Todo el encaje legal de la futura macrodiscoteca del Hotel Ibiza Corso depende de una afirmación que se repite en los papeles del proyecto: que allí ya existía una sala de fiestas con licencia, y que la reforma se limita a ampliarla. Si esa premisa fuera cierta, el proyecto sortearía el principal obstáculo que tiene enfrente. El problema es que la premisa no se sostiene, y puede comprobarse con los propios documentos del expediente.
El obstáculo que hay que esquivar
El Plan General de Ordenación Urbana de Eivissa, en vigor desde 2023, prohíbe la instalación de nuevas discotecas, salas de fiesta y similares en todo el término municipal. No es una prohibición ambigua ni aislada: el planeamiento la recoge por duplicado, en dos artículos distintos, lo que refuerza la voluntad del Ayuntamiento de cerrar el municipio a este tipo de locales.
Con esa prohibición sobre la mesa, autorizar una macrodiscoteca nueva es, sencillamente, imposible. Salvo que se sostenga que no es nueva. Y eso es exactamente lo que hace el proyecto: no pide abrir una macrodiscoteca, sino «ampliar» una sala de fiestas que —afirma— ya existía y estaba amparada por una licencia de actividad en vigor.
La licencia que se cita no es lo que dice ser
El expediente municipal atribuye a la sala de fiestas del Corso un antecedente concreto: el llamado APER 128/2002, presentado como la licencia que autorizó originalmente la actividad recreativa. Consultado el archivo municipal, ese expediente no tiene nada que ver con una sala de fiestas: es una simple comunicación de cambio de titularidad de la licencia hotelera a favor de la empresa Green Service S.L. Y la variante del número que aparece en el informe municipal más reciente —APER 128/2022— corresponde, según la verificación registral que consta en el escrito presentado por los vecinos ante el Ayuntamiento, a la licencia de una tienda de ropa en la avenida Bartolomé Rosselló, sin ninguna relación con el hotel.
La propia Resolución de Alcaldía núm. 5252, de 7 de julio de 2026, reconoce que el expediente APER 128/2002 —invocado en la documentación técnica como la licencia preexistente de la sala de fiestas— «no se corresponde con licencia recreativa alguna […] sino con un simple cambio de titularidad de la licencia hotelera núm. 320/1986». Es el propio Ayuntamiento, en un acto administrativo firme, admitiendo que el papel en el que se apoyaba la existencia de la sala de fiestas nunca dijo lo que durante una década se sostuvo que decía.
La única licencia real de actividad recreativa en todo el expediente es la de 1996: una sala de baile de 488 metros cuadrados y aforo máximo de 365 personas. Ni siquiera esa licencia ampara lo que ahora se pretende: autorizaba bailar, no montar un espectáculo de cena-cabaret para cientos de personas. Difícilmente puede «ampliarse» hasta una sala de casi 2.500 metros algo que nunca estuvo autorizado en esos términos.
El permiso que nunca llegó a existir
Pero hay un segundo dato, más grave que la confusión del APER, que no había salido a la luz hasta ahora. La cifra que el proyecto usa como punto de partida —1.167,34 metros cuadrados de sala de fiestas «legalmente implantada»— no viene de la licencia de 1996, sino de un expediente distinto: el 12315/2016, abierto para legalizar a posteriori una reforma que ya se había ejecutado sin permiso en las plantas -1 y -2.
Ese expediente nunca se resolvió. El 17 de octubre de 2016, los servicios técnicos municipales requirieron al promotor que subsanara tres deficiencias esenciales en un plazo de diez días: faltaba el proyecto firmado por el técnico redactor, faltaba el informe favorable de Costas —que ya constaba como desfavorable— y faltaba la autorización de Ports de Balears por la afección a la zona portuaria. El promotor no respondió. Por el simple paso del tiempo, y conforme a la ley, la solicitud quedó archivada por desistimiento tácito.
Es decir: el permiso que legalizaría la sala de 1.167 metros —la cifra que hoy sirve de base para ampliar hasta 2.484— no es que esté mal citado, como el APER. Es que no existe como acto administrativo. Nunca se concedió.
Con ese vacío, el local siguió funcionando de todos modos. Entre 2016 y 2024 operó comercialmente como restaurante-espectáculo bajo el nombre «STK», sin que ninguna licencia amparase esa actividad: ni la de 1996 —que autorizaba otra cosa— ni la de 2016 —que nunca se otorgó—. Ocho años de funcionamiento sin título habilitante, hasta que la actividad cesó en 2024.
El propio Ayuntamiento lo admite
Lo llamativo es que el propio informe técnico municipal de febrero de 2026 —el que sirve de base al Decreto que ahora se recurre por parte de los vecinos de s’Illa Plana— reconoce, en sus propios términos, que hay actuaciones «ejecutadas sin título habilitante» que el nuevo proyecto pretende regularizar. Es la Administración admitiendo, en su propio expediente, exactamente lo que este reportaje describe: que no hay permiso previo válido sobre el que construir la ampliación.
Un dato falso copiado durante diez años
La referencia al inexistente APER como «licencia de sala de fiestas» no aparece una sola vez: se repite en cascada a lo largo de una década. Figura en el informe técnico municipal de octubre de 2016, en el certificado con el que la Comissió d’Ordenació Turística del Consell de Ibiza dio su visto bueno turístico en octubre de 2025, y finalmente en el informe municipal de febrero de 2026 que sirvió de base a la licencia hoy recurrida.
Cada eslabón dio por cierto lo que decía el anterior. Nadie, en diez años, contrastó un dato que puede verificarse en los archivos municipales en cuestión de minutos.
El salto de metros que cuelga del mismo hilo
La consecuencia práctica de dar por buena esa cadena de datos es un salto de superficie considerable. El proyecto declara una sala de fiestas «preexistente» de 1.167 metros cuadrados y, a partir de ahí, la amplía hasta 2.484 metros: prácticamente el máximo de 2.500 que el planeamiento admite para este tipo de usos.
Esa cifra de partida tampoco encaja con los registros disponibles. En el Registro Insular de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos del Consell, la sala del Corso figura inscrita —bajo el nombre «Sala Corso», con número OE0074E— con 174 plazas, una capacidad que, aplicando los ratios técnicos habituales para pistas de baile, equivaldría a apenas 87 metros cuadrados. De los 488 metros de la sala de 1996, o de las 174 plazas inscritas en Turismo, a los 2.484 proyectados no hay una ampliación: hay, materialmente, una instalación nueva de las que el planeamiento prohíbe.
Qué viene después
Cuando esta cadena de permisos inexistentes y datos copiados se tambalea, el proyecto se apoya en un segundo argumento: que la sala no necesitaría licencia propia por ser un «servicio complementario» del hotel para sus huéspedes. Es una segunda coartada que merece capítulo aparte.
De momento, la licencia de la macrodiscoteca sigue vigente. Los vecinos de s’Illa Plana presentaron un recurso de reposición contra el Decreto que la otorga, y una segunda solicitud pidiendo que el Ayuntamiento declare expresamente la pérdida de eficacia de la licencia de 1996, sobre la que se ha construido —según sostienen— toda la operación. El plazo legal de un mes para resolver el recurso venció a finales de mayo; el de tres meses para la segunda solicitud vence estos días. En ninguno de los dos casos ha habido, hasta ahora, resolución expresa del Ayuntamiento.
