Cabify ya está dentro. La segunda gran plataforma del mercado español de los vehículos de transporte con conductor ha seguido los pasos de Uber y ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJB) el Decreto 6/2026, la norma con la que el Govern de Marga Prohens cerró en febrero el primer marco reglamentario integral que regula de forma conjunta el taxi y las VTC en el archipiélago.
La interposición del recurso contencioso-administrativo ha sido anunciada este martes en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB nº 63, de 19 de mayo) y la presenta el procurador Onofre Perelló Alorda en nombre de un consorcio de seis sociedades: Cabify España S.L., Prestige and Limousine S.L., Senza 2020 S.L., Miurchi Car S.L., Auto Andalucía Ibiza 2017 SLU y Cars Mallorca and Drivers 2017 S.L. El procedimiento ordinario, registrado con el número 261/2026, queda asignado a la Sala Contencioso-Administrativa del TSJB.
El movimiento no es menor. Cabify no recurre en solitario: lo hace, y este es uno de los detalles más reveladores del anuncio publicado en el BOIB, junto a Prestige and Limousine S.L., la sociedad histórica del grupo y la misma con la que la multinacional tumbó en 2023 las restricciones del Área Metropolitana de Barcelona ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aquella sentencia del 8 de junio de 2023 (asunto C-50/21) declaró contraria al derecho comunitario la regla que limitaba las autorizaciones VTC a una por cada treinta licencias de taxi en Barcelona y se ha convertido, desde entonces, en la principal palanca jurídica empleada por el sector VTC para discutir cualquier regulación restrictiva en España. Que Cabify la incluya ahora en el cuadro de actores del recurso balear apunta, sin necesidad de más pistas, en qué dirección va a discurrir su línea argumental.
Un consorcio con sociedades arraigadas en Ibiza y Mallorca
La composición del consorcio recurrente añade un segundo dato relevante: dos de las seis sociedades llevan el nombre de las islas en su razón social. Auto Andalucía Ibiza 2017 SLU y Cars Mallorca and Drivers 2017 S.L. son mercantiles que evocan, ya en su propia denominación, el momento de expansión del sector VTC hacia el archipiélago, y su sola presencia en el recurso confirma que el ataque al Decreto 6/2026 no es un movimiento abstracto desde Madrid, sino que viene blindado con operadores ya posicionados sobre el terreno. Es exactamente el tipo de ecosistema empresarial cuyo aterrizaje masivo en las islas ha venido denunciando el sector del taxi balear.
Un segundo recurso desde el sector tradicional de transfers
El mismo BOIB del martes deja constancia de un segundo recurso inédito contra el Decreto 6/2026. Lo presenta la procuradora Matilde Teresa Segura Seguí en nombre de Gabriel Nicolau Nicolau, Transfers Mallorca Pellicer S.L. y Transfers North Mallorca, y queda registrado como procedimiento ordinario 262/2026. La interposición fue admitida a trámite el 6 de mayo y se anuncia ahora públicamente.
Este recurso es distinto en naturaleza del de Cabify: no procede de plataformas tecnológicas, sino del sector clásico de traslados turísticos, lo que evidencia que el malestar contra el Decreto 6/2026 desborda al ecosistema VTC plataforma y alcanza también al transporte de viajeros discrecional vinculado a la actividad turística. Para una isla como Ibiza, donde el sector de los transfers es un engranaje esencial de la cadena turística, el dato no es irrelevante.
Cuatro frentes judiciales contra una norma que lleva tres meses en vigor
Con estos dos recursos, el balance de la ofensiva judicial contra el Decreto 6/2026 queda configurado en cuatro frentes abiertos. El primero lo abrió Uber a finales de abril, en un movimiento que el sector llevaba semanas anticipando y que la patronal estatal Unauto-VTC había deslizado en repetidas ocasiones. El segundo fue el de la Associació Radio Taxi Ciutat, anunciado por el BOIB del 7 de mayo y republicado ahora con número de anuncio 4912 en el boletín del 19 de mayo. En este último caso, sin embargo, el ataque al reglamento llega desde el bando contrario: el del taxi, que discute fundamentalmente la obligatoriedad del aplicativo TaxistesIB.
Así, el Decreto 6/2026, que apenas lleva tres meses en vigor, está siendo discutido en los tribunales simultáneamente por las dos grandes plataformas internacionales del ride-hailing, por un grupo de operadores tradicionales de traslados turísticos y por una de las asociaciones más representativas del taxi de Mallorca. Norma sin amigos.
El Govern alude a los recursos sin nombrar a los recurrentes
El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, aludió este mismo martes a los contenciosos en marcha durante la presentación del acuerdo cerrado con el PSIB en torno a las enmiendas a la ley de proyectos estratégicos. Mateo se refirió a «los contenciosos que han interpuesto las empresas afectadas por la suspensión de la adjudicación de licencias» y precisó que el Govern «todavía» no ha recibido la notificación de las demandas y que, cuando lleguen, las trasladará a sus servicios jurídicos.
El conseller no concretó cuántos recursos hay ni quiénes son los recurrentes, pero el rastro del BOIB permite ya situarlos con nombres y apellidos. La distinción tiene su miga procesal: una cosa es la interposición del recurso, que es el paso que acaba de quedar publicado en el boletín oficial, y otra es la formalización de la demanda, que es donde se exponen los argumentos jurídicos de fondo y que llegará meses después, cuando el TSJB reclame el expediente administrativo del decreto y se lo traslade a los recurrentes. Es decir, el Govern sabe ya que está siendo demandado, pero todavía no conoce con qué munición.
En esa misma comparecencia, Mateo defendió que el reglamento responde a la necesidad de poner orden en un sector marcado por la presión de las más de 10.000 solicitudes de autorizaciones VTC acumuladas desde 2023 —unas 6.500 de ellas registradas en Ibiza— y reivindicó la batería de criterios objetivos introducidos en el decreto, vinculados a la congestión del tráfico, la calidad del aire y la condición insular y limitada del territorio. Son, precisamente, los pilares que las plataformas VTC van a tratar de derribar uno a uno ante el TSJB.
Una norma sometida a presión por todos los flancos
El Decreto 6/2026, aprobado por el Consell de Govern el 20 de febrero y en vigor desde el 22 de ese mismo mes, fue presentado por la Conselleria como el dique principal frente a la avalancha de solicitudes VTC y como la herramienta clave para ordenar un sector que las islas, a juicio del Ejecutivo, no podrían absorber sin tensionar la movilidad, la congestión y el medio ambiente. Frente a las más de 10.000 solicitudes pendientes (6.500 en Ibiza), Baleares cuenta hoy con 2.529 licencias de taxi en activo y 739 autorizaciones VTC.
Tres meses después de su entrada en vigor, el reglamento se enfrenta a un escenario inédito: simultáneamente impugnado en los tribunales por las dos grandes plataformas del sector, por un grupo de operadores tradicionales de transfers y por una asociación de taxistas. Y eso, mientras el Parlament tramita en paralelo —con el acuerdo cerrado este mismo lunes entre PP y PSIB— una batería de enmiendas a la ley de proyectos estratégicos pensadas precisamente para reforzar el control sobre las plataformas y endurecer las sanciones por intrusismo. El cerco al modelo Uber-Cabify en Baleares se aprieta por arriba, en el Parlament, al mismo tiempo que el sector empieza a atacarlo por abajo, en los tribunales.
