La Asociación Hotelera de Formentera ha salido este viernes a respaldar de forma contundente a los concesionarios de servicios de playa afectados por la resolución de la Dirección General de Costas y Litoral. En una nota de prensa difundida por su Junta Directiva, la patronal acusa al Govern balear de haber «destruido con una sola resolución el trabajo, la estabilidad de decenas de familias formenterenses y la imagen turística de la isla».
Es la primera reacción sectorial pública de peso tras una semana en la que la mayoría de los empresarios afectados ha preferido mantener un silencio cauteloso a la espera de las alegaciones del Consell y de posibles acciones judiciales.
El comunicado responde a la decisión de Costas de denegar 16 lotes completos de hamacas y sombrillas y reducir las unidades autorizadas en otros dos para el periodo 2026-2029, lo que supone un recorte de un tercio sobre la propuesta inicial del Consell Insular: 681 hamacas y 339 sombrillas menos de las solicitadas. Las playas más afectadas son ses Illetes —donde no se ha autorizado ningún lote—, Cavall d’en Borràs, Llevant, es Pujols, es Copinyar y Migjorn.
«Una decisión adoptada sin diálogo»
La asociación denuncia que el Govern ha aplicado la normativa de protección del litoral «de la forma más restrictiva posible, de manera unilateral y sin el necesario diálogo previo con el sector ni con la administración insular». Y subraya un detalle que considera especialmente grave: que la resolución llega «una vez iniciado el verano y a pocas semanas del inicio de la temporada alta, con personal ya contratado y operaciones en marcha«.
Los hoteleros recuerdan además que la normativa OCAMAT, en la que se ampara la resolución, está aprobada desde 2013, y se preguntan si esos mismos criterios se aplicarán «con igual rigor al resto del archipiélago», advirtiendo que de no ser así Formentera estaría siendo objeto de «un trato desigual e injustificado».
Ses Illetes como símbolo
El comunicado dedica un párrafo específico a ses Illetes, una de las playas más reconocidas internacionalmente. «Que un destino de primer nivel mundial no pueda ofrecer a sus visitantes el servicio más básico de una playa de verano es un daño reputacional de primer orden cuyas consecuencias se notarán mucho más allá de esta temporada», denuncia la patronal, que advierte que «la imagen de Formentera, construida con esfuerzo durante décadas, no puede ser hipotecada por una decisión política tomada desde Palma sin conocimiento real de la realidad de la isla».
Familias, contratos vigentes y daños y perjuicios
La nota pone el foco en la dimensión humana del recorte. «Detrás de cada concesión hay familias», recuerda la asociación, y señala que los adjudicatarios «invirtieron, asumieron compromisos, contrataron personal y planificaron su actividad sobre la base de contratos adjudicados legalmente y aún vigentes».
En esa línea, los hoteleros respaldan abiertamente cualquier acción judicial que emprendan los concesionarios. «Los contratos de adjudicación siguen vigentes. Los adjudicatarios tienen derechos legítimos que el Govern está conculcando con su decisión», afirman. Y recuerdan que la propia administración insular ha reconocido que los afectados podrían reclamar daños y perjuicios.
Un tirón de orejas al propio Consell
El comunicado no se limita a apuntar al Govern. La patronal hotelera tampoco esconde su malestar con la actuación del Consell Insular y reclama directamente al presidente de la institución, Óscar Portas, un papel más visible en la defensa de los intereses de la isla. «Una negociación de este calado requiere no solo recursos administrativos y técnicos, sino también una interlocución política al más alto nivel como sería la del Presidente del Consell», señalan.
«Esperamos y reclamamos que el presidente del Consell asuma también un papel protagonista y visible en la defensa de esta causa ante las instituciones autonómicas, con la misma contundencia con la que el sector turístico está dispuesto a hacer. Formentera necesita que sus representantes políticos estén a la altura de las circunstancias«, concluye el texto.
Cuatro exigencias al Govern
La Asociación Hotelera de Formentera cierra la nota con cuatro exigencias concretas al Govern de les Illes Balears: la revisión urgente e inmediata de la resolución «antes de que los daños sean irreparables»; la apertura de un diálogo real y efectivo con el sector; una explicación pública y transparente sobre los criterios aplicados y su alcance en el resto del archipiélago; y el reconocimiento expreso de su responsabilidad política ante el daño causado a adjudicatarios, trabajadores y a la imagen turística de la isla.
La reacción de la patronal hotelera llega después de una semana en la que la propia consellera de Movilidad y Medio Ambiente del Consell, Verònica Castelló, había expresado su preocupación por el impacto sobre «los empresarios de Formentera, las familias y los puestos de trabajo vinculados a los servicios de temporada», y mientras los concesionarios afectados, según ha podido saber este medio, analizan reclamaciones judiciales por la imposibilidad de operar pese a tener contratos en vigor.
