impugnar la medida porque sus efectos prácticos recaerán sobre las comunidades autónomas. “El coste práctico de esta regularización recae única y exclusivamente sobre las comunidades autónomas, por lo que consideramos que la podemos recurrir”, ha sostenido, antes de confirmar que el Govern solicitará también la suspensión cautelar de la disposición.
Prohens ha insistido además en que la medida puede generar un “efecto llamada” y beneficiar “a las mafias que hacen negocio con algo que es innegociable, la dignidad de cualquier vida humana”. La presidenta ha reiterado así una tesis que ya había defendido en otras ocasiones, pese al rechazo que ese planteamiento ha encontrado en entidades sociales. También ha lamentado que el Gobierno central, a su juicio, haya desoído las advertencias de la Comisión Europea sobre el alcance territorial de esta regularización extraordinaria.
“El Govern, en la misma línea que todos los países europeos de diferente signo político, defiende una inmigración legal y ordenada. Baleares siempre ha sido una tierra de acogida de quien viene a trabajar, a sumar, a integrarse y a respetar las leyes y la cultura”, ha subrayado. Con ese mensaje, Prohens ha tratado de enmarcar su oposición a la medida dentro de una defensa de la capacidad de acogida del archipiélago y de la gestión de sus recursos públicos.
Antecedentes penales y falta de datos fiables
La presidenta autonómica también se ha referido a uno de los cambios incorporados en el texto definitivo, relativo a la acreditación de la ausencia de antecedentes penales. Prohens ha ironizado con que se presente como novedad que no baste una declaración responsable para justificar ese requisito. “Si esperan que dé las gracias por limitar que no entren delincuentes en este proceso de regularización… Me parece lo mínimo que se pida un certificado de penales más allá de la declaración responsable”, ha señalado.
En esa misma línea, la líder del Govern ha censurado las críticas recibidas desde la izquierda por su posición en este debate. “No todo el mundo que llega es un delincuente, no me encontrarán en ese discurso, pero no todo el mundo que viene es un ser de luz”, ha añadido, en una de las frases más duras de su comparecencia ante los periodistas.
Preguntada por la estimación de 30.000 posibles beneficiarios en Baleares mencionada este martes por la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, Prohens ha evitado fijar una cifra cerrada. “No tenemos datos fiables del Gobierno”, ha afirmado, al recordar que la estimación estatal rebaja esa cifra a unas 10.800 personas en el archipiélago. La controversia sobre el alcance real del proceso ya había abierto un choque político en Baleares en las últimas semanas.
La presidenta ha mostrado además su inquietud por las posibles reunificaciones familiares y por el “colapso” que, según ha dicho, ya se estaría registrando en oficinas consulares a raíz del nuevo proceso. También ha aludido a casos de personas que “de golpe pierden su pasaporte” para intentar acogerse a la medida. “La irresponsabilidad es tal que no me atrevo a dar una cifra hasta que acabe el proceso”, ha zanjado.
