Horas después de que Autocares Paya hiciera pública su advertencia de posible cese del servicio de transporte público en Formentera por impago del Consell Insular, la institución respondió con un comunicado en el que reconoce la deuda pendiente pero traslada la responsabilidad principal al Ministerio de Transportes.
El Consell Insular reconoce que quedan pendientes aproximadamente 175.000 euros correspondientes a las compensaciones por la gratuidad del transporte público del año 2025. Sin embargo, precisa que esta situación «no responde a una falta de tramitación por parte del Consell, sino a que el Ministerio todavía no ha transferido la totalidad de los fondos destinados a estas ayudas».
Hasta la fecha, el Gobierno central solo ha abonado el 65% de los recursos estatales previstos y, además, ha modificado recientemente la documentación exigida para justificar el 35% restante, lo que ha obligado a todas las administraciones implicadas a adaptar su tramitación antes de poder completar los pagos.
En cuanto a las compensaciones de 2026, la situación es aún más precaria: a día de hoy el Ministerio todavía no ha comunicado oficialmente la distribución de los fondos, por lo que el Consell Insular no ha podido trasladar cantidad alguna a la empresa concesionaria.
La Comunidad Autónoma ha avanzado que Formentera recibirá una aportación similar a la del año anterior, pero los recursos no han sido transferidos.
Lo que sí se ha pagado
El Consell Insular detalla los pagos ya realizados: 325.000 euros correspondientes a las bonificaciones de 2025, más un pago adicional de 146.170,41 euros aprobado el pasado 5 de junio y cuya orden de pago se tramitó el 24 de junio.
Sobre este último ingreso, el Consell apunta que la empresa concesionaria «sabía que lo cobraría entre el viernes y el lunes».
Una concesión de 1996 que sigue en prórroga
El comunicado del Consell Insular saca a la luz otro problema estructural que va más allá del impago: el servicio de transporte público de Formentera se presta bajo una concesión adjudicada en 1996 que, tras varias prórrogas, se mantiene actualmente en régimen de orden de continuidad, es decir, una situación provisional que se arrastra desde hace casi treinta años.
El actual equipo de gobierno asegura estar trabajando en una nueva licitación que permita disponer de un contrato actualizado y con un marco jurídico y económico estable.
Respecto a las cantidades reclamadas por Autocares Paya correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023, el Consell Insular señala que todas han sido analizadas y auditadas por una empresa externa independiente.
Al no compartir las resoluciones adoptadas, la concesionaria ha decidido acudir a la vía contencioso-administrativa, donde será la Justicia quien determine las cantidades que puedan corresponder.
El Consell Insular concluye su comunicado reiterando su «compromiso con el transporte público como servicio esencial» y su voluntad de trabajar para «agilizar todos los expedientes pendientes, garantizar la estabilidad del servicio y culminar la nueva licitación».
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