Los incendios forestales que permanecen activos en Ávila, Madrid, Toledo y Castellón han provocado la mayor evacuación de población registrada en España en lo que va de siglo. Un total de 73.152 personas continúan desalojadas de sus viviendas, mientras otras 97.797 permanecen confinadas, una situación sin precedentes recientes que ha obligado al Gobierno a asumir el mando de la emergencia tras declarar el nivel de emergencia nacional.
La magnitud de los incendios no solo se mide por las 85.500 hectáreas calcinadas, sino también por el impacto sobre miles de vecinos que llevan más de cuatro días fuera de sus hogares, sin saber cuándo podrán regresar ni cuál es el estado de sus viviendas. La emergencia afecta a decenas de municipios y coincide con la previsión de una nueva ola de calor que podría complicar aún más la evolución de los fuegos.
Un éxodo sin precedentes por los incendios forestales
La dimensión de la emergencia quedó reflejada desde el pasado sábado, cuando miles de vecinos recibieron en sus teléfonos móviles la orden de abandonar sus localidades. Según recogió EL MUNDO, una vecina de La Adrada (Ávila) recuerda cómo se desarrolló la evacuación. «A las 12 de la mañana aproximadamente fue cuando sonó la alarma en todos los móviles de desalojo. Y eso sí que fue una locura», explica.
La evacuación se organizó de forma inmediata para garantizar la salida de toda la población. «Se llamó a varios autobuses para poder desalojar a la gente dependiente, a la gente mayor. Se fue tocando casa por casa para que no quedase nadie dentro», relata. Su testimonio resume una situación que ya afecta a 73.152 personas, desplazadas por los incendios que permanecen activos en cuatro provincias.
Más evacuados que en las grandes emergencias recientes
Las cifras convierten esta emergencia en un episodio excepcional. El número de personas desalojadas equivale aproximadamente a vaciar ciudades como Palencia o Ciudad Real, e incluso supera la población de ambas al sumar algunos vecinos más. También supone evacuar dos veces la ciudad de Teruel.
La diferencia respecto a otros episodios recientes es notable. Según el Informe Anual de Seguridad Nacional, durante todo el año pasado fueron evacuadas 42.913 personas por incendios forestales. En 2024, esa cifra fue de 6.827 personas. Ahora permanecen desalojados 73.152 vecinos al mismo tiempo, una cifra nunca registrada en este siglo.
El artículo también compara esta emergencia con otras grandes catástrofes ocurridas en España. Tras el terremoto de Lorca, unas 30.000 personas pasaron la noche fuera de sus casas, aunque solo 10.000 fueron evacuadas de forma obligatoria. La erupción del volcán de La Palma obligó a abandonar sus hogares a 7.800 personas.
Por su parte, la DANA que afectó al sur de Valencia en 2024 destruyó centenares de viviendas, pero no provocó un volumen similar de evacuaciones. Solo la pantanada de Tous, ocurrida en Valencia en 1982, pudo haber superado las 100.000 personas evacuadas, aunque el propio artículo señala que las cifras de aquella época son confusas.
Cuatro provincias concentran la emergencia
Las personas evacuadas pertenecen a medio centenar de municipios repartidos entre cuatro provincias. En Madrid permanecen desalojadas 31.865 personas. En Ávila, otras 25.087. A ellas se suman 6.200 vecinos en Toledo y 10.000 en Castellón.
Además de las evacuaciones, continúan confinadas 19.062 personas en Madrid, 8.735 en Ávila y 70.000 en Castellón, lo que eleva hasta 97.797 el número de ciudadanos que siguen bajo restricciones de movilidad. En total, 170.949 personas permanecen afectadas por los tres grandes incendios actualmente activos.
La emergencia se concentra en tres grandes focos. El primero comenzó en Burgohondo (Ávila) el pasado miércoles. El segundo afecta desde el jueves a la Sierra Oeste de Madrid y está formado por la confluencia de tres focos con origen en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Almorox (Toledo). El tercero se inició el sábado en la Vall d’Uixó (Castellón). La elevada afectación sobre la población responde a que estos incendios se desarrollan en zonas con numerosas localidades de más de mil habitantes, alejándose del patrón habitual de fuegos en áreas menos pobladas.
La coordinación del dispositivo corresponde al Ministerio del Interior, que asumió el mando de la emergencia durante la noche del jueves tras decretar el nivel de emergencia nacional. Se trata de una medida excepcional. Según la información disponible, solo se había activado anteriormente durante unas horas con motivo del apagón registrado en abril de 2025. Mientras continúan las labores de extinción, miles de vecinos permanecen alojados fuera de sus municipios, en muchos casos trasladándose entre distintos albergues improvisados sin conocer cuándo podrán regresar a sus viviendas.
La incertidumbre se suma al desgaste de los desalojados
La prolongación de las evacuaciones está aumentando el cansancio entre los afectados. A la incertidumbre sobre el estado de sus viviendas se suma la imposibilidad de regresar para colaborar en las tareas de protección de sus municipios.
Una vecina de La Adrada explica que numerosos habitantes del Valle del Tiétar intentaron volver para incorporarse a los grupos de voluntarios, pero no pudieron acceder. «La Guardia Civil está en cada punto de salidas y entradas a los pueblos y no dejan entrar a nadie», señala.
Hasta el domingo por la noche, esta vecina formó parte de los voluntarios que permanecieron en el municipio. «Unas 150 personas», recuerda, participaron en las labores para «hacer cortafuegos alrededor de las urbanizaciones para que no entrara en el casco urbano».
Sobre quienes continúan trabajando sobre el terreno, resume la situación con una frase: «Están agotados». Otros vecinos también reclaman que puedan producirse relevos. «Tienen que hacer relevos. Que esta gente descanse, porque sigue habiendo focos», explican. Mientras tanto, la Diputación y los ayuntamientos coordinan el suministro de material para los voluntarios que permanecen colaborando junto a los servicios de emergencias.
La Guardia Civil reconoce las limitaciones del dispositivo
Mandos de la Guardia Civil admiten que una de las principales dificultades de esta emergencia ha sido atender a las personas que decidieron permanecer en sus viviendas pese a las órdenes de evacuación. Según explican, con los recursos disponibles la prioridad pasa «inevitablemente» por garantizar la seguridad de quienes sí abandonaron las zonas afectadas y concentrar los efectivos en las labores de evacuación, rescate y protección de la población.
Al mismo tiempo, sostienen que esta crisis ha vuelto a evidenciar la falta de agentes destinados al medio rural. «No llegamos a todo», resumen los mandos consultados, que consideran que una emergencia de estas dimensiones ha puesto de manifiesto las limitaciones de las plantillas actuales para cubrir todas las necesidades simultáneamente.
Más de 85.000 hectáreas ya han sido calcinadas
Según los últimos datos correspondientes al domingo, los incendios han arrasado alrededor de 85.500 hectáreas. De ellas, 50.000 corresponden a Ávila, donde el incendio originado en Burgohondo ya está considerado el mayor de la historia de la provincia. En Madrid se contabilizan 25.000 hectáreas calcinadas, frente a las 2.000 registradas en Toledo y las 8.500 de Castellón.
Durante la última jornada, la principal preocupación se centró en la evolución de tres frentes: Mijares, Casillas y el norte del pantano de San Juan. Mientras los dos primeros registraron una mejoría, el tercero seguía preocupando «mucho», según manifestó el ministro del Interior.
A esta situación se suma la previsión de una nueva ola de calor que comenzará el miércoles y se prolongará hasta el domingo. Fernando Grande-Marlaska advirtió de que ese episodio «es determinante, un elemento a valorar sustancialmente en estas circunstancias», antes de concluir con un llamamiento: «Llamamos a la responsabilidad del conjunto de la ciudadanía».
