La empresa pública Ports de les Illes Balears (Ports IB) ha solicitado oficialmente a la Dirección General de Costas y Litoral las concesiones de dominio público marítimo-terrestre necesarias para construir en Ibiza los siete campos de boyas ecológicas que el Gobierno central había prometido ejecutar y de los que finalmente se ha desentendido. Los anuncios se publicaron ayer en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB) y abren un plazo de veinte días hábiles para que cualquier interesado pueda formular alegaciones.
Siete calas en cuatro municipios
Las concesiones afectan a calas de los cuatro municipios costeros de la isla: Benirràs y Portinatx, en Sant Joan de Labritja; Cala Salada, en Sant Antoni de Portmany; Cala Bassa, Cala Vedella y Es Xarco, en Sant Josep de sa Talaia; y Talamanca, en Vila. El mismo día, el BOIB publicó también la solicitud equivalente para Portals Vells, en el término municipal de Calvià (Mallorca). Los expedientes podrán consultarse en las oficinas de la Conselleria del Mar i del Cicle de l’Aigua, en Palma, o telemáticamente a través del portal de Costas y Litoral del Govern.
Un acuerdo de 2023 que se ha torcido
El plan balear de fondeos de bajo impacto contempla nueve campos en total —dos en Mallorca y siete en Ibiza— y se remonta al acuerdo firmado en mayo de 2023 entre el Govern y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Según aquel compromiso, el Estado se encargaría de redactar y ejecutar los proyectos a través de la empresa pública TRAGSA, con cargo a los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), mientras que Ports IB asumiría posteriormente la gestión de los fondeos. El calendario inicial situaba la puesta en marcha de las instalaciones en el verano de 2025.
Nada de eso ocurrirá ni este verano ni el próximo. El 20 de marzo, la Delegación del Gobierno en Baleares anunció mediante una nota de prensa que el MITECO ponía los nueve proyectos «a disposición» del Govern para que fuera la administración autonómica la que los ejecutase. La decisión, comunicada sin aviso previo, fue contestada cinco días más tarde por la Conselleria del Mar, que reclamó al ministerio aclaraciones formales sobre plazos y financiación.
La carta del 30 de abril
La respuesta llegó por escrito el 30 de abril en una carta firmada por el subdirector general de Biodiversidad Terrestre y Marina, Fernando Magdaleno, y dirigida al vicepresidente de Ports IB, Antoni Mercant, según reveló esta semana el medio especializado Gaceta Náutica. En ese documento, Magdaleno se limita a facilitar un enlace a la plataforma donde están alojados los proyectos ejecutivos para que Ports IB «pueda ejecutar las obras para la posterior puesta en marcha, mantenimiento y gestión de las instalaciones». La carta justifica la renuncia del Estado en que el Govern había trasladado «consideraciones contrarias a la tramitación», unas observaciones que, según el MITECO, «dificultarían inevitablemente la ejecución de los proyectos».
Cinco millones y un plazo que vence el lunes
Fuentes consultadas por Gaceta Náutica cifran en algo menos de cinco millones de euros el coste de instalación de los proyectos ya redactados por el ministerio. El asunto fue debatido en el Consejo de Administración de Ports IB del pasado lunes 19 de mayo, cuatro días antes de la publicación de los expedientes en el BOIB. La empresa pública balear modificó en su día su objeto social para poder asumir la gestión futura de los fondeos, pero su presupuesto de 2026 no contempla partida alguna para acometer las obras. El plazo para presentar proyectos con cargo al Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) de cara a 2027 vence este lunes 25 de mayo, lo que explica la celeridad con la que Ports IB ha sometido los expedientes a información pública.
Cala Vedella, en el BOIB pero no en la carta
Una comparación entre la documentación entregada por el ministerio y los anuncios del BOIB revela una pequeña inconsistencia: la carta del 30 de abril enumera siete proyectos —Talamanca, Es Xarco, Benirràs, Cala Bassa, Portinatx, Cala Salada y Portals Vells— mientras que entre los expedientes sometidos ahora a información pública aparece también Cala Vedella, que no figura entre los entregados por Magdaleno. El segundo campo previsto en Mallorca, Portocolom, no consta por el momento en el BOIB.
Otra temporada sin protección
El retraso vuelve a dejar sin protección efectiva varias de las calas con mayor presión náutica del litoral pitiuso. La bahía de Talamanca es probablemente el caso más sangrante: un estudio de GEN-GOB e IbizaPreservation calculó que más de la mitad de la pradera de posidonia de la bahía está muerta, y las entidades ambientales llevan años reclamando la instalación de un campo de fondeo de bajo impacto como medida imprescindible para revertir el deterioro. El verano pasado, el dispositivo de vigilancia desplegado por el Govern y la Guardia Civil en Talamanca levantó siete actas administrativas en una sola jornada contra embarcaciones que habían fondeado con ancla y cadena sobre la planta protegida. Sin las boyas, los controles seguirán siendo el único recurso disponible para frenar el fondeo ilegal durante una temporada más.
Las praderas de posidonia tardan más de un siglo en regenerarse cuando se degradan. Según los plazos administrativos habituales —veinte días hábiles de información pública, eventual respuesta a alegaciones, redacción de los proyectos definitivos por Ports IB, licitación y obra—, las primeras boyas que financie el Govern no podrían entrar en servicio antes del verano de 2027, en el mejor de los escenarios.
