La norma con la que el Ejecutivo de Marga Prohens cerró en febrero, a contrarreloj, el primer marco reglamentario integral del taxi y las VTC en las Illes Balears se ha convertido en apenas cinco meses en una de las normas de la actual legislatura balear que más frentes judiciales ha acumulado en tan poco tiempo.
Con el recurso interpuesto este jueves por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJB) tiene ya sobre la mesa al menos seis procedimientos contencioso-administrativos dirigidos contra artículos del Decreto 6/2026. Los recursos llegan, además, desde bandos claramente enfrentados: las dos grandes plataformas del ride-hailing, un consorcio de operadores VTC arraigados en las islas, un grupo de traslados turísticos tradicionales, una asociación del taxi de Mallorca y ahora el propio regulador estatal de la competencia. Norma sin amigos, como se dijo en su día en este medio.
Uber, la que abrió la puerta
El primero en llevar el decreto al TSJB fue Uber, a finales de abril. La multinacional presentó su recurso apenas dos meses después de la entrada en vigor del texto y su movimiento fue el pistoletazo de salida esperado por buena parte del sector VTC, tras las críticas vertidas en los meses previos por la patronal estatal Unauto-VTC. La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad confirmó en su día tener constancia de la interposición del recurso y quedar a la espera de conocer «con más detalle» los argumentos jurídicos concretos sobre los que se articularía el ataque de la compañía.
Cabify entra con la artillería pesada
El desembarco más resonante llegó tres semanas después con Cabify, la otra gran plataforma del sector. La multinacional presentó su recurso junto a otras cinco sociedades, entre ellas Prestige and Limousine S.L., la misma con la que en 2023 tumbó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea las restricciones VTC del Área Metropolitana de Barcelona (asunto C-50/21). El procedimiento (PO 261/2026) se articuló a través de un consorcio en el que aparecen sociedades con nombre insular arraigado, como Auto Andalucía Ibiza 2017 SLU y Cars Mallorca and Drivers 2017 S.L. La sola presencia de Prestige and Limousine anticipa el terreno: la doctrina europea sobre restricciones a la libertad de establecimiento, la misma sobre la que también se apoya ahora la CNMC.
El sector tradicional de transfers
En el mismo BOIB del 19 de mayo apareció un tercer recurso menos ruidoso pero también sintomático: el procedimiento ordinario 262/2026, promovido por Gabriel Nicolau Nicolau, Transfers Mallorca Pellicer S.L. y Transfers North Mallorca. No son plataformas tecnológicas, sino operadores tradicionales de traslados turísticos, un sector que en Ibiza y Mallorca funciona como pieza esencial del engranaje de la temporada. Su presencia en el bloque de recurrentes indica que el malestar contra el decreto excede el ecosistema Uber/Cabify y alcanza también al transporte de viajeros discrecional vinculado a la actividad turística.
El taxi también ataca por otro flanco
El cuarto frente no viene del lado de las VTC, sino del propio taxi. La Associació Radio Taxi Ciutat, una de las más representativas del sector en Mallorca, impugnó el Decreto 6/2026 en un recurso publicado en el BOIB del 7 de mayo y registrado como procedimiento ordinario 221/2026. Su ataque no cuestiona las restricciones a las VTC, sino, según las fuentes del sector, la obligatoriedad de utilizar el aplicativo público TaxistesIB mientras no se haya transferido a los consells insulares la competencia sobre transportes.
En paralelo, y sin cruzarse con Radio Taxi Ciutat pero desde el mismo bando, la Agrupación de Autotaxis de Baleares —con presencia en Ibiza— llevó al TSJB específicamente el artículo 12 del decreto, el que obliga a transmitir la licencia al jubilarse. La agrupación agotó primero la vía del diálogo con la Conselleria y, ante lo que interpretó como una negativa a introducir cambios, optó por la judicial.
La CNMC completa el cuadro
El sexto frente lo ha abierto este jueves la CNMC, con un recurso (PO 435/2026) que se dirige contra media docena de artículos concretos: la antigüedad máxima de dos años (arts. 11.1.f y 49.f), la longitud mínima de los vehículos (19.2.b y 54.3.b), el techo de tres solicitudes de autorizaciones VTC por titular en cada convocatoria (47.2), la prohibición de la contratación por plaza con pago individual (59) y dos aspectos del artículo 61 —la obligación de publicar tarifas VTC en la web y el tope del 75 % en los precios dinámicos—. El organismo entiende que se trata de medidas «innecesarias, desproporcionadas y discriminatorias» que reducen la competencia.
Litigios paralelos en Ibiza que marcan el terreno
Fuera del listado de recursos directamente contra el decreto, hay otros dos frentes ibicencos que interactúan con el escenario y conviene tener en el radar. El primero es la sentencia 294/2026 del propio TSJB, dictada el 20 de mayo: la Sala anuló la denegación de quince autorizaciones VTC presentadas en 2018 y obligó al Consell d’Eivissa a valorarlas de nuevo sin aplicar la proporción del 6,74 VT por VTC del Decreto 43/2014. El fallo se apoya en la misma doctrina europea (C-50/21) sobre la que Cabify va a apoyar su recurso contra el Decreto 6/2026 y estrecha el margen del Consell para contener el bloque de expedientes previos a la moratoria.
El segundo es el procedimiento ordinario 284/2026, en el que la empresa madrileña Alamedo Fleets SL recurre ante el TSJB una denegación parcial del Consell sobre cuatro autorizaciones VTC domiciliadas en Ibiza y solicitadas en junio de 2023. Es otro pleito que no ataca el decreto en sí, pero que forma parte del bloque de expedientes previos a 2024 que las instituciones tratan de contener en los tribunales.
Un mapa que puede ser más grande
Los seis recursos identificados son los que constan publicados en el BOIB o los que este medio ha podido verificar por otras vías. Nada impide, en cualquier caso, que existan otros procedimientos ya en tramitación que aún no hayan sido anunciados en el boletín oficial o que no hayan trascendido públicamente. La distinción entre interposición del recurso —el paso que abre el procedimiento— y formalización de la demanda —el momento en el que se despliegan los argumentos jurídicos de fondo— hace además previsible que en los próximos meses lleguen al TSJB los verdaderos motivos de impugnación de cada uno de los recurrentes.
La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha admitido reiteradamente que la avalancha de recursos «entraba dentro de lo previsible» y ha subrayado que el decreto se elaboró teniendo en cuenta los numerosos pronunciamientos judiciales previos sobre normativas autonómicas y estatales. Los servicios jurídicos del Govern serán los encargados de defender la norma cuando el TSJB emplace formalmente al Ejecutivo en cada uno de los procedimientos.
En paralelo, la ley de proyectos estratégicos aprobada a finales de mayo por el Parlament —con las enmiendas pactadas por PP y PSIB para reforzar el cerco a las plataformas VTC— añade una capa normativa adicional que, en la práctica, puede acabar condicionando parte del terreno sobre el que se libren esas mismas batallas judiciales.
