Una madre ibicenca, que se identifica con las iniciales OB, ha denunciado públicamente la retirada cautelar de la custodia de su hijo de dos años por parte del Consell de Ibiza, una medida adoptada el pasado 9 de marzo por Protección de Menores y que continúa vigente mientras el procedimiento judicial sigue pendiente de resolución.
Según la documentación facilitada por la propia madre a La Voz de Ibiza, el menor acudía a una escoleta en Sa Carroca, antes de la intervención administrativa. OB sostiene que el conflicto comenzó tras varias quejas presentadas por ella tanto ante el centro educativo como posteriormente ante Inspección Educativa de Ibiza.
La madre asegura que esas reclamaciones estaban relacionadas con cuestiones organizativas, ruido en el aula, falta de información sobre las actividades del menor y el trato recibido en la escoleta. Según sostiene, a raíz de esas discrepancias comenzaron a elaborarse comunicaciones internas de carácter protector que, afirma, desconocía hasta semanas después.
La medida adoptada por el Consell consistió en una declaración cautelar de desamparo, figura prevista en la legislación de protección de menores para situaciones consideradas de riesgo grave o desprotección del menor.
Cinco días en un centro de acogida
Según el relato aportado por OB, el niño fue retirado el 9 de marzo después de que ella lo dejara por la mañana en la escuela infantil. La madre afirma que horas más tarde fue informada de que Protección de Menores había asumido la tutela administrativa cautelar del menor.
De acuerdo con la documentación remitida a este medio, el niño permaneció entre el 9 y el 13 de marzo en un centro de acogida y posteriormente pasó a residir con familiares maternos, concretamente con el hermano y la cuñada de la madre. La tutela administrativa, sin embargo, continúa en manos del Consell de Ibiza.
Actualmente, el régimen de visitas se mantiene limitado a tres horas semanales, según la versión de la madre.
OB asegura además que no recibió acceso completo al expediente hasta el 30 de marzo, momento en el que afirma haber conocido los motivos concretos alegados para justificar la retirada cautelar del menor.
Un informe psicológico cuestiona la proporcionalidad de la medida
Entre la documentación aportada por la madre figura un informe psicológico privado fechado el 18 de mayo de 2026 y elaborado por una psicóloga clínica colegiada en Baleares.
En dicho informe, la especialista concluye que no observa “indicadores clínicos directos compatibles con abandono, negligencia severa o maltrato físico” y advierte sobre el posible impacto emocional que una separación prolongada puede tener en un menor de corta edad.
El documento describe a la madre como una persona con “elevada implicación emocional y práctica en la crianza”, estabilidad económica y una vida organizada en torno al cuidado del niño. Asimismo, señala que una separación abrupta a los dos años puede generar “ansiedad de separación, regresiones, alteraciones del sueño e irritabilidad”.
No obstante, el propio informe aclara expresamente que fue elaborado a petición de la madre y que las conclusiones se basan en entrevistas clínicas mantenidas con ella, documentación aportada por la paciente y observación terapéutica en consulta, sin evaluación directa del menor ni observación presencial de la interacción materno-filial.
La defensa pide el retorno del menor al domicilio materno
El escrito de oposición presentado ante el Tribunal de Instancia de Ibiza solicita que se deje sin efecto la resolución administrativa del Consell y reclama, como medida cautelar, el retorno del menor al domicilio materno bajo seguimiento intensivo mientras se resuelve el procedimiento judicial.
La defensa sostiene que no concurren circunstancias de abandono o desprotección grave que justifiquen la retirada urgente del niño y defiende que existían alternativas menos invasivas, como supervisión domiciliaria, apoyo terapéutico o seguimiento familiar.
El procedimiento continúa abierto y, por el momento, no existe resolución judicial firme sobre el fondo del caso.
Fuentes cercanas a la madre han señalado además que, por el momento, no llevará adelante la huelga silenciosa que había planteado inicialmente frente a la sede del Consell.
El Consell de Ibiza evita pronunciarse
Consultado por La Voz de Ibiza, el Consell de Ibiza ha declinado realizar declaraciones sobre el caso alegando motivos de protección de menores y el deber de reserva que rige este tipo de expedientes administrativos.
La legislación española obliga a las administraciones públicas a preservar la confidencialidad en los procedimientos relacionados con menores tutelados, por lo que este tipo de casos suelen desarrollarse con escasa información pública mientras continúan su tramitación judicial.
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