El despacho del exjuez Baltasar Garzón, ILOCAD, asumirá la defensa del multimillonario estadounidense James «Fergie» Cox Chambers Jr. en el procedimiento de extradición abierto en la Audiencia Nacional. El activista y filántropo, detenido el pasado 10 de julio en Ibiza a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se encuentra ya en un centro penitenciario de Madrid a la espera de que la justicia española decida si accede a su entrega, según ha informado el propio bufete en un comunicado.
Garzón lidera la estrategia legal
En la nota difundida por el despacho, ILOCAD asegura que va a «liderar la estrategia legal de Fergie Chambers para probar ante los tribunales españoles que las actividades por las que se le cuestiona únicamente están vinculadas a fines humanitarios», y anuncia que exigirá «el total cumplimiento de sus derechos fundamentales». El mismo bufete asumió en su día la defensa del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en otro procedimiento de extradición de gran repercusión internacional.
La defensa sostiene que las autoridades estadounidenses atribuyen a Chambers presuntos delitos de financiación del terrorismo y blanqueo de capitales, en una causa que continúa bajo secreto. Su cliente, subrayan, rechaza las acusaciones y defenderá ante la justicia española que las actividades investigadas no tienen contenido penal y se enmarcan «exclusivamente» en su labor filantrópica.
Trasladado ya a una cárcel de Madrid
Tras su arresto en una calle de Ibiza, cuando circulaba en coche con su familia, Chambers fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular, Antonio Piña, se encontraba entonces en funciones de guardia. El detenido declaró por videoconferencia y el juez, a petición de la Fiscalía, decretó su ingreso en prisión provisional.
El multimillonario cumple ahora esa medida en un centro penitenciario de Madrid, y no ya en la cárcel de Ibiza, donde permaneció los primeros días. El cambio despeja el interrogante sobre la logística del caso: todos los trámites judiciales se van a sustanciar en la capital, cerca del tribunal que ha de resolver la extradición.
Hamás y una causa bajo secreto
Estados Unidos reclama a Chambers por su presunta implicación en la financiación de Hamás, calificado como grupo terrorista por Washington. El comunicado del despacho apunta a acusaciones ligadas a financiación del terrorismo y blanqueo, sin que trascienda por ahora el detalle íntegro del pliego de cargos, dado que la causa permanece bajo secreto.
La defensa insiste en que la actividad del empresario se ha centrado en proyectos de solidaridad internacional, entre ellos iniciativas de ayuda civil en Gaza. Ese es el terreno en el que ILOCAD tratará de tumbar la petición de entrega: demostrar que las transferencias que sustentan la acusación estadounidense responden a donaciones humanitarias y no a la financiación de un grupo armado.
La familia habla de «persecución política»
El entorno del multimillonario ya había denunciado tras la detención que la reclamación responde a una «persecución política» de la administración de Donald Trump por el apoyo del filántropo a la causa palestina. Sus allegados sostienen que el caso se enmarca en una estrategia de represión contra el movimiento internacional de solidaridad con Palestina y advierten de que Chambers afronta varios cargos federales con una pena potencial de hasta 30 años de prisión.
El cargo más grave, según su familia, se refiere a una supuesta financiación de la resistencia palestina, una acusación que califican de «fabricada» y que, aseguran, se apoya únicamente en transferencias realizadas por Chambers desde Estados Unidos a Túnez, país en el que residía y donde desarrollaba actividades empresariales y de patrocinio deportivo.
La última palabra la tiene el Gobierno
El procedimiento de extradición se desarrollará íntegramente en la Audiencia Nacional. Si el tribunal declara procedente la entrega, la decisión final sobre su ejecución corresponderá al Gobierno de España, según recuerda el propio despacho de Garzón en su comunicado. Es la fórmula habitual en las extradiciones pasivas, en las que el Ejecutivo puede aceptar o denegar la entrega incluso después de un aval judicial.
Un heredero convertido en activista
Chambers, miembro de una de las familias más ricas de Estados Unidos, es heredero del conglomerado Cox Enterprises, con intereses en automoción, medios de comunicación e inversiones. En 2023 vendió su participación —valorada en al menos 250 millones de dólares— y desde entonces ha destinado buena parte de su patrimonio a proyectos de activismo social y solidaridad internacional, con foco especial en la causa palestina.
El fichaje del despacho de Baltasar Garzón introduce ahora un nuevo capítulo en el caso. La defensa del exjuez, con experiencia acreditada en pleitos de extradición mediáticos, tratará de convertir la vista en la Audiencia Nacional en un debate no solo jurídico, sino también político, sobre la frontera entre el activismo humanitario y la financiación del terrorismo.
