El pleno del Congreso de los Diputados convalidó este jueves el Real Decreto-Ley 19/2026, de 29 de junio, que obliga al Gobierno a revisar en un plazo máximo de seis meses las cuantías de la indemnización por residencia del personal público estatal destinado en las Islas Baleares.
El objetivo es adaptar esas cuantías al actual coste de la vida en el archipiélago y facilitar la cobertura de plazas en los servicios públicos. La medida fue aprobada con los votos de todos los grupos excepto Vox y la abstención de Junts y el PP.
La norma establece que la revisión se realizará previa negociación colectiva con los representantes de los trabajadores, y recoge expresamente que la actualización no podrá suponer una reducción de las cantidades que perciben actualmente los empleados públicos por este concepto.
La insularidad y el coste de la vivienda, detrás de la medida
El Gobierno justifica la medida por el desajuste existente entre el coste efectivo de residir en Baleares y la compensación económica vigente, una situación que, según el propio decreto, dificulta atraer y retener personal en la Administración General del Estado y compromete la prestación de servicios públicos esenciales en el archipiélago.
El texto señala que la insularidad, el elevado coste de la vivienda y de los bienes y servicios, y las dificultades de movilidad afectan a la capacidad de las administraciones para cubrir y estabilizar determinadas plazas, especialmente en sectores con alta rotación o que requieren una cualificación específica.
Durante el debate, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defendió la actualización como una medida «urgente» para evitar que la Administración siga perdiendo capacidad para cubrir plazas en Baleares.
El PP cargó contra el uso del decreto-ley para regular cuestiones de función pública y reclamó una reforma integral negociada del sistema.
