El Consell de Ibiza ha salido este jueves al paso de las críticas vertidas en los últimos días por distintos colectivos contra la prueba piloto de traslado de residuos a Mallorca. En un comunicado con seis puntos de aclaración, la institución defiende la legalidad y el diseño técnico de la operación y sostiene que su afectación sobre el tráfico y el bienestar de los barrios de Palma será «probablemente nula».
La respuesta llega después de que el GOB y varias asociaciones vecinales exigieran frenar el traslado, y aterriza justo cuando el primer envío se da por inminente, a la espera de la firma del convenio entre los consells de Ibiza y Mallorca.
Siete camiones, cinco días por semana y en horario nocturno
El dato operativo más concreto que ofrece el Consell tiene que ver con el impacto en Mallorca. Según la institución, la prueba piloto consistirá en el traslado de un máximo de siete camiones tipo tablero, cinco días por semana, que realizarán su recorrido terrestre por la isla vecina en horario nocturno. Por ese motivo, sostiene el Consell, la afectación al tráfico, los ruidos u otras molestias será «probablemente nula».
La institución añade que, al tratarse de una prueba piloto, si se registrara cualquier problema estaría en condiciones de introducir los cambios necesarios en el pliego técnico para adaptar la operación.
El Consell niega el traslado «a granel»
Uno de los puntos en los que la institución se muestra más tajante es en la forma en que viajará el residuo. El Consell de Ibiza niega «taxativamente» que se vayan a trasladar residuos a granel, como habían denunciado algunos colectivos. Frente a ello, asegura que el Área Ambiental de Ca na Putxa cuenta ya con toda la maquinaria necesaria para embalar las balas de residuos con film plástico y aplicar tratamiento contra olores e insectos, un procedimiento que —afirma— no se aplica en ninguna otra isla de Baleares y que está «100% operativo» desde el primer traslado.
Un contrato de tres meses prorrogable hasta dos años
La nota también aclara la estructura del contrato adjudicado a la UTE GIREF, concesionaria del servicio, mediante procedimiento negociado sin publicidad y adjudicado el pasado 22 de mayo. El contrato tiene una duración de tres meses, prorrogables en tramos de tres meses hasta un máximo de dos años.
El Consell justifica ese formato: la duración corta responde, según explica, a la voluntad de poder actuar «con rapidez y flexibilidad» en caso de que sea necesario modificar los pliegos técnicos durante la prueba. El objetivo, insiste, es realizar los ajustes que hagan falta para dar con la forma más eficiente de trasladar los residuos, minimizando las externalidades tanto en Ibiza como en Mallorca. La propia institución había avanzado que el plan piloto se prolongaría alrededor de un año, un plazo pensado para evaluar el funcionamiento del traslado en distintas fases antes de tomar una decisión definitiva sobre el modelo de gestión.
Y es que el envío a Mallorca no se plantea como algo puntual: el presidente del Consell, Vicent Marí, ya asumió que Ibiza enviará su basura a Son Reus durante al menos diez años, ante la complejidad y los plazos de cualquier infraestructura alternativa en la isla, como una incineradora propia. La prueba piloto es, en ese marco, el primer paso de una solución llamada a durar más de una década.
La respuesta sobre el reciclaje
La institución dedica otro de sus puntos a rebatir la afirmación de que Ibiza sea la isla donde menos se separan los residuos en Baleares, algo que califica de falso. Según los datos del Govern balear que cita el Consell, en 2024 Ibiza superó a Mallorca en índice de recogida selectiva. Además, recuerda que Ibiza es, junto a Menorca, una de las dos islas donde se realiza un triaje de la fracción resto, lo que permite recuperar más material para reciclar.
El marco legal
El Consell enmarca toda la operación en la modificación de la Ley 8/2019 de residuos que introdujo el Decreto ley 8/2025, de 5 de diciembre. Esa norma añadió una disposición adicional que obliga a la concesionaria a ejecutar una prueba piloto del traslado, previa autorización del Consell de Mallorca, antes de la puesta en marcha definitiva del sistema.
Las aclaraciones del Consell contrastan con la posición de los colectivos que reclaman paralizar la operación. GOB y varias asociaciones de vecinos han venido advirtiendo del impacto ambiental de incinerar en Son Reus la basura de otra isla y han exigido acceso a la documentación completa del acuerdo, en una controversia que se ha intensificado a medida que el primer envío se acerca.
