El Ayuntamiento de Ibiza ha dado un plazo de 48 horas a las personas que viven en caravanas en la zona de sa Jovería para que abandonen el lugar. Pasado ese tiempo, los vehículos serán retirados por los servicios municipales. La Policía Local ya ha colocado carteles de aviso en cada una de las caravanas y cierra así el flanco que el desalojo del asentamiento, ejecutado el pasado 21 de abril, dejó abierto.
La ordenanza de tráfico, el resquicio legal
En los carteles colocados por los agentes se especifica que la orden se ampara en una infracción de la Ordenanza Municipal de Circulación y de Seguridad Vial. El texto advierte de que, transcurridas las 48 horas, los vehículos serán retirados por los servicios municipales sin más trámite, según adelantó Radio Ibiza.
El Consistorio recurre así a la normativa de tráfico para resolver una situación que en abril no pudo cerrar por la vía judicial. Aquel desalojo se ejecutó con una orden específica sobre las infraviviendas y las tiendas de campaña, pero las caravanas no formaban parte del procedimiento y permanecieron en el terreno.
Una veintena de caravanas en el terreno
En sa Jovería quedan actualmente una veintena de caravanas. Es el último reducto del asentamiento que el Ayuntamiento llegó a censar con 72 personas y más de un centenar de construcciones, según los datos manejados por el propio Consistorio durante el operativo de abril.
En aquella intervención, los equipos municipales inspeccionaron 22 infraviviendas vacías marcadas para derribo y localizaron bombonas de gas, baterías y materiales peligrosos, además de alertar de un posible riesgo medioambiental para los acuíferos de la zona. La presión sobre los vehículos vivienda no es nueva en la isla: un patrón que se repite en distintos puntos y que reconfigura los asentamientos cada vez que se ejecuta un operativo.
Las personas que residen en las caravanas han mostrado su desesperación ante el aviso. Aseguran que se quedan literalmente en la calle y advierten de que entre los afectados hay menores de corta edad.
Estos testimonios contrastan con lo afirmado por el alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, el día del desalojo. Entonces el primer edil aseguró que no se habían detectado menores en el asentamiento durante el operativo y limitó la cobertura social a siete personas en situación de vulnerabilidad.
El mensaje del alcalde sigue en pie
Triguero defendió aquella intervención como «una de las decisiones más difíciles» de su mandato y la justificó por motivos de seguridad y salubridad. También lanzó un aviso que ahora cobra todo el sentido: «No vamos a seguir tolerando esta forma de vida en la ciudad de Ibiza».
El alcalde denunció además que dentro del asentamiento se pagaba entre 200 y 500 euros por vivir en infraviviendas y advirtió de que el Ayuntamiento sería «tajante» con quienes se aprovechasen del drama habitacional.
El aviso municipal en sa Jovería no contempla, al menos en los términos comunicados sobre el terreno, una alternativa habitacional para los residentes de las caravanas. La medida se ejecuta como una retirada de vehículos por infracción de tráfico, no como un realojo.
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