El Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) ha pedido este viernes a las instituciones ibicencas y a la población en general que se opongan al proyecto de ampliación del aeropuerto de Ibiza que prepara Aena. Lo ha hecho a través de un comunicado en el que califica el plan de «disparate» y advierte de que doblar la capacidad de la infraestructura aeroportuaria en una isla que ya recibe nueve millones de pasajeros anuales es «un contrasentido».
La intervención del IEE —entidad fundada en 1949 y declarada de Utilidad Pública por el Ministerio de Cultura en 2008— añade un actor de peso cultural específico al frente cada vez más amplio que rechaza el proyecto. En la última semana se han pronunciado ya el GEN-GOB Eivissa (ha considerado la reforma como «demencial» y un «atentado para la isla»), la Plataforma contra l’ampliació de l’aeroport («un tema muy olvidado»), Esquerra Unida-Podem —que ha anunciado una ofensiva institucional para frenar el proyecto—, el Consell d’Eivissa y, finalmente, el propio Govern Balear. Aena, mientras tanto, sigue sin responder a las consultas que este medio le ha trasladado sobre el alcance del proyecto.
«No necesitamos batir récords anuales con el número de visitantes»
El IEE plantea su rechazo en términos que conectan con el discurso de contención turística que han hecho suyo en los últimos meses el Consell, el Govern y las propias organizaciones ecologistas. «Ibiza no necesita ampliar el número de turistas que visitan la isla. No necesitamos batir récords anuales con el número de visitantes, sino crecer con calidad de vida para todos los residentes y, si puede ser, con menos turistas», sostiene la entidad.
La cifra que menciona es coherente con los datos oficiales: el aeropuerto de Ibiza cerró 2024 con 9.069.410 pasajeros, una cifra que se concentra extraordinariamente entre junio y septiembre (más de cinco millones en esos cuatro meses, según las cifras recogidas en el propio pliego de Aena).
Una población «ya bastante quemada»
Uno de los pasajes más rotundos del comunicado es la descripción que la entidad hace del estado de la isla. «Aena quiere ampliar el aeropuerto hasta doblar su capacidad, y eso, en una isla masificada y con graves problemas de agua, de tráfico, de vivienda, de contaminación por los jets privados y, por decirlo suavemente, con una población ya bastante ‘quemada’ por la situación, es un contrasentido».
La entidad pone también el foco en la naturaleza pública del gestor aeroportuario. «¿Realmente alguien cree que continuar masificando la isla es el mejor camino? ¿O puede ser que Aena, que es una empresa controlada por el Estado, solo piensa en el beneficio, aunque sea a costa de menoscabar la calidad de vida de los isleños?», se pregunta el IEE.
«¿Qué vendrá después? ¿Una segunda pista pegada a Ses Salines?»
La línea más original del comunicado es la enumeración de consecuencias en cadena que la entidad ve venir si se concreta el proyecto. «¿Qué vendrá, después de doblar la capacidad del aeropuerto? ¿Doblar las carreteras? ¿Más desaladoras? ¿Cambiar la normativa para poder construir más y más? ¿Nuevos hoteles? ¿Una segunda pista de aterrizaje pegada al Parque Natural de Ses Salines? ¿Aumentar el techo poblacional?».
La mención al Parque Natural de Ses Salines no es casual. El propio pliego de Aena prevé soterrar al menos 200 metros del Torrent de sa Font, desviar unos 700 metros del Camí des Codols y demoler tres edificios handling junto a la torre de control, todo en el entorno de un espacio con doble figura de protección: parque natural autonómico desde 2001 y Zona Especial de Conservación dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.
«¿Acaso el negocio cuenta más que el bienestar de las personas?»
El comunicado se cierra con una pregunta que sintetiza la posición de la entidad. «¿No estábamos hablando de que el número de turistas no puede seguir creciendo? ¿O acaso el negocio cuenta más que el bienestar de las personas?», plantea el IEE antes de pedir, una vez más, a «las instituciones y a todo el mundo» que se opongan al proyecto.
La intervención del Institut llega en un momento clave del debate. El DORA III —el plan estatal de inversiones aeroportuarias 2027-2031 que contempla los 229,7 millones de euros para la ampliación de Ibiza— debe ser aprobado por el Consejo de Ministros antes del 30 de septiembre. Mientras tanto, la ley de cogestión aeroportuaria pactada por PP y Més en el Parlament balear sigue en tramitación en el Congreso de los Diputados, donde su tramitación depende de la Mesa controlada por la presidenta Francina Armengol.
