El GOB y la Asociación de Vecinos de Son Sardina han reclamado este martes al Consell de Mallorca que suspenda el plan piloto para el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca hasta que se publique «información pública completa» sobre el proyecto. Ambas entidades exigen además una evaluación de impacto ambiental y sanitario y la apertura de un proceso de participación ciudadana con los barrios y municipios afectados.
Piden destinar 50 millones a otra cosa
Las entidades reclaman que los 50 millones de euros previstos por el Govern para esta operación se destinen a implantar sistemas de recogida selectiva puerta a puerta en Ibiza y Formentera, en lugar de financiar el transporte de los desechos. También piden crear una comisión de seguimiento integrada por colectivos ecologistas, vecinales y representantes de Son Sardina para supervisar el proyecto.
A juicio de las dos organizaciones, la prioridad debería ser elaborar un plan director de prevención y gestión de residuos en Ibiza que apueste por la prevención, la reutilización y el reciclaje, de modo que el envío de basura a Mallorca no acabe convertido en una solución permanente.
Recurso admitido a trámite
GOB y Son Sardina recordaron que el pasado 11 de junio interpusieron un recurso contencioso-administrativo contra la adjudicación del contrato, al considerar que se tramitó mediante un procedimiento negociado sin publicidad. El recurso fue admitido a trámite el 16 de junio por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Palma.
Las entidades, según ha explicado la portavoz vecinal Agustina Fernández, se reservan la posibilidad de emprender nuevas acciones judiciales contra cualquier decisión administrativa que, a su entender, vulnere los principios de proximidad, autosuficiencia y jerarquía en la gestión de residuos.
Cuestionan que sea una prueba piloto
Durante la rueda de prensa, los portavoces pusieron en duda que el proyecto pueda calificarse de «prueba piloto». A su juicio, tanto el presupuesto como las condiciones del contrato apuntan a una solución con vocación de continuidad. Sostienen que el objetivo real es trasladar a Mallorca la práctica totalidad de la fracción resto generada en Ibiza.
Las dos organizaciones consideran que la urgencia alegada para arrancar el proyecto no está justificada, ya que el vertedero de Ca na Putxa todavía dispone, según señalan, de capacidad suficiente mientras se desarrollan alternativas para mejorar la gestión de los desechos en la isla.
Alertan del impacto en Mallorca
Las entidades también advirtieron de las consecuencias que, en su opinión, tendría la importación de basura para Mallorca. Entre ellas, el riesgo de que el transporte a granel incremente la posibilidad de accidentes, vertidos, malos olores y molestias para la población.
Asimismo, alertaron de que la incineración de los residuos procedentes de Ibiza podría aumentar la generación de escorias y cenizas, reducir la vida útil del depósito destinado a esos materiales en Mallorca y comprometer parte de la capacidad de reserva de la planta de Son Reus durante los periodos de mantenimiento de las líneas de incineración.
Una veintena de entidades suman apoyos
Ambas organizaciones anunciaron que impulsarán nuevas acciones informativas y de movilización ciudadana para intentar frenar el proyecto, y subrayaron que su campaña cuenta ya con el respaldo de una veintena de colectivos, principalmente ecologistas y vecinales.
El representante de la Asociación de Vecinos de Sa Garriga, Joan Mateos, aseguró que con estas reclamaciones no se busca perjudicar a Ibiza, sino garantizar que la isla cuente con un plan de gestión de residuos propio «en vez de priorizar el transporte a granel». El pulso por el traslado de residuos entre Ibiza y Mallorca, lejos de cerrarse, suma ahora un frente vecinal, ecologista y judicial que se anticipa largo.
